El control del Estado sobre toda actividad minera y la creación de mecanismos de registro, seguimiento y fiscalización constituirán un cambio esencial en la actual política estatal y se crearán los medios adecuados para el control del cumplimiento de obligaciones de los operadores mineros, particularmente en el fortalecimiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Ése es el principio de la nueva política minera que el Gobierno busca implementar a partir de una nueva Ley de Minería que está en proceso de elaboración a partir del Ministerio del área.
El proyecto prevé una “ruta crítica”, en la que la Comibol tendrá la representación del Estado en la administración de los recursos minerales.
Tres son los pasos principales que realizará el Ministerio de Minería y Metalurgia para tener a punto su versión final y la haga pública.
El primero de ellos es la concertación interna en el sector estatal, con entidades autárquicas, desconcentradas y descentralizadas, en la que se busca tener “una sola voz”.
El segundo paso es la socialización con las entidades “no estatales”, como las cámaras de Minería, el sector de cooperativizados, las federaciones regionales y la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM).
A propósito de éstos últimos, el director de Minería, Freddy Beltrán, informó a La Prensa que ésta Asociación ya hizo llegar su proyecto de ley y que éste será tomado en cuenta a futuro.
Este segundo paso prevé talleres en los que se socializarán los presupuestos del Ministerio de Minería con los directos actores de este proceso.
“En este proceso se busca llegar a acuerdos globales en el que todos los involucrados vean representados sus intereses”, según dijo Beltrán.
El tercer paso incorpora a la “nueva parte de la estructura minera”, como las comunidades originarias, prefecturas y municipios aledaños, a operaciones mineras y que por sí misma está involucrada.
“Estas instancias van a generar insumos que en el proceso sí serán tomados en cuenta”, según el Director de Minería.
Ése es el principio de la nueva política minera que el Gobierno busca implementar a partir de una nueva Ley de Minería que está en proceso de elaboración a partir del Ministerio del área.
El proyecto prevé una “ruta crítica”, en la que la Comibol tendrá la representación del Estado en la administración de los recursos minerales.
Tres son los pasos principales que realizará el Ministerio de Minería y Metalurgia para tener a punto su versión final y la haga pública.
El primero de ellos es la concertación interna en el sector estatal, con entidades autárquicas, desconcentradas y descentralizadas, en la que se busca tener “una sola voz”.
El segundo paso es la socialización con las entidades “no estatales”, como las cámaras de Minería, el sector de cooperativizados, las federaciones regionales y la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM).
A propósito de éstos últimos, el director de Minería, Freddy Beltrán, informó a La Prensa que ésta Asociación ya hizo llegar su proyecto de ley y que éste será tomado en cuenta a futuro.
Este segundo paso prevé talleres en los que se socializarán los presupuestos del Ministerio de Minería con los directos actores de este proceso.
“En este proceso se busca llegar a acuerdos globales en el que todos los involucrados vean representados sus intereses”, según dijo Beltrán.
El tercer paso incorpora a la “nueva parte de la estructura minera”, como las comunidades originarias, prefecturas y municipios aledaños, a operaciones mineras y que por sí misma está involucrada.
“Estas instancias van a generar insumos que en el proceso sí serán tomados en cuenta”, según el Director de Minería.
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