Una comisión especial creada por mandato de la Presidenta Michelle Bachelet se abocará de inmediato a analizar el negocio de las fundiciones, ver su rentabilidad, y perspectivas. La instancia estuvo integrada por representantes de entidades gubernamentales y privadas del sector minero; señala una información de El Mercurio.
El desarrollo de las fundiciones ha estado muy presente en la agenda del sector en los últimos meses. A partir de enero de 2018, estará en plena vigencia la nueva normativa que regula las emisiones de elementos contaminantes en los procesos de fundición, lo que ha sido cuestionado por diversos actores del sector público y privado; que plantean la necesidad de revisar ese plazo.
Las primeras voces se alzaron desde Cochilco, a través de su vicepresidente ejecutivo, Sergio Hernández. También desde Enami han planteado la necesidad de fijarse "objetivos más ambiciosos" en este tema; y desde el parlamento, senadores elaboraron un informe respecto del tema, luego de un largo proceso de discusión.
En concreto, la propuesta es que junto con la prórroga se eleve aún más el estándar que fija la nueva normativa -que exige capturar el 95% de las emisiones contaminantes-, hasta un 99%. Ello a fin de dar espacio a la implementación de tecnologías más avanzadas que, junto con mejorar los procesos en el aspecto ambiental, permitan rentabilizar mejor estas inversiones.
LA COMISIÓN
El comité de expertos convocado por el gobierno estará encabezado por cuatro ministros: Rodrigo Valdés (Hacienda); la titular de Minería, Aurora Williams; y sus pares de Economía y de Medio Ambiente, Luis Felipe Céspedes y Pablo Badenier.
En la instancia participarán además importantes ejecutivos de Corfo, Codelco, la Empresa Nacional de Minería (Enami), y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco); según reporta El Mercurio.
También estarán representados el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami); los presidentes de las comisiones de Minería y Energía del Senado y de la Cámara de Diputados.
INVERSIONES PROYECTADAS
Según datos emanados de Cochilco, los montos que requiere invertir la industria en las fundiciones que hoy operan en el país bordean los 2.500 millones de dólares, solo para respetar la norma actual.
Buena parte de esos montos corresponden a empresas de propiedad del Estado: se estima que se requerirán unos $us 400 millones para la modernización de Paipote, el proyecto más ambicioso de los últimos años en la estatal. Por otro lado, Codelco contemplaría una inversión de más de $us 1.500 millones para las adecuaciones que requieren Ventanas, Potrerillos (El Salvador) y Chuquicamata.
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