A los 23 meses de haber sido ocupada la mina Himalaya por comunarios y ex cooperativistas, el Gobierno aún no da una solución definitiva a la toma, mientras que los trabajadores de esa concesión volvieron ayer a movilizarse y crucificarse.
En octubre de 2007, comunarios de la Central Agraria Cayinbana, del cantón Cohoni, provincia Murillo, en La Paz, irrumpieron en instalaciones de la Empresa Minera Himalaya y dejaron sin fuente de empleo a 105 personas. Ahora la mina de tungsteno permanece en manos de un grupo de cooperativistas.
Se trata de una de las 30 concesiones que fueron ocupadas de manera irregular por grupos de campesinos que reclaman su derecho sobre la tierra al amparo de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
La norma en su artículo 30, parágrafo II, inciso 17, establece que las naciones y pueblos indígena originario, campesinos gozan del derecho “a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”.
En marzo de este año, un contingente policial se desplazó a la mina Himalaya, pero fue emboscado, con el saldo de cinco uniformados y un civil heridos.
Desde entonces, el Gobierno sólo ha dejado pasar el tiempo y aún no ha podido viabilizar una solución y hacer respetar la propiedad privada.
La Prensa se comunicó ayer con autoridades del Ministerio de Minería para conocer qué hará el Órgano Ejecutivo para atender el reclamo de los trabajadores de Himalaya, pero sus teléfonos estaban apagados.
Aproximadamente a las 06.30 de ayer, un grupo de 30 mineros intentó ingresar en la plaza Murillo, pero fueron replegados por la Policía, por lo que decidieron realizar una movilización pacífica en inmediaciones de El Prado, frente a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
En el lugar asumieron la extrema medida de crucificarse en los postes de ese paseo con el torso desnudo, cansados, dijeron, de que el Ejecutivo no encare una solución al conflicto.
Vicente Alanoca, dirigente de los trabajadores, anunció que las medidas de presión continuarán porque desde la toma de los comunarios se han quedado sin empleo y han tenido que dedicarse a otras actividades o retornar al campo.
Argumentó que la solución que se propone desde el Órgano Ejecutivo, para trabajar mediante un contrato de riesgo compartido, no es favorable al sector porque deberán dejar de lado un salario y beneficios sociales.
Desde la toma, la Empresa Minera Barrosquiera, dueña de la concesión, perdió más de medio millón de dólares.
La compañía invirtió nueve millones de dólares en la fase de preparación de la operación minera y para la explotación de 300 toneladas de mineral por día proyectaba desembolsar 11 millones de dólares más.
El Defensor del Pueblo hace tres semanas viajó a la zona de la mina para propiciar un entendimiento entre las partes, donde se hizo conocer la propuesta gubernamental de impulsar un contrato de riesgo compartido en el que participen trabajadores y ocupantes. Sin embargo, la iniciativa fue observada por los cooperativistas que permanecen en la mina.
El representante del Defensor del Pueblo Héctor Huanca, quien fue a la región, explicó que tras el encuentro con los comunarios y cooperativistas, éstos justificaron que la explotación de la mina había provocado daños al medio ambiente, a la producción agrícola y a los animales.
Este grupo pretende seguir la explotación en la mina, bajo el argumento de que antes de que el empresario Fernando Kyllman obtuviera la concesión ya desarrollaban operaciones en el yacimiento a través de un contrato de arrendamiento con el Estado, pero fueron desplazados.
El dirigente de la Federación Departamental de Cooperativistas (Fedecomin) Miguel Apaza explicó que sus compañeros de la zona no están de acuerdo con el riesgo compartido porque sólo pretende favorecer a la empresa.
Agregó que la única solución es que la cooperativa del lugar permanezca con el control y vuelva socios a los trabajadores.
Los ministerios de Minería y de Trabajo deben revalidar la oferta de riesgo compartido.
Antecedentes de tomas
El 25 de octubre de 2007, la mina Puerta del Sol fue tomada por campesinos y comunarios de Pucarani de manera violenta. El yacimiento minero contiene estaño, oro y bismuto.
La mina Lipichi, operada hasta 2007 por la empresa Luson-Minera, que extraía oro para la exportación, fue ocupada por comunarios de Coca Millipaya; su recuperación dejó cuatro heridos y un muerto en marzo.
La Empresa Minera Santa María está ubicada en el límite de los departamentos de Oruro y Cochabamba. Fue ocupada por campesinos de la comunidad Huaylluma, de la provincia cochabambina Bolívar.
Las comunidades de Amayapampa, en la provincia Rafael Bustillo, del departamento de Potosí, se oponen al trabajo de la Empresa Minera Nueva Vista, que explota oro en esa región. Los cooperativistas mineros negociaron largamente el alquiler de las vetas con esa empresa privada.
Trabajadores de la Empresa Minera Chacarilla y socios de la Cooperativa Minera Chacarilla mantuvieron en noviembre de 2007 un enfrentamiento con los comunarios de la provincia Gualberto Villarroel, del departamento de La Paz.
El 21 de septiembre de este año, la mina de oro explotada por la Empresa Minera Inti Raymi en el cerro de La Joya fue tomada por comunarios del cantón Chuquiña, de la provincia Saucarí, en Oruro, que exigían compensaciones económicas por el daño ambiental causado en el lugar, y se les pagara nuevamente por las tierras entregadas.
Más datos
Las tomas de minas se hacen al amparo de la nueva Constitución Política del Estado.
El Ejecutivo hasta la fecha sólo habla de hacer respetar la propiedad privada, sin acciones.
El Ministerio de Minería dejó en manos del Gobierno la resolución del conflicto.
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