En el ínterin entre la expectativa del sector minero en general y la demora por parte del Estado para aprobar la nueva Ley Minera, muchas son las opiniones que se registran entre los protagonistas directos de la importante actividad, tal el caso de los empresarios mineros, chicos y medianos o la preocupación de los mineros cooperativistas que igualmente están a la espera de la normativa que regule la actividad de lo que actualmente se considera como el principal sistema productivo del país, la minería.
Uno de los temas que mayormente se comenta está relacionado con la falta de políticas apropiadas pero además oportunas para aprovechar el tiempo de las “vacas gordas” con los precios excepcionalmente buenos en el mercado internacional y la generación de un ahorro que permita enfrentar tiempos de crisis cuando “las vacas flacas” obligan a medidas de austeridad y restricciones
Lo cierto es que no se aprovechó la gestión pasada y en lugar de impulsar de manera abierta a la minería se han mostrado algunas medidas más restrictivas que operativas, por ejemplo no se ha solucionado el caso de avasallamientos y esa situación ha hecho que algunos nuevos emprendimientos queden postergados, dadas las condiciones de incertidumbre, falta de garantías y la adecuada seguridad jurídica que reclaman –con toda razón– los inversionistas
Otro de los grandes problemas de la minería y que proviene del periodo en que se estableció la “nacionalización de las minas” es que los grandes flujos de dinero que produjo la minería, se convirtió en divisas para el Erario Nacional, pero se descuidó sin explicaciones coherentes, la parte importante de lograr utilidades de las inversiones, cubrir obligaciones y reinvertir los saldos en el fomento de la propia minería.
La minería boliviana, especialmente la estatal, adolece de ese problema, las ganancias producidas en las empresas estatales no fueron reinvertidas en las mismas, su destino sirvió para fines políticos, sectarios, partidarios y hasta de orden personal, desvirtuando esa necesidad de reciclar ganancias para seguir produciendo con respaldo del mismo sector.
El esquema de la minería actualmente es posible que cambie en función de las necesidades del tiempo moderno, es decir, grandes emprendimientos, una obligada incorporación de nueva tecnología, planes especiales para cumplir con la Ley del Medio Ambiente, garantía laboral para miles de trabajadores y las seguridades necesarias para respaldar las inversiones, tan requeridas y al mismo tiempo tan aisladas de las seguridades convencionales que se otorgan por ejemplo en los países vecinos para fortalecer las actividades mineras en todos los subsectores que son casi similares a los que rigen en nuestro país.
Los ejemplos que debemos recuperar del desarrollo minero en otras latitudes son la vigencia de normas claras para invertir bajo seguridades plenas y de respeto a la propiedad privada y pública, un sistema de tributación acorde con las necesidades de inversión, proporcionales a la magnitud de cada proyecto y lógicamente la obtención de utilidades para un adecuado pago impositivo que permita reinversiones para el crecimiento del proyecto o para su diversificación en otros del mismo rubro, aunque en diferente área de localización.
El sistema “societario” está de moda en varios países, tanto así que es común saber que, Estado – Gobierno y Empresas privadas o consorcios, pueden ser parte de convenios de “riesgo compartido”, comodatos o de alquiler temporal bajo estrictas reglas de asociación que permitan desarrollar proyectos de diversa magnitud, en función de las expectativas de los mineros “nativos”, regionales o nacionales, privados o estatales.
En este rubro por ejemplo, aún sin existir la normativa pertinente, se observa una clara exclusión empresarial (minería chica) favoreciendo a sectores como el estatal o de interés político en el sector cooperativista, lo que genera una brecha que debe ser cerrada para que la atención de la minería sea una sola, en todos sus sectores para fortalecer la globalidad de inversiones y futuras utilidades.
Hay que cuidar el rompimiento de convenios, sin agotar las negociaciones, de modo tal que esas decisiones no se conviertan luego en cargas financieras para el estado boliviano. En el caso de Minería se ha establecido que Bolivia pagará $us. 750.000 por el retiro de la empresa Atlas Precious Metals del proyecto Karachipampa, ese elefante blanco que no puede ponerse en marcha y que ya le cuesta mucha plata a los bolivianos. La determinación es que la Comibol, que ya recuperó físicamente la planta, encare en adelante la puesta en marcha del gigante metálico que hace más de una década sólo produce pérdidas.
En la producción estatal Huanuni con cinco mil trabajadores logró más de 40 millones de dólares en concepto de utilidades en la gestión 2010, no podía ser de otro modo, es la empresa que tiene mayor cantidad de personal y por tanto su rentabilidad tiene que estar asegurada máxime si además se dispondrá vía Estado de un presupuesto especial para la construcción de un nuevo ingenio que le permitirá aumentar su producción.
En todo caso, lo que viene luego con los proyectos del Mutún y el hierro, los salares y el litio, debe mover a nuestras autoridades a establecer las mejores condiciones para favorecer la producción minera en su generalidad, dotando al sector de un conjunto de normas que capten y aseguren más inversiones y no las ahuyenten, además de garantizar el buen uso de los recursos de la minería en el crecimiento del mismo sector, única manera de encarar proyectos sustentables y perdurables.
Agencia URU
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