Frente a una creciente producción aurífera, casi todos los sectores extractivos son informales e ilegales, situación que genera la salida vía contrabando de más de 2.000 kilos de oro por año, según el analista Ronald Terceros y fuentes oficiales.
El Gobierno calcula que cerca de 2.000 kilos de oro salen anualmente del país en forma ilegal hacia mercados en Brasil y Perú, según informó el director nacional de Minería, Freddy Beltrán.
El volumen representa por lo menos un 30 ó 40 por ciento de la producción anual de oro del país y aclaró que los pequeños mineros que operan informalmente son quienes exportan el mineral al margen de las normas.
Las cooperativas mineras y minería chica, dijo, son las primeras en comercializar el recurso natural a Perú, Brasil y otros países, con un valor muy económico con relación a los mercados internacionales. “El sistema cooperativo casi no paga impuestos para el beneficio directo de las zonas o para la comunidad”, apuntó.
La formalización de las cooperativas es uno de los temas pendientes que actualmente atiende el Ministerio de Minería, con la presentación del proyecto sobre el pago de la alícuota y principalmente se asegure a la empresa de comercialización.
El Estado no tiene un sistema de control de la cadena de usufructo, a lo largo de todo el ciclo del mineral del oro, desde la explotación minera hasta la venta final al comercializador en la cuidad de El Alto y a otros países.
Se trabaja en la identificación de todos los puntos críticos donde el oro cambia de manos, con el fin de crear un mercado con el control de calidad y garantizar al consumidor la procedencia del oro.
Asimismo, remarcó que la explotación del oro del norte paceño y la Amazonía no se enmarca dentro el Código Minero, ya que el pago de alícuotas no es verificado por un ente fiscalizador del Estado.
El pago de impuesto por la venta de oro en Bolivia hasta hace unos meses era superior (6% a 8%) a las tasas en Brasil y Perú (2%), por lo que para algunos pequeños mineros resultaba más rentable vender el mineral fuera del país y el “contrabando no se podía detener”, explicó Beltrán.
En virtud a la ley aprobada por los el senado, “hoy la regalía que paga el sector cooperativo es de dos por ciento, similar a la que se paga afuera y, por tanto, hemos acordado que el sector cooperativo debe formalizar su actividad”, agregó.
Indicó que también se ha conversado con los balseros y chuadores (individuos que explotan el oro en los ríos y lo venden vía contrabando) que operan en el norte de La Paz y en las regiones amazónicas de Beni (este) y Pando (norte) para que formalicen su actividad. “El Ministerio de Minería ha recibido más de 30 solicitudes de asociaciones de ese sector que quieren legitimar sus operaciones”, dijo.
Pese a las leyes y normativas al momento no existe un sistema de control a las comercializadoras (acopiadoras) ni a los mercados, que permita a los mineros acceder a mayores ingresos, para que sean reinvertidos en sus campamentos y comunidades, como por ejemplo tecnología más limpia, seguridad, salud y otros que mejoren la calidad de vida del sector.
Uno de los espacios para mejorar la calidad de minería fue el primer taller regional sobre “Comercio Justo para el Oro”, al que asistieron técnicos de Cumbre del Sajama, socios y dirigentes de las cooperativas: Cotapata, Jesús del Gran Poder, Veta Dorada, Unión Ideal, Nueva Esperanza y Salvadora Yervani.
El volumen de la producción boliviana de oro ha bajado este año, sin embargo se espera una recuperación en 2010 con el inicio del proyecto minero Amayapampa, administrado por la empresa australiana Republic Gold Limited (RGL).
Esta firma anunció, a principios de mes, una inversión de 59 millones de dólares en la mina situada al suroeste del país, donde las reservas de oro alcanzan a 1,1 millones de onzas, según las exploraciones realizadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario