Varias veces en el último periodo, especialmente desde que se desencadenó la crisis de los precios bajos en las pizarras del exterior, se habló de la necesidad de aplicar programas para impulsar la minería, de modo que la situación reinante no liquide las actividades que dificultosamente se cumplen en sectores estratégicos como la minería estatal y su relación con la producción metalúrgica.
Fuera del ejemplo, de modo general el sector minero boliviano confronta un bajón en su ritmo productivo, debido a que los costos de producción se complican cuando el precio de los concentrados que se explotan no pueden cubrir los gastos que significa sostener en actividad regular los centros mineros, especialmente los del sector estatal que tienen ya fuerte carga social, el caso concreto de Huanuni.
Los otros sectores también atraviesan por una serie de dificultades, directamente atribuibles al precio bajo de los minerales, pero al mismo tiempo a la carencia de un "fondo de previsión" que pudo salvar la contingencia si en el tiempo de las "vacas gordas" se disponía un ahorro especial para cuando estas adelgacen y necesiten un "refuerzo de subsistencia" a través de un soporte financiero.
Las cooperativas mineras y la minería "pequeña" están en la lista de las empresas que también necesitan de un verdadero plan, llámese de contingencia o de extrema urgencia para enfrentar el problema, sortearlo y continuar produciendo.
No en todos los casos la situación es igual, la minería mediana privada, se sostiene gracias a planes oportunos de previsión, al incremento financiero necesario para conjurar la crisis, a la aplicación de planes técnicos especiales para reducir costos y/o incrementar la producción, aunque de todos modos los efectos de la crisis mundial de precios, se hace sentir en todo nivel.
Se han formulado muchas sugerencias, en el plano oficial y en el que corresponde a los trabajadores asalariados por supuesto también en el caso de las cooperativas y se coincide en que la gran solución consiste en fortalecer y ampliar las oportunidades de inversión, para fomentar los planes de prospección, exploración y futura explotación de nuevos yacimientos, lo que permitirá una evidente renovación de la actividad minera, para ello se necesita un organismo que se responsabilice de todo ese proceso y movilice toda la cadena productiva minera. Se habló también de reacondicionar la Comibol, pero todavía no se afina y define ese proyecto prioritario.
La metalurgia y la futura siderurgia, son otros aspectos que merecen especial atención, especialmente con el caso de la fundición de Vinto - Oruro que deberá incrementar su producción para mantener sus niveles de exportación de estaño metálico en la perspectiva de cubrir un nuevo contrato con una firma alemana.
El caso Karachipampa merece atención particular para mejorar la producción de lingotes de plata y plomo, asegurar un mercado de exportación e incrementar su rendimiento con la perspectiva de establecer condiciones propicias para mejorar su comercialización con valor agregado, mejorando la venta de nuestros minerales
metálicos.
El hierro del Mutún y el litio del salar de Uyuni, siguen en la otra dimensión de la mega explotación de nuestros recursos mineros estratégicos y el éxito de esas operaciones sigue siendo parte de otros planes de la minería boliviana.
El nuevo plan minero
Los días 12 y 13 del mes presente se desarrolló en el auditorio del Banco Central de Bolivia, un interesante seminario denominado "Cambio Minero en Bolivia", reafirmando que la minería es el pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, esa prioridad demuestra una buena intención que de ejecutarse prácticamente significará reconocer el valor que efectivamente tiene la minería como seguro elemento de nuestro sistema económico, inmediatamente después del gas.
Autoridades del Gobierno pusieron a consideración de los asistentes al evento un documento que contempla la estrategia que pretende mejorar el desempeño de la minería en el conjunto de la economía nacional. El plan contiene ocho capítulos que marcan la política del sector que debe desarrollarse a partir de buscar soluciones a la compleja problemática que enfrenta la minería boliviana, de manera especial en la insuficiente inversión para acometer nuevos emprendimientos y en las dificultades de su sistema tributario que está al margen de una opción atractiva de capitales, carece de incentivos y no compite con las alternativas que ofertan los países vecinos, cuyo desarrollo es impresionante.
La propuesta de ocho puntos
El documento propuesto desde el Gobierno contempla ocho políticas sectoriales para el desarrollo minero - metalúrgico del 2015 al 2019 y menciona la ampliación de las reservas mineras, la promoción de inversiones e implementación de nuevos proyectos; mejora de la productividad y eficiencia, industrialización y diversificación de la producción, además de la formalización de operadores, control de la comercialización y desarrollo de áreas mineras en concordancia con la naturaleza.
Dos expertos en la materia, ambos ex ministros de minería, coincidieron en el seminario, al lamentar que mucho tiempo el país no cuente con una clara política minera, criticaron que varios proyectos iniciados no avanzaron, algunos están retrasados y otros se encuentran paralizados.
Una observación muy seria tiene que ver con los presupuestos que el Gobierno dispone para la minería, totalmente exiguos, considerablemente inferiores a los que se otorga al mismo sector en los países vecinos, caso del Perú, Chile y hasta la Argentina, en los que se priorizan los proyectos mineros.
Al final del seminario el viceministro de desarrollo productivo minero metalúrgico, calificó el encuentro como "positivo"; para el resto de asistentes, entre profesionales de la materia, expertos del ramo, estudiantes y algunos delegados sindicales lo que queda en el futuro inmediato es ejecutar el plan a partir del cumplimiento de metas concretas, empezando por oficializar la política minera, dar vigencia a la nueva Comibol, llenar el vacío que tiene la Ley Minera con un adecuado reglamento y su complemento de orden tributario y establecer la seguridad jurídica que demandarán los potenciales inversionistas.
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