En realidad el tema va por los dos lados, pues para trabajar en materia minera se necesita de un contrato que permite al concesionario trabajar en cierta área que le fuera concedida, con lo que sus operaciones serían legales, sin embargo en los hechos el proceso de tener el permiso es bastante complicado y moroso.
Recientemente la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) hizo saber que tiene en mesa por lo menos 2.200 nuevos contratos mineros que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, un proceso que puede demorar algo más de un año, lo que coloca a operadores mineros en un estado de ilegalidad.
En relación al tema, el director jurídico de la Ajam, reveló que existen 2.200 contratos que deben aprobarse de los cuales 1.200 estaban en poder de la Comibol desde el año 2008, esperando la otorgación de derechos mineros, en tanto que otros 1.000 corresponden a nuevas solicitudes que se registran desde febrero de la presente gestión.
Qué pasó con la Comibol que postergó por tanto tiempo la aprobación de más de mil contratos, siendo sus atribuciones de orden administrativo y el curso de esos trámites encajan necesariamente en tal responsabilidad. No hay una explicación sobre el asunto, pero si están los contratos que no han sido legalizados y que en adelante deberá tramitar la Ajam para su regularización.
El proceso de aquí adelante puede ser beneficioso o tornarse más complejo, manteniendo un estado de "ilegalidad forzosa", pues se trata de cumplir normas de reciente aplicación, por ejemplo para la otorgación de derechos mineros además de cumplirse con el paso de "consulta previa" en comunidades, se debe analizar un plan de trabajo que proponen los interesados él mismo que al ser aprobado permite establecer los términos de contrato que en su fase final debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo que instruye la Ley de Minería, hecho que en la práctica puede demorar un año o más tiempo.
El hecho es que en la Cámara de Diputados debe elaborarse un procedimiento de aprobación ya que actualmente sólo se utiliza uno referido a contratos del área de hidrocarburos, por lo mismo desvirtuando el sentido de concesiones mineras.
Como se puede observar, mientras corran esos trámites, algunas operaciones mineras estarían catalogadas como ilegales, por lo mismo que se ha planteado al Gobierno la aprobación de un Decreto Supremo que aplique la figura de un "perdón minero" hasta que se emita el contrato pertinente, cumpliendo las demás regulaciones para trabajar áreas mineras. Con ese DS, se otorgaría un permiso transitorio a los empresarios y personas que estén trabajando en minería y que han efectuado inversiones para labor de explotación minera.
La sugerencia de la Ajam puede ser una medida práctica para incentivar la producción minera, facilitando a los operadores el cumplimiento de sus trámites para no demorar ni interferir proyectos, especialmente de prospección y exploración minera, que permitirán encarar nuevos prospectos mineros.
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