Se necesitan elaborar y aplicar planes exploratorios de alta tecnología y debidamente solventados financieramente, para entrar en las profundidades de la tierra en algunos casos o establecer potencialidades mineralizadas en terrenos a cielo abierto, con el único objetivo de habilitar nuevos yacimientos que reemplacen a los que paulatinamente están disminuyendo sus reservas y tienen relativamente muy corta vida.
Es importante que se asuman definiciones desde un nivel superior de mando técnico y administrativo funcional para priorizar el trabajo de prospección y desarrollar exploraciones que habiliten buenos yacimientos para dinamizar una nueva etapa de la minería boliviana que está yaciente en muchas áreas del territorio, esperando su extracción para convertirse en riqueza que incremente las divisas del Estado y las regalías de los departamentos y municipios.
Lo que extraña a varios expertos y analistas, conocedores de la materia, es que no se aprueben medidas de incentivo a la actividad minera, en la misma o por lo menos con aproximación a lo que se hace con el rubro de los hidrocarburos, pues se trata de otra vertiente, por decirlo de ese modo, que proporcionará grandes recursos al Estado y permitirá la creación de muchas fuentes de empleo, bastante más que en el caso petrolero por las condiciones especiales de actividad que tiene la explotación de la riqueza minera.
Se mantiene una larga espera para tener la reglamentación de la Ley Minera, que debe ser el instrumento que optimice el tratamiento de las fases necesarias para la explotación minera, tal el caso de las prospecciones, exploración, definición de las áreas mineralizadas y su explotación. Sólo hasta esa fase se requiere de dos elementos imprescindibles, un buen financiamiento y el tiempo suficiente para completar no uno, sino varios prospectos mineros, los que siendo de gran envergadura, cuentan millones de inversión y varios años de preparación.
Por esas circunstancias que no son ajenas a quienes saben de minería y menos que las ignoren nuestras autoridades del sector, es necesario que no se siga perdiendo tiempo, mientras la competencia de los vecinos avanza a pasos agigantados ampliando sus proyectos mineros, gracias a medidas de seguridad jurídica, incentivos impositivos, clima de tranquilidad y buena predisposición para empujar la gran minería.
Reglas de juego son las que nos faltan para establecer también la funcionalidad técnica del ente matriz de la minería que se supone será la Comibol, totalmente remozada y obligada a mostrar una nueva imagen, con decisiones técnicas y un soporte excepcionalmente fuerte para encarar los proyectos de una nueva minería boliviana.
Una ley sin reglamento después de más de un año de su promulgación, falta del apéndice de orden impositivo a ese mismo instrumento para definir la proporción de las obligaciones tributarias, demora, detiene y evita que potenciales inversionistas definan su participación en las interesantes perspectivas que abre la actividad minera nacional.
No más pérdida de tiempo, políticas claras, seguridad jurídica apropiada, financiamiento acorde con la magnitud de los proyectos y por encima una institución debidamente estructurada, deben ser los objetivos del momento para no seguir perjudicando la minería
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