El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) solicitará la apertura de un juicio de responsabilidades contra autoridades y funcionarios porque a la fecha no funciona la planta hidrometalurgia de Karachipampa.
El planteamiento fue efectuado por el vicepresidente de la entidad cívica, Marco Antonio Pumari.
“Debe existir un juicio de responsabilidad en contra de las autoridades que están engañando a la población y al presidente Evo Morales desde la gerencia de Karachipampa”, dijo.
La “cabeza” visible para el inicio del juicio de responsabilidades, añadió, es el exgerente de Karachipampa, Edgar Pinto y Francisco Infante. A juicio del dirigente, ambos funcionarios habrían engañado a la población potosina e incluso trataron de minimizar la última contingencia que ocurrió la gestión pasada, que actualmente tiene un costo de más de tres millones de Bolivianos para reiniciar su funcionamiento de la planta.
“Vamos a pedir de que se inicie la auditoría técnica especial porque hasta la fecha no tiene ningún sentido la inversión”, dijo. Y presumió que aparentemente exautoridades habrían tenido nexos con la consultora que operó en Karachipampa.
El dirigente cívico afirmó que habría un daño económico al Estado, pues se invirtió millones de Bolivianos para el funcionamiento de la planta, pero a la fecha no funciona.
El Ministerio de Minería está obligado a demostrar que Karachipampa es rentable, tal como dice la publicidad que se emite por los medios de comunicación local y nacional, reclamó el denunciante.
Pumari, a la vez, lamentó que las denuncias que se hizo desde la entidad cívica no tuvieron el resultado esperado, pese a que se denunció ante la distrital de la Procuraduría General del Estado.
“Esta institución (la Procuraduría) debería ser la encargada de defender los intereses del Estado, pero a la fecha no tenemos ningún resultado. Ese es el caso del Cerro Rico de Potosí”, expresó.
"Nosotros (como Comcipo) no estamos pidiendo un juicio político, lo que queremos que se haga una investigación real en Karachipampa", concretizó el dirigente cívico.
Al respecto, el ministro de minería, César Navarro, dijo que la dirigencia cívica está en todo su derecho de iniciar el juicio de responsabilidades, pero no comparte con esa opinión "infantil e inmadura".
Afirmó que nada ayuda ese discurso "sensacionalista, irresponsable e inmadura" para poner en marcha un proyecto de gran envergadura que durante 30 años estuvo paralizado.
El plazo para la puesta en marcha de este proyecto es de 12 a 24 meses e incluso se debe alistar un horno alternativo, dijo.
Navarro confirmó que hasta la tercera semana del presente mes la planta nuevamente será puesta en funcionamiento.
El ministro reiteró que trabajan con la única finalidad de que el proyecto arranque lo más antes posible.
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