La falta de una licencia ambiental en la operación cuprífera, pone en duda la aprobación del estudio de impacto ambiental en el proyecto minero.
El ministro de Minería y Metalurgia, Alberto Echazú, negó que con la producción de cobre en Corocoro y en Eucaliptus vulnere la ley ambiental, pero ratificó que aún ninguno de estos emprendimientos tiene la licencia ambiental.
“No se vulnera nada, eso es falso. Ha habido una denuncia de derrames en 18 meses, la producción ha empezado hace 20 días, ni un mes y sólo ha habido un derrame por corte eléctrico”, afirmó Echazú al ser consultado acerca de que si estas empresas vulneran normas ambientales.
La Ley de Medio Ambiente, su reglamento y otros decretos supremos conexos establecen con claridad que las operaciones mineras deben contar con licencia ambiental. Sin embargo, la producción cuprífera del yacimiento de Corocoro y de ácido sulfúrico vulneran las normas en vigencia, incluyendo la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Señaló que incluso el proyecto cuprífero de Corocoro podría considerarse un proyecto “medio ambiental” porque se aprovecha los relaves que antes dañaban el medio ambiente, pues tiene un diseño moderno que protege el ecosistema.
“Se ha presentado la documentación al inicio del proceso, se ha procesado en el Ministerio, allí se ha pedido modificaciones, complementaciones y correcciones. La Comibol (Corporación Minera de Bolivia) lo ha hecho y ha ido a la autoridad nacional que es de medio ambiente, la última instancia” dijo la autoridad gubernamental.
En el caso de Eucaliptus aseguró que se presentó el llenado del formulario de registro medio ambiental industrial, porque se trata de una explotación industrial y que el trámite sigue en la Prefectura de ese departamento.
La autoridad aseguró que ambos trámites para obtener la licencia ambiental para la planta de ácido sulfúrico en Eucaliptus y la hidrometalurgia en Corocoro, son procesos que siguen en curso.
DENUNCIAS
La coordinadora de Incidencia Política y Legislativa de LIDEMA, Ivana Lira, manifestó que la falta de una licencia ambiental en la operación cuprífera de Corocoro demuestra que no fue aprobado el estudio de impacto ambiental, que ayuda a prevenir, mitigar y controlar los efectos negativos de las operaciones, producto del manejo de insumos altamente contaminantes, como el ácido sulfúrico y otros químicos.
De acuerdo a la Ley del Medio Ambiente y a la actual Constitución Política del Estado, sostuvo, las comunidades deben ejercer el control social y tienen el derecho a una consulta pública previa e informada; es decir, que el Estado, antes de otorgar una Licencia Ambiental o autorizar una actividad que pueda afectarlos, debería hacer una consulta publica.
Se estima que el uso de ácido sulfúrico en una planta como la de Corocoro, puede alcanzar las 50 toneladas de este reactivo por día. La utilización del cobre, mas allá de la separación, implica un trabajo industrial hacia la electrólisis para obtener los denominados cátodos para la obtención del cobre electrolítico, lo que implica riesgos ambientales mayores en términos industriales.
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