Cuando se maneja conceptos socio – políticos en materia de minería, los mismos suenan a "hueco", pues de manera fehaciente se comprueba que la ausencia de equipos profesionales con práctica y experiencia, sustituidos por elementos político partidistas, no ha dado resultados satisfactorios, de ahí que la minería se encuentra a "la deriva" como lo señalan algunos dirigentes del sector y lo afirman los profesionales expertos en la materia.
El asunto de la minería es sumamente complicado, tiene una serie de escalas que deben cumplirse objetivamente y que no pueden ser sustituidas con planes de entusiasmo partidista, porque el tema en profundidad es eminentemente técnico y sólo puede ser manejado por personal que alcanzó experiencia a través de la práctica, el estudio y el desarrollo de algunos proyectos.
Por supuesto que además de los profesionales deben ser tomados en cuenta trabajadores y dirigentes que objetivamente han pasado por muchas etapas de la actividad minera, ideal si lo han hecho en interior minera, en un ingenio o en el manejo administrativo de una empresa minera. Se menciona que algunas autoridades, incluyendo ministros o ejecutivos de Comibol, conocen una bocamina sólo por circunstancias figurativas y coyunturales en función de cargos, "visitas" a ciertos niveles mineros, que no significan de modo alguno experiencia en minería.
Esa falla parece constituir una de las falencias en lo que corresponde a la estructura técnica administrativa de la minería estatal y que es común denominador en el funcionamiento de sus organismos internos, desde el ministerio, los vice ministerios, la estatal minera y sus divisiones especiales, donde hay mucha gente y poca efectividad profesional, por lo mismo notoria ineficiencia en delinear y cumplir objetivos de idónea productividad.
La reestructuración de Comibol implícitamente conlleva una reorganización de instituciones ligadas al sistema minero como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y el Senarecom como aliados estratégicos en lo que deberá constituirse más adelante en un Plan de Desarrollo Minero Metalúrgico, avalado con la responsabilidad de expertos y calificados ejecutivos que asuman el reto de poner en marcha con urgencia el plan de salvataje que en nivel de Gobierno surge como un programa de contingencia.
Lo rescatable de este proceso es haber logrado un intercambio de opiniones entre los principales protagonistas de la actividad minera, por un lado las autoridades de Gobierno con el ministro de área a la cabeza, ejecutivos de la Comibol y de otras instituciones afines y lo más importante los representantes de los mineros asalariados que son parte insustituible de la cadena productiva minera y los directos conocedores de la realidad en la minería estatal
Está claro que por cuenta separada el Gobierno tendrá que atender los planteamientos de los mineros "cuentapropistas" que ya han formulado sus pedidos que se refieren expresamente a "soportes" económicos extraordinarios y a la condonación de deudas, precisamente con la Comibol, que entidad que justamente en este periodo de su reestructuración necesita de muchos fondos.
Finalmente con el sector de la minería privada, la mediana y la pequeña, desde el ministerio de minería tendrán que definirse algunas condiciones especiales de salvaguarda de inversiones, de incentivos en materia tributaria, de garantías para el desarrollo de operaciones y la creación de un fondo financiero que permita al sector especialmente el pequeño acceder a créditos de contingencia. El asunto es desarrollar una estrategia que salve la minería en general en función a sus condiciones y necesidades de subsistencia frente a la crisis de los precios bajos.
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