El proyecto de la Ley de Minería y Metalurgia establece el rol del Estado en su capacidad de legislar, administrar, fiscalizar y resolver controversias para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales minerales, explicó el miércoles el ministro de Minería, César Navarro, al pleno de la Cámara de Senadores.
Navarro precisó que la futura norma, de 248 artículos y seis disipaciones transitorias, retoma el concepto de fiscalización como facultad “importante” del Estado en la actividad minera y el control en toda la cadena productiva, señala un informe del Ministerio de Minería y Metalurgia.
Establece también, precisó la autoridad, que los beneficios que deriven de la explotación de los recursos naturales no renovables tendrán un carácter de beneficio colectivo y no individual.
“Como interés nacional supremo, el proyecto de Ley tiene un concepto integral planteado desde el Estado y su alcance abarca a los recursos minerales en el suelo y subsuelo del territorio boliviano, cualquiera sea su origen”, indicó la autoridad durante la sesión legislativa que se inició a las 20.00 horas del martes y que concluyó al filo de la una de la madrugada del miércoles.
De acuerdo con el titular de Minería, durante los gobiernos de corte neoliberal -antes de 2006- las políticas mineras se definían en función de intereses individuales.
“En el viejo Código Minero de Gonzalo Sánchez de Lozada las patentes establecían los derechos de los titulares que las utilizaban para el engorde de sus patrimonios, pero hoy el Estado tiene la facultad de revertir las concesiones mineras ociosas”, remarcó. Precisó que la nueva Ley establece la presentación de planes de inversión y de trabajo para acceder a contratos mineros.
“Y esos planes de inversión y de trabajo tienen, necesariamente, que desarrollarse y fiscalizarse”, agregó la autoridad.
El proyecto de Ley impide que se entreguen grandes concesiones a sectores privados, cooperativas o al mismo al Estado.
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