La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) ha recibido 160 solicitudes de empresas mineras para operar en las áreas protegidas en el país, informó su director ejecutivo Carlos Alberto Soruco.
El funcionario manifestó a la ANF que en La Paz, Santa Cruz y Oruro son los departamentos con mayor cantidad de áreas protegidas y que en este momento no tendría que existir actividad minera en ninguna de las 22 reservas naturales, porque no se aprobaron contratos y que de existir, sería una actividad “ilegal” la que se desarrolla.
Sin embargo, precisó que “a partir de 160 trámites que están en áreas protegidas, esos contratos están siendo analizados”. Además se está haciendo “un reglamento que se está trabajando con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)”, sostuvo Soruco.
IDENTIFICACIÓN
Precisó que el Sernap debe emitir un informe en el que determine en qué áreas protegidas se puede intervenir con actividad minera y en qué lugares no es posible. De este informe dependería iniciar la consulta a los pueblos indígenas originario campesinos que podrían ser afectados por dicha actividad. En su criterio es un proceso complejo porque “los pueblos indígenas quieren ser ellos los explotadores y no gente ajena y por otro lado, los operadores no quieren ceder”, explicó.
Los funcionarios de la Ajam se presentaron en la Comisión de Economía Plural para prestar un informe sobre la aprobación de contratos y el procedimiento para la otorgación de derechos a las empresas, empresas unipersonales o cooperativas.
CONTRATOS
Soruco explicó que la Corporación Minera de Bolivia remitió a la Ajam 956 contratos los que todavía no han sido suscritos, una vez que se supere esta fase serán remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
Desde el 2 de febrero de este año, con la Ley de Minería y Metalurgia se presentaron 1.197 nuevos trámites para suscribir contratos. En ninguno de los dos casos se precisó cuáles son las mayores solicitudes, es decir, si son de cooperativas, empresas o compañías unipersonales.
No obstante, desde el mes de septiembre de este año se empezarán a remitir los contratos paulatinamente para su aprobación en la Asamblea.
Las áreas protegidas de Bolivia están también bajo la presión de las empresas petroleras, las cuales a partir del 20 de mayo pasado, ya pueden ingresar en ellas.
DECRETO 2298
Después de que el 20 de mayo pasado, el Gobierno autorizará, mediante el decreto 2366, el ingreso de las empresas petroleras a las áreas protegidas, su siguiente paso fue reglamentar la consulta que debería aplicarse a los habitantes de esas zonas antes de implementar cualquier explotación de recursos hidrocarburíferos.
Según el Decreto Supremo 2298, la realización de dicha consulta para actividades hidrocarburíferas no abarcará más de 45 días calendario. La norma faculta a la autoridad competente a realizar este proceso y aprobar una resolución administrativa a fin de allanar la explotación energética en áreas protegidas si es que los pueblos indígena originario campesinos no participan.
El decreto en cuestión modifica y complementa el decreto reglamentario 29033 de Consulta y Participación para las actividades específicamente hidrocarburíferas.
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