La comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, está en procura de una ley nacional, mediante la cual se pueda solventar económicamente el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas ácidas de la mina San José que actualmente no funciona, a través de esta norma las instituciones involucradas en este tema tendrían que asignar recursos de forma anual para el correcto tratamiento de estas aguas que llegan al canal Tagarete.
El presidente de la comisión mencionada, asambleísta Juan Aguilar, indicó que el reciente miércoles se realizó una inspección a la planta que está ubicada en el nivel -340 de la mina, para poder verificar el estado de la planta de tratamiento que tiene la función de evitar la contaminación del río Tagarete, por ende a las zonas de la ciudad y el lago Uru Uru.
Señaló que luego de esta actividad se decidió formar mesas de trabajo en normativas, para que se pueda consolidar el presupuesto para el funcionamiento de la planta, ya que en la actualidad solo existe el bombeo de las aguas ácidas, eso no es correcto porque lo que le interesa a la población es que se frene la contaminación ambiental.
"Otro aspecto que debemos cuidar es el proyecto del embovedado del Tagarete, el cual no se podrá realizar si no funciona esta planta, no queremos que a futuro esto se perjudique, porque es un requisito de la CAF (Corporación Andina de Fomento) para desembolsar para ese proyecto, es por eso que como asambleístas estamos haciendo seguimiento a estos temas para que funcione la planta de tratamiento", señalo.
Aguilar dijo que en las mesas de trabajo, lo que se plantea es una ley nacional mediante la cual se defina qué instituciones van a colocar su contraparte de recursos económicos para que la planta funcione adecuadamente, y a futuro no se tenga problemas en reunir a la Gobernación, Alcaldía, Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y las cooperativas, para firmar acuerdos para solventar el tratamiento de las aguas.
Indicó que la Comibol es uno de los entes más reacios a cumplir con el pago, toda decisión tiene que pasar por el directorio lo cual burocratiza este aspecto, pero que con una ley fundamentada ya no habría excusas para cumplir con el desembolso.
Para que la planta de tratamiento de aguas acidas funcione con normalidad se necesitan erogar de forma anual alrededor de 2 millones de bolivianos entre las cuatro instituciones involucradas en esta temática.
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