Detalló que en el país hay 2 millones de hectáreas en concesiones mineras y un 15 por ciento está en áreas protegidas.
Con datos a 2014, en el informe del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) figuran la Cooperativa Aurífera Chaca Mayu con ocho cuadrículas; la Cooperativa Jallpa Cueva con dos cuadrículas y la Cooperativa Torrico con 15 cuadrículas. Además, hay concesiones unipersonales con asignaciones de entre 2 a 59 cuadrículas.
“La cuadrícula es la unidad de medida de la concesión minera. Tiene la forma de un volumen piramidal invertido, (…) un cuadrado de 500 metros por lado con una extensión total de 25 hectáreas”, según define la Ley Minera.
Campanini explicó que los datos corresponden al registro de 2014, pues es el último informe del ex Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), sustituido en septiembre del año pasado por el Servicio Geológico Minero (Sergeomin), que no cuenta con datos actualizados.
Este medio solicitó información en la Secretaría de Minería de la Gobernación para precisar la cantidad de concesiones mineras al interior del parque hasta la fecha; pero Pastor Salas, responsable de esa secretaría, señaló que no es de su competencia.
En la oficina regional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) indicaron que es información legal que debe ser solicitada en La Paz.
En la página web del Servicio Nacional de Áreas Protegidas no hay registro de planes de manejo de las áreas protegidas.
Campanini, que realiza investigaciones al respecto, indicó que se constató la extracción de oro en el Tunari, durante una visita realizada al lugar.
El director del Cedib, Marco Gandarillas, informó que la actividad aurífera en el parque afecta directamente a los recursos hídricos, sobre todo por el uso de mercurio para extraer oro.
Explicó que por mandato de la Ley de Minería, tras formalizar las concesiones se procede al establecimiento de contratos administrativos mineros.
El proceso para la obtención de manifiestos ambientales inicia en la Gobernación y se concreta en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, señaló Gandarillas.
“Lo que es gravísimo es que operen sin tener ningún instrumento ambiental y sin cumplir la normativa ambiental, porque este tipo de actividades que realizan (…) causan daños hídricos y a nivel de ecosistemas”, acotó.
Por otra parte, según Gandarillas, cualquier tipo de actividad minera o petrolera supondría reducir los ecosistemas y el estado de conservación de las áreas protegidas.
Contratos en espera
El director de la AJAM, Carlos Soruco, dijo a ANF que no tendría que existir actividad minera en ninguna de las 22 reservas naturales del país, porque no se aprobaron contratos y que, de existir, sería una actividad “ilegal”; pero el Cedib reportó actividad en al menos 7 parques.
La AJAM recibió 160 solicitudes nuevas de empresas mineras para operar en las áreas protegidas
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