El Gobierno, por primera vez, pone en vigencia la “licencia social” al obligar a la empresa Himalaya Ltda. a obtener este permiso de los comunarios que avasallaron su concesión, antes de suscribir un contrato de riesgo compartido que le permita reanudar operaciones luego de 23 meses de toma.
Los campesinos de Achojpaya y Villa Cotaña anuncian que no darán su aval a la inversión de la compañía y cederán la mina a los socios de la Cooperativa Cerro Negro, que en la actualidad administran el yacimiento de tungsteno (wólfram) y estaño en las faldas del cerro Illimani.
El presidente del Directorio de Himalaya, Fernando Killman, prefirió no emitir criterio.
En los últimos dos años una treintena de propiedades mineras han sido avasalladas por comunidades campesinas al amparo, según ellos, de la CPE. Esta situación ha generado incertidumbre en empresas privadas, que han postergado inversiones en la exploración de minerales.
La mina Himalaya, otorgada por el Estado en arrendamiento a esta compañía y que se encuentra ubicada en el cantón Cohoni, fue tomada en octubre de 2007 y sus ocupantes echaron a 105 trabajadores, que desde entonces se quedaron sin empleo.
En marzo de este año, un contingente policial se desplazó a la zona para recuperar la propiedad, pero fue emboscado por los avasalladores con el saldo de cinco uniformados y un civil heridos.
La semana pasada, la empresa, las comunidades, la Cooperativa Cerro Negro y el Gobierno emprendieron negociaciones para dar continuidad al proyecto mediante un contrato de riesgo compartido y con el cual Himalaya renuncia al arrendamiento.
El director de Contratos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Jorge Alconcé Vedia, informó que para avanzar en esa propuesta de solución, acordada el viernes 16, la empresa Himalaya Ltda. debe presentar una “licencia social”.
De lo contrario, advirtió, la compañía no podrá suscribir el nuevo contrato que se le ofrece e incluso perderá la concesión obtenida hace 20 años.
Sin embargo, adelantó que no existe plazo perentorio para que la empresa consiga esa “licencia social”, firmada por los comunarios. La Comibol justificó sus decisión al amparo de la Constitución Política del Estado, en cuyo artículo 30, parágrafo II, inciso 17 establece que las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan del derecho “a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros”.
El abogado constitucionalista Íver Pereira señaló que la CPE no establece ninguna obligación para que las empresas soliciten licencia social. “Respecto a los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, la Constitución no reconoce la figura de la licencia social, tampoco la Ley de Medio Ambiente, que lo único que exige es licencia ambiental”
Agregó que varias comunidades entienden este derecho como la oportunidad de hacerse con los yacimientos a pesar de que existan concesiones legalmente concedidas a terceros, lo que ha provocado tomas y enfrentamientos entre comunarios y trabajadores.
Según Pereira, la licencia social es “confundida” con la consulta previa instituida en la nueva Constitución al ser tomada de manera genérica, pero aclaró que no tiene un carácter vinculante.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, justificó las acciones de hecho asumidas por las naciones originarias y de los comunarios porque durante muchos años se obviaron sus derechos.
Sustentó sus observaciones en que el Estado boliviano reconoció en 2007 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destaca los derechos de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
Chávez recordó que en muchas oportunidades se ha dado el caso de que grandes empresas, entre estatales y privadas, no consultaron con las comunidades su instalación en los territorios de éstas, por lo que este derecho ha sido desconocido pese a que está vigente desde el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, esta norma no menciona la licencia social, sólo la consulta previa.
Subrayó que todas las empresas deben someterse a este requisito para realizar labores de exploración o explotación de recursos naturales.
El convenio suscrito entre las comunidades, la Comibol e Himalaya la semana pasada estableció también el compromiso de la empresa de respetar todas las cláusulas ambientales, además de incrementar el número de trabajadores de 45 a 110 en forma inmediata, de sumar otros 25 en seis meses y, cuando su producción se eleve a 300 toneladas de mineral, alcanzar a 213 trabajadores.
La empresa deberá, asimismo, crear una fundación que trate los problemas agrarios de las comunidades, porque muchas de éstas se quejan de daños ambientales por la operación.
El documento, firmado por el presidente de la Comibol, Hugo Miranda; Fernando Killman, por la empresa Himalaya; la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia; la Defensoría del Pueblo; el Sindicato de Trabajadores de Himalaya y las autoridades de las comunidades de Hussi y Choro, debió ser ratificado esta semana, pero surgieron observaciones.
Confusión entre consulta previa y licencia social
El abogado constitucionalista Íver Pereira opinó que el Gobierno confunde la consulta previa con la cesión de la licencia social, y además toda nueva norma debe aplicarse en lo futuro y no de forma retroactiva.
Para el experto, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho de los pueblos indígenas u originarios, en ningún lugar hace mención a una licencia social, que tampoco figura en la Constitución Política del Estado.
“La consulta previa no debe ser tomada como un veto a los emprendimientos privados, sino en la forma como participa la comunidad en los beneficios de la explotación de los recursos naturales”.
“Pero la licencia previa también es desde la aprobación de la ley para adelante, jamás puede ser de carácter retroactivo. Acá hay una actividad minera que debería respetarse y, obviamente, a partir de conceptos mal elaborados por el Ministerio o la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) lo que hacen es confundir a la ciudadanía”.
Agregó que la consulta no significa el derecho a veto al acceso a los recursos naturales, sino a cómo participa la comunidad de los beneficios de los recursos naturales en concordancia con una explotación racional y controlada que no esté en discordancia con el medio ambiente.
Comibol exige auditoría previa
Ante el reclamo de Himalaya Ltda. para la devolución del yacimiento de estaño y wólfram, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) emitió la Resolución de Directorio 4.186, por la que instruye la realización de una auditoría especial que vea los aspectos técnicos, legales y de administración, que verifiquen las inversiones realizadas.
En conferencia de prensa, Jorge Alconcé Vedia, director de Seguimiento de Contratos de Comibol, dijo que están concluyendo los términos de referencia para convocar a una empresa externa para que realice esa auditoría.
Himalaya Ltda. también fue conminada a presentar la licencia social si es que pretende firmar un contrato de riesgo compartido con la Comibol y quiere continuar administrando el yacimiento.
“Comibol le va a exigir la cláusula cuarta para suscribir el contrato e Himalaya debe presentar una licencia social, tal como dicta la nueva Constitución Política del Estado y que debe estar aprobada por todos los comunarios de la zona. Si es que no logra presentar esta licencia social, el contrato no se firma”.
El martes de la semana pasada, quienes ocupan la mina exigieron que el contrato de riesgo compartido no sea suscrito mientras no se realice una auditoría externa para verificar si las inversiones de Fernando Killman alcanzaron los nueve millones de dólares que éste había asegurado.
Las condiciones del Gobierno
La Comibol actúa como intermediaria en la solución de la ocupación de la mina Himalaya.
El viernes pasado se firmó un acta de cinco puntos que debería ser ratificada esta semana.
Han pasado 23 meses desde la ocupación de la mina y aún no existe solución.
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