Anualmente varias empresas destinan cantidades limitadas de capital para invertir en minería y existe pugna en los países que intentan atraerlas, ofreciendo seguridad jurídica, ambientes geológicos favorables, trámites fáciles, rápidos y transparentes, infraestructura adecuada y un sistema tributario competitivo y estable.
Las inversiones se inician con la exploración, de resultados aleatorios y costosa, capital de riesgo que los Gobiernos rara vez disponen o están dispuestos a invertirlos.
La anterior Ley de Minería (17/03/97) posibilitó que se hagan realidad los importantes proyectos San Cristóbal (2007), Manquiri (2008) y San Vicente (2009), que luego de unos diez años de maduración representan una parte sustancial de las exportaciones mineras. Desde entonces no se desarrolla un solo proyecto nuevo de importancia en el país y no se vislumbra alguno en un futuro mediato.
La actual situación de la minería sin seguridad jurídica, trámites engorrosos y poco transparentes, así como un sistema tributario medianamente competitivo y poco estable, ha hecho que se interesen en invertir en la minería boliviana pocas empresas de diferente tipo y capacidad financiera, algunas poco serias, con el común accionar del juego de bolsa. Ninguna empresa grande conocida en el mundo minero mostró interés por invertir en el país. Como ejemplos, en el proyecto privado aurífero Amayapampa, iniciado en la primera mitad de la década de 1990, han pasado varias empresas: Da Capo Resources, Vista Gold, Nueva Vista (Republic Gold), Lion Gold y últimamente Silvername Investments, sin haberlo puesto en operación aún en la época de precios altos del oro. En el proyecto argentífero del yacimiento Paca-Pulacayo iniciado a principios de este siglo, intervinieron las empresas Apex Silver (Paca), Golden Minerals, Apogee Silver (Paca y Pulacayo) que lo vendió a Prophecy Coal, más dedicada al carbón y la energía. Ninguna empresa explotó un solo gramo de plata.
La empresa estatal coreana Kores que firmó con Comibol el único contrato de este Gobierno para el desarrollo de un yacimiento metálico (18/06/08), realizó exploración en Corocoro invirtiendo 10 millones de dólares que seguramente dio resultados negativos, pero en octubre de 2011 hizo un anuncio rimbombante de haber descubierto un megayacimiento (?) de al menos 100 millones de toneladas, luego pidió prolongación del plazo de exploración y ahora no desarrolla actividad alguna, aunque oficialmente no se dio por terminado el contrato. La empresa junior de exploración canadiense South American Silver estaba desarrollando el proyecto argentífero Mallku Khota; aunque con resultados desalentadores pero siempre maquillados, logró levantar dinero en la bolsa. Por problemas provocados por comunarios y cooperativistas en sus concesiones, éstas fueron revertidas al Estado en 2013 y la empresa demandó una indemnización de $us 386 millones.
La preocupante falta de sustanciales inversiones hasta mediados de este siglo, fue cubierta por el enorme incremento de precios de minerales que posibilitaron, que varios pequeños yacimientos y minas paralizadas puedan ser trabajados con poca inversión. La caída actual de precios y el agotamiento de los yacimientos en trabajo causarán el cierre de varias operaciones, con los problemas sociales consiguientes y se hará sentir profundamente la falta de minas nuevas.
La coyuntura de los elevados precios de los minerales hizo que se establezca una alícuota adicional del 12,5% al Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE del 25%) y la regalía minera es acreditable contra el IUE solo por debajo de precios en los que las empresas ya trabajarían a pérdida, lo que le quita competitividad a nuestro sistema tributario minero. Por ejemplo en Chile y Perú la regalía se paga en base a las utilidades y no en base a las ventas como en Bolivia y Argentina. En Perú se pueden deducir todos los costos de exploración y desarrollo de minas y las empresas pueden recuperar su inversión en cinco años. En Argentina existe la depreciación acelerada, la doble deducción de los gastos de exploración y estabilidad tributaria por 30 años. En Chile existe respeto a la inversión y una infraestructura mejor que la de la mayoría de los países latinoamericanos. Chile y Perú ofrecen además enormes reservas cupríferas.
Como consecuencia, la inversión extranjera minera en Chile y Perú es de varios miles de millones de dólares al año, mientras que en Bolivia la inversión de las empresas extranjeras operadoras es bajísima y se reduce a renovar equipos, realizar exploraciones para continuar operando y mejoras para conseguir mayor eficiencia. No hay inversión extranjera en exploración de nuevas áreas.
Lo explicado muestra la urgencia de atraer empresas extranjeras mineras serias con el suficiente respaldo financiero, pero para ello se necesitará una política minera que muestre respeto absoluto a la inversión privada, que facilite los trámites mineros y que la tributación sea competitiva y estable.
(*) Ingeniero
N de R: Incluimos en la presente edición por su importancia un artículo del experto en minería, Ing. Jorge Espinoza Morales, quién nos brindaba su excelente material analítico sobre el delicado tema de la minería boliviana. Las columnas de P.M. están siempre abiertas a tan interesantes comentarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario