Los avasallamientos aunque disimulados persisten y lamentablemente afectan siempre las concesiones y operaciones mineras. El desborde de los llamados “sectores comunitarios u originarios” causa problemas en el sistema productivo minero, como sucedió recientemente con Inti Raymi, la empresa aurífera que opera desde hace más de veinte años en la provincia Saucarí y muy próxima a la población de La Joya.
Empresarios visionarios como fue Don Mario Mercado comprometieron una serie de beneficios para los comunarios del entorno de la gigante operación minera y cumplieron su objetivo al construir toda una nueva población en la que se acomodaron los vecinos de Chuquiña al estrenarse la ahora conocida como “Villa Chuquiña”. Este hecho social se constituyó en el primero en su género en la región y sirvió para que los vecinos del lugar mejoren sustancialmente sus condiciones de vida al acceder a modernas unidades de vivienda, en un complejo interesante en el que se incluyeron todos los servicios básicos, desde agua potable, luz y además la infraestructura y servicios necesarios de salud, educación, deportes e inclusive de un Centro Comunitario en el que las esposas e hijas de comunarios se adiestraron en las técnicas del manejo y tejido de prendas de vestir y alfombras, cuyo mercado inicialmente fue el país y luego se amplió a la exportación.
En ese tiempo Inti Raymi pagó por sus terrenos a los comunarios, pero además les entregó en propiedad nuevas viviendas, bajo acuerdos que se cumplieron escrupulosamente por parte de la empresa. Hoy uno de los problemas que se maneja como pretexto del disimulado avasallamiento, es lograr un “repago” por lo que ya cobraron años atrás. Se mencionan también el resarcimiento de “daños ambientales” y se demanda una cantidad de fuentes de empleo.
En todo caso, la empresa no ha cerrado la opción de diálogo que por supuesto está vigente, tanto así que esa actitud permitió restablecer negociaciones, las que se desarrollarán con un calendario especial, hasta encontrar soluciones prácticas a una crisis alentada con aviesas intenciones y “manipulada” con marcado interés político, lamentablemente con mayores señales de inseguridad para futuras e importantes inversiones en minería.
Frente a estos hechos que además tienen otros promotores especiales, es urgente que las autoridades de gobierno asuman la responsabilidad de cambiar el peligroso y dañino avasallamiento, con medidas especiales para favorecer a los comunarios y originarios que deberían tener sus propios incentivos para los trabajos que conocen, como la ganadería y la agricultura.
No son incompatibles todas estas actividades si se definen los límites correctos para cada segmento laboral, de manera que minería y agroganadería sigan en un proyecto paralelo que no tenga interferencias. En el caso de Inti Raymi, el tema de la mitigación o remediación ambiental es la prioridad de cumplimiento estricto, como lo aseguran los actuales empresarios de un consorcio boliviano que compró las acciones de la transnacional Newmont. No pueden ni deben admitirse “pretextos” para que sigan los avasallamientos a la propiedad minera.
Empresarios visionarios como fue Don Mario Mercado comprometieron una serie de beneficios para los comunarios del entorno de la gigante operación minera y cumplieron su objetivo al construir toda una nueva población en la que se acomodaron los vecinos de Chuquiña al estrenarse la ahora conocida como “Villa Chuquiña”. Este hecho social se constituyó en el primero en su género en la región y sirvió para que los vecinos del lugar mejoren sustancialmente sus condiciones de vida al acceder a modernas unidades de vivienda, en un complejo interesante en el que se incluyeron todos los servicios básicos, desde agua potable, luz y además la infraestructura y servicios necesarios de salud, educación, deportes e inclusive de un Centro Comunitario en el que las esposas e hijas de comunarios se adiestraron en las técnicas del manejo y tejido de prendas de vestir y alfombras, cuyo mercado inicialmente fue el país y luego se amplió a la exportación.
En ese tiempo Inti Raymi pagó por sus terrenos a los comunarios, pero además les entregó en propiedad nuevas viviendas, bajo acuerdos que se cumplieron escrupulosamente por parte de la empresa. Hoy uno de los problemas que se maneja como pretexto del disimulado avasallamiento, es lograr un “repago” por lo que ya cobraron años atrás. Se mencionan también el resarcimiento de “daños ambientales” y se demanda una cantidad de fuentes de empleo.
En todo caso, la empresa no ha cerrado la opción de diálogo que por supuesto está vigente, tanto así que esa actitud permitió restablecer negociaciones, las que se desarrollarán con un calendario especial, hasta encontrar soluciones prácticas a una crisis alentada con aviesas intenciones y “manipulada” con marcado interés político, lamentablemente con mayores señales de inseguridad para futuras e importantes inversiones en minería.
Frente a estos hechos que además tienen otros promotores especiales, es urgente que las autoridades de gobierno asuman la responsabilidad de cambiar el peligroso y dañino avasallamiento, con medidas especiales para favorecer a los comunarios y originarios que deberían tener sus propios incentivos para los trabajos que conocen, como la ganadería y la agricultura.
No son incompatibles todas estas actividades si se definen los límites correctos para cada segmento laboral, de manera que minería y agroganadería sigan en un proyecto paralelo que no tenga interferencias. En el caso de Inti Raymi, el tema de la mitigación o remediación ambiental es la prioridad de cumplimiento estricto, como lo aseguran los actuales empresarios de un consorcio boliviano que compró las acciones de la transnacional Newmont. No pueden ni deben admitirse “pretextos” para que sigan los avasallamientos a la propiedad minera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario