Los conflictos sociales constituyen una pieza decisiva en la actividad minera como efecto inmediato de “intereses económicos y políticos poderosos que están en juego”, sentenció María Soledad Quiroga autora, junto a otros seis profesionales, del libro “La veta del conflicto. Ocho miradas sobre la conflictividad minera en Bolivia (2010-2014)” de la Fundación UNIR.
“Desde la perspectiva económica, el valor estratégico que tiene la minería para los grupos de poder es incuestionable”, señaló a su vez, Alejandro Arze Alegría, otro de los documentalistas que elaboró el libro.
El informe que además tiene a Dionisio Garzón, Eliodoro Sandi, Pablo Poveda, Carlos Arze y Emilio Madrid, de investigadores, fue presentado el miércoles 5 de noviembre, en el Centro de Estudios Superiores (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
CONFLICTO MINERO Dentro del universo de los conflictos sociales, aquellos relativos a disputas por la explotación minera ocupan un sitial central debido a sus rasgos particulares, señala, Alejandro Arze Alegría en el artículo titulado “La Lógica del Conflicto Minero” que forma parte del libro.
Según Arze, la minería siempre fue un foco de conflictos en la sociedad boliviana, sea por su capacidad generadora de riqueza, o por los efectos perniciosos que tiene en la calidad de vida de las personas.
GANANCIAS MILLONARIAS En los últimos años, como resultado de un contexto de precios internacionales favorable para los minerales, los operadores mineros obtienen ganancias extraordinarias, dice el autor.
En 2013, el subsector privado reportó exportaciones valoradas en 2.149 millones de dólares y los cooperativistas vendieron minerales por 660 millones de dólares, cerró cifras el analista en base a estadísticas oficiales del Ministerio de Minería y Metalurgia correspondiente al 2014.
El Estado también percibió ingresos millonarios. El experto dice que ingresaron al Tesoro General del Estado un total de 134 millones de dólares por concepto de regalías.
Arze dice que no es de extrañar que ante el actual estado de cosas, con precios altos para los minerales, aunque comenzaron a bajar los conflictos, en el sector hubieran también crecido.
Los operadores se disputan los yacimientos más ricos, los trabajadores demandan mejores condiciones salariales y laborales como vía de redistribución de parte de la gran riqueza que producen, mencionó Arze al señalar razones y motivos que promueven el conflicto en el sector.
Pero hay más. Según el analista, los réditos millonarios de las empresas del rubro generan expectativas crecientes en las poblaciones donde se explotan los minerales lo que lleva a demandas de participación directa en la explotación de los recursos minerales y/o mayor pago de regalías e inversión pública en sus comunidades lo que acrecienta el conflicto social.
Estadísticas.
Entre el 2010 y 2014
se registraron 203 conflictos con demandas relacionadas a la minería y sus actores.
Alejandro Arze, afirma que esta cantidad de problemas llegó a representar el 4.02 por ciento del total de conflictos del período sujeto a diagnóstico y análisis.
La muestra, a lo largo de los casi cinco años, presentó, sin embargo, oscilaciones entre meses de menor y mayor conflictividad, en los cuales los procesos de ascenso en las cifras parecen responder a eventos que incidieron significativamente en la política pública sectorial, dice el analista.
Duración.
La duración promedio de los conflictos mineros llegó a 22 días, el doble de lo que duró en otros conflictos sectoriales que en general tienen 11 días, dice Arze.
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