“En la comunidad de Malliri se aplicará la justicia comunitaria a los concesionarios de la mina Huachi si las autoridades nacionales y departamentales permiten el funcionamiento del centro minero”, advirtió el representante de las Organizaciones Territoriales de Bases (OTBs) de Malliri, Sixto Chiri.
Dijo que los trabajos mineros afecta a la producción lechera por lo que “si las autoridades no hacen cumplir las resoluciones de cerrar la operación minera, tomarán otras medidas y seguramente nuestras autoridades aplicarán justicia comunitaria”.
Al demandar una respuesta del Ministerio de Minería y del Gobierno respecto al tema, el concesionario de la mina Huachi, Edilberto Choque, expresó preocupación afirmando que no quieren que ocurran estos problemas.
La toma de la mina Huachi fue realizada el martes 7 de julio por 20 familias pertenecientes a la comunidad ubicada a 20 kilómetros al norte del municipio de Challapata, donde se explota un yacimiento de antimonio. “La comunidad no quiere contaminación, porque la minería es para dejar dañados los terrenos, vivimos de la agricultura y la lechería, por eso continuaremos luchando para defender nuestras tierras”, explicó Sixto Chiri al justificar el pedido de cierre de la mina.
La protesta de los comunarios es respaldada por el Foro Boliviano de Medio Ambiente (Fobomade) que, a través de boletines informativos hace conocer la posición de los campesinos que demandan atención de las autoridades nacionales y departamentales para la pronta solución de este problema.
RESOLUCION PREFECTURAL
El dirigente Chiri mencionó que la Prefectura de Oruro emitió resoluciones instruyendo que se suspenda la operación minera “porque a simple vista esta la contaminación, y han ido los de medioambiente”.
No obstante, Chiri admitió que ”la comunidad solamente acudió al Ministerio de Medioambiente para tratar el caso y no al Ministerio de Minería y Metalurgia, pero han venido los señores representantes del Ministerio de Minería. Se presentó el señor Genaro Canaviri que es funcionario de la Secretaría de Minería y Metalurgia de la Prefectura de Oruro”
Consultado sobre las resoluciones prefecturales, sí son válidas frente a la última resolución multiministerial del gobierno que prohíbe los avasallamientos a los centros mineros, Chiri, aseveró que “las leyes no se negocian sino se hacen cumplir”.
El representante de la comunidad reiteró que “en caso de negativa a nuestras demandas, seguramente empleará la justicia comunitaria, no nos queda otra, porque estamos agrupados con los hermanos usuarios de la represa de Tacagua”.
Dijo que los trabajos mineros afecta a la producción lechera por lo que “si las autoridades no hacen cumplir las resoluciones de cerrar la operación minera, tomarán otras medidas y seguramente nuestras autoridades aplicarán justicia comunitaria”.
Al demandar una respuesta del Ministerio de Minería y del Gobierno respecto al tema, el concesionario de la mina Huachi, Edilberto Choque, expresó preocupación afirmando que no quieren que ocurran estos problemas.
La toma de la mina Huachi fue realizada el martes 7 de julio por 20 familias pertenecientes a la comunidad ubicada a 20 kilómetros al norte del municipio de Challapata, donde se explota un yacimiento de antimonio. “La comunidad no quiere contaminación, porque la minería es para dejar dañados los terrenos, vivimos de la agricultura y la lechería, por eso continuaremos luchando para defender nuestras tierras”, explicó Sixto Chiri al justificar el pedido de cierre de la mina.
La protesta de los comunarios es respaldada por el Foro Boliviano de Medio Ambiente (Fobomade) que, a través de boletines informativos hace conocer la posición de los campesinos que demandan atención de las autoridades nacionales y departamentales para la pronta solución de este problema.
RESOLUCION PREFECTURAL
El dirigente Chiri mencionó que la Prefectura de Oruro emitió resoluciones instruyendo que se suspenda la operación minera “porque a simple vista esta la contaminación, y han ido los de medioambiente”.
No obstante, Chiri admitió que ”la comunidad solamente acudió al Ministerio de Medioambiente para tratar el caso y no al Ministerio de Minería y Metalurgia, pero han venido los señores representantes del Ministerio de Minería. Se presentó el señor Genaro Canaviri que es funcionario de la Secretaría de Minería y Metalurgia de la Prefectura de Oruro”
Consultado sobre las resoluciones prefecturales, sí son válidas frente a la última resolución multiministerial del gobierno que prohíbe los avasallamientos a los centros mineros, Chiri, aseveró que “las leyes no se negocian sino se hacen cumplir”.
El representante de la comunidad reiteró que “en caso de negativa a nuestras demandas, seguramente empleará la justicia comunitaria, no nos queda otra, porque estamos agrupados con los hermanos usuarios de la represa de Tacagua”.
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