Pese a un movimiento ascendente de las cotizaciones para algunos minerales el futuro general de la industria minera no tiene signos muy halagüeños debido a ciertas condiciones especiales que están signadas en el movimiento de la gran economía mundial, cuyos mercados representativos del tiempo actual no están en su mejor momento, caso de Asia, Europa y Estados Unidos, justo los que compran nuestros concentrados de minerales.
Un vaticinio reciente de la Fundación Milenio señala que la minería privada del país enfrenta dos retos, la caída en el precio de los minerales que afecta a los que trabajan con zinc y estaño, particularmente, pero además al resto de los potenciales inversionistas en programas mineros, al cambiar las reglas de juego especialmente las tributarias y estas ligadas a la falta de seguridad jurídica configuran el actual estado de riesgos que hasta hace poco estaban ausentes en el panorama de la minería nacional.
El interesante informe de la Fundación Milenio se presenta sin medias vueltas y remarca que el impacto de la crisis mundial sobre la minería boliviana será muy profundo y hasta podría ocasionar una recesión en los distritos eminentemente productores de Potosí y Oruro, lo que a su vez produciría en breve una desaceleración del crecimiento global en el país.
En realidad el fenómeno de la variación en los índices financieros del país ya se han dado con características alarmantes, no otra cosa significa el problema que ocasiona en las familias de escasos recursos o dependientes de salarios fijos la prolongada inflación que ha cambiado el sentido económico de la canasta familiar, obligando a reducir la cantidad y calidad de los insumos para la alimentación por las restricciones económicas existentes en el país.
Si se analiza el tema minero es natural que todo el sistema financiero se altere en la medida que disminuye la principal actividad generadora de divisas y de regalías que es la minería. Lo que complica mucho más la situación es que desde la aplicación de la nueva Constitución rigen otras normas que ahuyentan a los inversionistas e industriales mineros, por ejemplo con medidas como la eliminación de las concesiones mineras, la transferencia de las mismas y su condición de embargabilidad. Algo más que con seguridad restará posibilidad de futuras inversiones es la determinación de que “todas las utilidades privadas deben ser reinvertidas en el país”.
Esos son aspectos inherentes a lo que sucede en el país con las medidas que están vigentes y que por supuesto son alentadas por las autoridades del ramo sin escatimar ningún esfuerzo para que las mismas se cumplan, aún poniendo en riesgo la industria productiva más importante como es la minería y alejándola de los márgenes de competitividad con países vecinos.
Representantes del sector minero privado piensan que las autoridades del ramo, en este caso del Ministerio de Minería y de la Comibol, deberían insistir ante el Gobierno una definición sobre las condiciones reales que se disponen para el desarrollo de las actividades mineras, aclarando las que “se leen y poniendo en limpio” las que todavía se rumorean y no están impresas, por lo que existen marcadas dudas sobre futuras inversiones en el país, sabiendo que todavía no se definen las políticas mineras pese a que se han dictado algunas regulaciones sobre la aplicabilidad de las leyes en caso de avasallamientos y la sanción a quienes incurrieran en ese delito pero no es todo, por supuesto hay que “capear el temporal” pero hay que hacerlo con proyectos que aseguren una clara rentabilidad y naturalmente un seguro retorno de capital, aún así fuese para su reinversión en el país.
Los últimos contratos que aprobó la Comibol garantizan algunas operaciones mineras consideradas importantes como el Mutún en Santa Cruz, la mina de cobre en Coro Coro, San Cristóbal y San Bartolomé en Potosí, (con algunas presiones sindicales), para el futuro el litio en los salares de Uyuni y Coipasa y posiblemente el caso del uranio también en Oruro, por lo demás todavía se mantienen dudas con una marcada incertidumbre sobre el futuro de la minería con una perspectiva poco halagüeña para el sector, si no se adoptan con urgencia algunos correctivos que permitan enfrentar la crisis mundial y las prerrogativas que provienen de la situación externa sujeta a una serie de vaivenes por la presión financiera de las grandes potencias.
Las exportaciones mineras han aumentado en volumen pero han disminuido de manera ostensible en su valor financiero, precisamente por los bajos precios que pese a una fluctuación ascendente todavía permiten ciertas operaciones especialmente en los sectores de la minería cooperativizada y chica, donde se insiste en la necesidad de aprobar el restablecimiento de un banco de fomento.
La minería está en vilo y su reactivación real y efectiva dependerá de medidas que puedan aplicarse en corto tiempo para competir con los vecinos que hasta el presente, pese a la contracción mundial, siguen percibiendo significativas inversiones.
Un vaticinio reciente de la Fundación Milenio señala que la minería privada del país enfrenta dos retos, la caída en el precio de los minerales que afecta a los que trabajan con zinc y estaño, particularmente, pero además al resto de los potenciales inversionistas en programas mineros, al cambiar las reglas de juego especialmente las tributarias y estas ligadas a la falta de seguridad jurídica configuran el actual estado de riesgos que hasta hace poco estaban ausentes en el panorama de la minería nacional.
El interesante informe de la Fundación Milenio se presenta sin medias vueltas y remarca que el impacto de la crisis mundial sobre la minería boliviana será muy profundo y hasta podría ocasionar una recesión en los distritos eminentemente productores de Potosí y Oruro, lo que a su vez produciría en breve una desaceleración del crecimiento global en el país.
En realidad el fenómeno de la variación en los índices financieros del país ya se han dado con características alarmantes, no otra cosa significa el problema que ocasiona en las familias de escasos recursos o dependientes de salarios fijos la prolongada inflación que ha cambiado el sentido económico de la canasta familiar, obligando a reducir la cantidad y calidad de los insumos para la alimentación por las restricciones económicas existentes en el país.
Si se analiza el tema minero es natural que todo el sistema financiero se altere en la medida que disminuye la principal actividad generadora de divisas y de regalías que es la minería. Lo que complica mucho más la situación es que desde la aplicación de la nueva Constitución rigen otras normas que ahuyentan a los inversionistas e industriales mineros, por ejemplo con medidas como la eliminación de las concesiones mineras, la transferencia de las mismas y su condición de embargabilidad. Algo más que con seguridad restará posibilidad de futuras inversiones es la determinación de que “todas las utilidades privadas deben ser reinvertidas en el país”.
Esos son aspectos inherentes a lo que sucede en el país con las medidas que están vigentes y que por supuesto son alentadas por las autoridades del ramo sin escatimar ningún esfuerzo para que las mismas se cumplan, aún poniendo en riesgo la industria productiva más importante como es la minería y alejándola de los márgenes de competitividad con países vecinos.
Representantes del sector minero privado piensan que las autoridades del ramo, en este caso del Ministerio de Minería y de la Comibol, deberían insistir ante el Gobierno una definición sobre las condiciones reales que se disponen para el desarrollo de las actividades mineras, aclarando las que “se leen y poniendo en limpio” las que todavía se rumorean y no están impresas, por lo que existen marcadas dudas sobre futuras inversiones en el país, sabiendo que todavía no se definen las políticas mineras pese a que se han dictado algunas regulaciones sobre la aplicabilidad de las leyes en caso de avasallamientos y la sanción a quienes incurrieran en ese delito pero no es todo, por supuesto hay que “capear el temporal” pero hay que hacerlo con proyectos que aseguren una clara rentabilidad y naturalmente un seguro retorno de capital, aún así fuese para su reinversión en el país.
Los últimos contratos que aprobó la Comibol garantizan algunas operaciones mineras consideradas importantes como el Mutún en Santa Cruz, la mina de cobre en Coro Coro, San Cristóbal y San Bartolomé en Potosí, (con algunas presiones sindicales), para el futuro el litio en los salares de Uyuni y Coipasa y posiblemente el caso del uranio también en Oruro, por lo demás todavía se mantienen dudas con una marcada incertidumbre sobre el futuro de la minería con una perspectiva poco halagüeña para el sector, si no se adoptan con urgencia algunos correctivos que permitan enfrentar la crisis mundial y las prerrogativas que provienen de la situación externa sujeta a una serie de vaivenes por la presión financiera de las grandes potencias.
Las exportaciones mineras han aumentado en volumen pero han disminuido de manera ostensible en su valor financiero, precisamente por los bajos precios que pese a una fluctuación ascendente todavía permiten ciertas operaciones especialmente en los sectores de la minería cooperativizada y chica, donde se insiste en la necesidad de aprobar el restablecimiento de un banco de fomento.
La minería está en vilo y su reactivación real y efectiva dependerá de medidas que puedan aplicarse en corto tiempo para competir con los vecinos que hasta el presente, pese a la contracción mundial, siguen percibiendo significativas inversiones.
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