El sector minero nacional está confrontando una serie de problemas en sus actividades productivas, debido al prolongado periodo de las bajas cotizaciones en los precios internacionales, aspecto que se siente con mayor dureza en los sectores estatal, la minería chica y las cooperativas, aunque el efecto crítico alcanza también a la minería privada, que debe sostener por cuenta propia la continuidad de sus costosas operaciones.
En el caso especial de los operadores de la minería estatal, se han planteado algunas sugerencias para poder encarar la difícil situación de los precios bajos, una de las opciones se dirige a incrementar los volúmenes de producción, aunque para ese fin se necesita un apoyo especial de financiamiento extraordinario que permita mejorar la dotación de equipos y herramientas para aumentar la extracción de concentrados, pero sobre todo para ampliar las áreas de explotación.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) a través de sus dirigentes expuso preocupación por la situación actual, mencionando que pese a insistentes pedidos no se ha definido aún la política minera nacional que debe constituirse en la norma práctica para desarrollar la minería en su conjunto, pues en el tiempo presente no es posible solucionar sólo algunos problemas sino crear condiciones propicias para mejorar todo el sistema productivo minero.
La alusión del ente sindical minero tiene que ver con algunas alternativas que han favorecido a las cooperativas, que aún en el presente insisten en mayor ayuda para mantener sus actividades.
En el sector estatal el distrito de Huanuni ha sido beneficiado con fideicomisos para soportar la crisis, de ahí que algunos montos en millones de dólares se han destinado a la compra de maquinaria, herramientas e inclusive volquetas, con lo que los trabajos de interior mina deben ser mejorados para aumentar los volúmenes de concentrados, material este que sin embargo debe pasar por un tratamiento especial en el nuevo ingenio para elevar su ley y su valor comercial.
Alternativas de inversión
Los mineros asalariados son consientes de la evolución que se da en materia de aplicar nuevas leyes, entre estas algunas que favorecen a garantizar inversiones tanto nacionales como extranjeras y en esa línea favorecer planes de exploración minera, punto básico para la habilitación de nuevos yacimientos mineros.
Hay convencimiento en el sector minero que una solución a la crisis en el momento actual, parte de la necesidad de reemplazar los viejos yacimientos por nuevos emprendimientos, pero ese proceso es costoso y moroso, ya se ha dicho que "la minería es cuestión de mucho dinero y largo tiempo", por lo mismo hay urgencia de imponer una política abierta de inversiones y permitir la incursión de empresas que están a la espera de reglas claras para aportar con capitales, pero además con tecnología de punta, otro elemento necesario para incursionar en la minería de alto rendimiento.
Entre las situaciones negativas del proceso se reclama también la aplicación de la nueva Ley Minera 535, promulgada hace más de un año y carente hasta la fecha de su reglamentación, por lo mismo como dijo un dirigente minero, "sólo sirve como florero en la mesa minera". Es más, necesita que se incluya a la ley una razonable escala de orden tributario de tipo general para todas las actividades mineras, sin exclusiones de ningún tipo, pero que respondan a la necesidad de competir con las normas que rigen en países vecinos, donde garantías, incentivos y escala de impuestos favorecen a los fines estatales, pero permiten márgenes de rentabilidad en proporción a los de inversión, trabajo y transferencia tecnológica.
A propósito en el caso de la minería local, no se pudo adelantar proyectos debido a la falta de normativas que permitan al Servicio Geológico Minero (Sergeomin) disponer de los recursos apropiados para desarrollar proyectos de prospección y exploración minera en algunas áreas del departamento. En este caso también se reclama la vigencia plena de la Ley Minera.
Se informó en la secretaría de minería de la gobernación de Oruro, que existen varios proyectos de exploración inconclusos y que pese a la aprobación de 10 millones de bolivianos para esos trabajos, no se puede lograr el desembolso de tales recursos por falta de normativas oficiales. Hay proyectos en Culta, Carangas, Turco y Chullcani que simplemente están paralizados.
Se lamenta que ningún organismo tome en serio el problema de la minería, con una crisis agobiante, con medidas de contingencia, pero con ausencia de normas concretas para la aplicación de la Ley Minera y su respectiva reglamentación, dirigida a facilitar inversiones para exploración y lo que fuese necesario para impulsar nuevos proyectos u otros en curso de ejecución.
Otro tema pendiente y también preocupante es el que corresponde a la rehabilitación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) , un anunciado proceso que está demorando más del tiempo previsto desde que los mineros asalariados plantearon al Ministerio de Minería asumir responsablemente el cambio de estructura de la estatal minera para que se convierta en un ente operativo y deje de ser un pasivo órgano
administrativo.
El compromiso oficial dispuso ese proceso reestructurador de la Comibol, justamente cuando la caída de precios de los minerales impactó en las operaciones de la minería estatal, de eso han pasado muchos meses y el cambio de la Comibol se deja esperar, con lo que las posibilidades de impulsar las actividades productivas de la minería y metalurgia del país siguen siendo parte de un proceso sin objetivos fijos, así lo afirman expertos y trabajadores mineros.
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