Cuando se abren más y efectivas posibilidades de avanzar en el estratégico sistema productivo de la minería, no todo se presenta favorablemente a buenas intenciones que hubiesen para facilitar la concreción de proyectos que si bien necesitan grandes inversiones, no menos importantes serán los beneficios a tiempo de evaluar el retorno del rédito financiero en cada caso.
En nuestra nota de apertura de la primera página de esta edición señalamos algunos detalles de hasta cuatro mega proyectos considerados así por el valor de las inversiones y por lo menos en tres de estos la cuantificación de los yacimientos y su potencial reserva, exceptuando de momento el uranio hasta que se completen los informes finales de su existencia, cantidad y calidad.
Este año la minería nos ha deparado sorpresas una tras otra, por supuesto que algunas son parte de intensas gestiones de gobiernos anteriores y que cobran su mayor efectividad en la actualidad, como el caso del hierro del Mutún o ese postergado proyecto de explotación de las salmueras de Uyuni y Coipasa, el cobre de Corocoro y el estratégico y sumamente delicado caso de la explotación y producción de uranio.
Recientemente Bolivia aparece como un país estratégico por la variedad de sus recursos mineralógicos, la magnitud de sus reservas y la posibilidad de que se abran posibilidades de negociar acuerdos para su explotación, aunque con determinadas reglas de juego que están cambiando en la medida que varias y poderosas firmas internacionales no ocultan su interés de convertirse en “socias capitalistas” no importa bajo qué condiciones, si las mismas las acercan a nuestros ricos yacimientos de litio, cobre, hierro y con seguridad también al uranio.
Cuando se menciona el último elemento, uranio, surgen voces agoreras que descalifican la posibilidad de ingresar en su búsqueda y su explotación, con el argumento de la peligrosidad que entraña “manejar un mineral radioactivo y contaminante”.
Mayo ha sido nominado como el mes del medio ambiente, lo que ha servido para una serie de actividades por parte de ambientalistas, ecologistas y las organizaciones que apoyan sus actividades, mostrando los problemas de la contaminación —especialmente minera— que se presenta en ciertas zonas, pero que como efecto negativo en su generalidad se siente en toda la ciudad. Personeros de la Liga del Medio Ambiente (Lidema) han publicado un estudio relacionado con los riesgos de la exploración y la explotación del uranio en los distritos de Potosí y Oruro, cuyas comunidades próximas a futuras operaciones estarían en alto riesgo de contaminación.
La preocupación es normal y correcta, si se trata de cuidar el medio ambiente, pero el asunto no puede ser considerado con tanta dureza si en la actualidad ya existen métodos, tecnología y materiales especiales para evitar las formas tradicionales de la contaminación minera, además de una ley vigente de Medio Ambiente que obliga a tomar las medidas de seguridad en cualquier proyecto que pudiera afectar mediante contaminación la salud de la
población.
Este es un tema que merece explicación profunda, aclaración a los ecologistas por su preocupación, pero al mismo tiempo recabar de ese nivel sugerencias prácticas acorde a la disyuntiva de sostener un proyecto millonario y de soluciones sociales para el país, por la creación de fuentes de empleo y el retorno financiero para beneficio general de la población o “·fondearlo” sin siquiera intentar buscar alternativas tecnológicas que garanticen seguridad ambiental y al mismo tiempo bienestar social comunitario. ¿Qué hacemos ahora?, es el reto para profesionales de la minería, no para políticos.
En nuestra nota de apertura de la primera página de esta edición señalamos algunos detalles de hasta cuatro mega proyectos considerados así por el valor de las inversiones y por lo menos en tres de estos la cuantificación de los yacimientos y su potencial reserva, exceptuando de momento el uranio hasta que se completen los informes finales de su existencia, cantidad y calidad.
Este año la minería nos ha deparado sorpresas una tras otra, por supuesto que algunas son parte de intensas gestiones de gobiernos anteriores y que cobran su mayor efectividad en la actualidad, como el caso del hierro del Mutún o ese postergado proyecto de explotación de las salmueras de Uyuni y Coipasa, el cobre de Corocoro y el estratégico y sumamente delicado caso de la explotación y producción de uranio.
Recientemente Bolivia aparece como un país estratégico por la variedad de sus recursos mineralógicos, la magnitud de sus reservas y la posibilidad de que se abran posibilidades de negociar acuerdos para su explotación, aunque con determinadas reglas de juego que están cambiando en la medida que varias y poderosas firmas internacionales no ocultan su interés de convertirse en “socias capitalistas” no importa bajo qué condiciones, si las mismas las acercan a nuestros ricos yacimientos de litio, cobre, hierro y con seguridad también al uranio.
Cuando se menciona el último elemento, uranio, surgen voces agoreras que descalifican la posibilidad de ingresar en su búsqueda y su explotación, con el argumento de la peligrosidad que entraña “manejar un mineral radioactivo y contaminante”.
Mayo ha sido nominado como el mes del medio ambiente, lo que ha servido para una serie de actividades por parte de ambientalistas, ecologistas y las organizaciones que apoyan sus actividades, mostrando los problemas de la contaminación —especialmente minera— que se presenta en ciertas zonas, pero que como efecto negativo en su generalidad se siente en toda la ciudad. Personeros de la Liga del Medio Ambiente (Lidema) han publicado un estudio relacionado con los riesgos de la exploración y la explotación del uranio en los distritos de Potosí y Oruro, cuyas comunidades próximas a futuras operaciones estarían en alto riesgo de contaminación.
La preocupación es normal y correcta, si se trata de cuidar el medio ambiente, pero el asunto no puede ser considerado con tanta dureza si en la actualidad ya existen métodos, tecnología y materiales especiales para evitar las formas tradicionales de la contaminación minera, además de una ley vigente de Medio Ambiente que obliga a tomar las medidas de seguridad en cualquier proyecto que pudiera afectar mediante contaminación la salud de la
población.
Este es un tema que merece explicación profunda, aclaración a los ecologistas por su preocupación, pero al mismo tiempo recabar de ese nivel sugerencias prácticas acorde a la disyuntiva de sostener un proyecto millonario y de soluciones sociales para el país, por la creación de fuentes de empleo y el retorno financiero para beneficio general de la población o “·fondearlo” sin siquiera intentar buscar alternativas tecnológicas que garanticen seguridad ambiental y al mismo tiempo bienestar social comunitario. ¿Qué hacemos ahora?, es el reto para profesionales de la minería, no para políticos.
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