El gerente de la estatal minera Empresa Corocoro, Gustavo Choque, pidió ayer a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que presente una querella criminal en el Ministerio Público contra el dirigente indígena de Pacajes Rafael Quispe Flores —quien denunció que la empresa contamina la región— por atentados.
El líder de las comunidades originarias que circundan el complejo minero, ubicado en la provincia Pacajes, dijo que se defenderá de las acusaciones, pero dejó en claro que todas las acciones contra Corocoro tuvieron el aval de los ayllus del lugar y volvió a decir que la actividad minera de la hidrometalúrgica causa contaminación de los ríos del lugar.
Como desde octubre, Quispe Flores acusó a ese complejo de provocar el desvío de causales de agua dulce, acciones que al parecer privaron del líquido elemento a comunidades originarias en varias oportunidades.
Por su parte, el liliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), al que están afiliados Quispe y sus representados, Sergio Hinojosa, puntualizó que se pide a las autoridades el respeto de las vías legales, en este caso, la consulta para obtener de las comunidades originarias una autorización para las operaciones, tal como manda la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Dijo que el Conamaq no se opone al funcionamiento de Corocoro, pero manifestó que hay preocupación por la posibilidad de que la mina provoque contaminación. Por ese motivo, mañana se efectuará una reunión de emergencia de esa organización para tratar el tema.
Una investigación
El presidente de Comibol, Hugo Miranda, comentó anoche a La Prensa que remitirá el pedido de Choque a la Dirección Jurídica de esa corporación, para que se levante un informe del daño económico probado por Quispe.
Añadió que este proceso se efectuará lo antes posible para presentar la denuncia a la Fiscalía de Distrito de La Paz. Por su parte, Choque aseguró —sin mostrar pruebas— que Quispe es responsable del corte de agua a la hidrometalúrgica, ocurrida el 22 de octubre de 2009; de derribar un poste de energía eléctrica y del robo de 800 metros de cable de la mina Corocoro. Estos dos últimos actos ocurrieron la segunda quincena del mes anterior. El presidente Evo Morales reabrió ese complejo minero el 27 de octubre.
Sin embargo, el dirigente Quispe Flores denunció el mismo día en La Paz que la empresa Corocoro no tenía la ficha ambiental respectiva para iniciar operaciones.
Comibol y el Viceministerio de Minería confirmaron después esta información, pero aseguraron que el 22 de octubre solicitaron a la gerencia de la hidrometalúrgica la complementación de sus informes técnicos para autorizar la otorgación de la ficha ambiental.
La Prensa publicó el 29 de octubre que hace dos meses, la planta de Corocoro entró en fase de producción de láminas de cobre con una pureza del 99,99 por ciento, según explicaron sus técnicos, pero sin tener la licencia ambiental con todos los datos básicos de funcionamiento, como el flujograma o el detalle de insumos de operación.
Los datos
La Planta Hidrometalúrgica de Corocoro funciona desde hace dos meses, aprovecha y procesa desmontes y relaves, producto del tratamiento de los minerales que durante años se acumularon en la superficie de ese yacimiento mineralógico.
El inicio de la reactivación minera de este centro empezó en marzo de 2007 y se emplearon alrededor de 18 millones de dólares para instalar la nueva planta, en su primera fase, ocupa a 160 trabajadores.
Para el suministro de agua se efectuó la refacción y construcción del tanque principal de almacenamiento de agua en el sector de Tancani, de éste se extiende una tubería de 5,5 kilómetros hasta la planta hidrometalúrgica.
La Comibol acumula antecedentes de los daños y perjuicios que ocasionaron las acciones emprendidas por el representante de los comunarios del ayllu de Corocoro, para iniciar una demanda judicial ante el Ministerio Público.
El Sindicato de Trabajadores Mineros de la Empresa Corocoro, en su Asamblea General del viernes 30 de octubre, determinó apoyar las acciones de la Gerencia General en defensa de su fuente de trabajo y de la producción de cobre metálico de cualquier amenaza que se presente, sea institucional o personal.
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