La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) pagó hasta la fecha 1,9 millones de dólares por 16 predios para el proyecto siderúrgico del Mutún que estaban debidamente saneados y con título de propiedad.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, afirmó ayer que “cumplidas todas las etapas del proceso de saneamiento y todos los requisitos legales, hemos entregado todos los títulos ejecutoriales de 16 de los 18 predios que están en esta área de concesión (del Mutún), con lo que todo el proceso de saneamiento está totalmente concluido”.
La declaración despeja las dudas sobre el proceso de compra-venta de los terrenos; ya que, según un diario local, la Comibol habría erogado recursos en favor de falsos propietarios.
Fuentes allegadas a la familia El Hage explicaron a La Prensa que los predios les pertenecen y son los dueños originales, pero tras conocer que había interés de la Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM) aparecieron como dueños los ganaderos.
Mencionaron que el saneamiento fue iniciado por estas personas de manera irregular entre 2006 y 2007 sobre la titulación existente y sin conocimiento de la familia El Hage.
De acuerdo con un medio local, los hechos fueron conocidos por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, el ministro de Minería, Alberto Echazú, y el vicepresidente Álvaro García Linera, en un memorial el 26 de marzo.
Rojas fue detenido durante siete horas el anterior viernes por orden de la Fiscalía, que lo acusó de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, pero luego fue liberado por falta de imputación y descargos.
Explicó que cuando se finaliza un proceso de saneamiento, significa que todos los documentos y trámites fueron valorados, “si fuera el caso, han sido subsanados o rectificados”.
Entonces, como no hubo objeciones sobre las 16 propiedades, el trabajo del INRA concluye con la entrega del título.
Las tierras saneadas son : El Chaparral; Dos Hermanos; Tres Hermanos; Las Mangas; Los Mangales; Naturaleza de Dios; Ojo de Agua; Primavera; San Martín; San Silvestre; Santa Anita; Santa Gloria, de la familia Castedo; Santa Gloria, de la familia Galviz Montaño; Santa Lucía; Santa María y Tokio.
La ministra Nardi Suxo, el anterior lunes en el programa Buenas o Malas, de la red ATB, dijo que no se hizo el proceso de saneamiento y que ésa es una de las observaciones que pesan sobre el ex Presidente de la Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM), aunque aclaró que no tenía toda la documentación.
Rojas aseguró que cualquier persona tenía el derecho de acercarse al INRA a hacer las observaciones desde el inicio del saneamiento, “pero que la familia El Hage sólo lo hizo cuando el trámite concluyó”. El 26 de abril de este año, el presidente Evo Morales entregó 5.537 hectáreas de la propiedad a la empresa india Jindal Steel and Power, adjudicataria del proyecto Mutún para la explotación de hierro.
Estas propiedades fueron compradas a 16 ganaderos, a quienes se pagó cerca de 1,9 millones de dólares de 2,1 destinados por el Gobierno.
Este precio fue observado por el Ministerio de Transparencia y denunciado ante la Fiscalía como supuesto sobreprecio, con base en un informe de la ex Superintendencia Agraria, que establecía 46.000 dólares como precio catastral y por el que fue destituido el ex presidente de la ESM Guillermo Dalence.
Rojas agregó que el INRA no participa en la fijación de precios porque no está entre sus competencias, señaladas en la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
“Este proceso de negociación de estos predios se lo ha hecho a través del procedimiento minero, porque el INRA y la Superintendencia Agraria actúan en el ámbito de sus competencias en el ámbito agrario”.
El director de Proyectos de Minería, Freddy Beltrán, descartó que exista un sobreprecio y afirmó que con la investigación de la Fiscalía se aclaran los hechos.
Tribunal Agrario falla en contra de Ongole S.A
El Tribunal Agrario Nacional falló a favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y rechazó la impugnación interpuesta por la Sociedad Ganadera Ongole S.A. por la reversión de sus propiedades San Antonio y Campiña Grande, ubicadas en la localidad de Puerto Suárez en Santa Cruz.
La entidad había determinado en marzo la reversión de los predios debido a que no cumplían la función económico-social que dispone la Ley de Reconducción Comunitaria y Reforma Agraria, pero la firma afectada presentó una demanda ante el Tribunal.
Sin embargo, debido a que este proceso demoraría y el proyecto siderúrgico debía seguir adelante, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Minas, determinó la expropiación con el respaldo del Código de Minería.
Los dos predios, de 243 hectáreas, son los que faltan para completar los 18 terrenos sobre los que se levantará la infraestructura del Mutún.
Sólo falta esto para que la empresa Jindal entregue su plan de inversiones.
El director del INRA, Juan Carlos Rojas, informó que la resolución final de saneamiento fue notificada a la sociedad Ongole y ahora sólo “estamos esperando que se cumpla el plazo legal (30 días) para que continúe el proceso”. La propiedad de Campiña Grande tiene una extensión de 5.317 hectáreas y la de San Antonio, 4.529 hectáreas, ambas fueron fusionadas a partir del proceso de saneamiento iniciado en febrero de 2008 bajo el único propietario.
A pesar de que se siguió un proceso de saneamiento, el INRA anuló el trámite a través de la resolución administrativa RA-DN-UCSS No.088/2008 de 19 de diciembre de 2008 y determinó la reversión, bajo el argumento de que la Función Económico Social que se usó para certificar la actividad económica fue hecha con ganado de propiedad de Osvaldo Monasterios y no así de la sociedad Ongole.
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