La Ley Minera ha sido promulgada pero su aplicación práctica dista mucho de ser el factor que permita mover todos los hilos que hagan posible encaminar su complejo aparato estratégico hacia fines de alta productividad y cumplimiento de ciertas metas que no se concretarán si primero no se aprueba una política minera que responda a la expectativa de todos los sectores que componen el importante rubro de explotación de nuestros recursos mineralógicos.
Hay que partir del respeto a lo que manda la Carta Magna y en este caso al derecho que tienen todos los bolivianos sobre la propiedad de los recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos y los mineros. Qué significa esto, simplemente que pese a otras disposiciones de coyuntura, como la consulta previa o el favoritismo parcializado hacia una parte de los protagonistas de la actividad minera, el beneficio real debe ser compartido en términos de solidaria racionalidad.
La minería ha sido parte de importantes periodos de sostenimiento de la economía nacional y en la actualidad no alcanza un óptimo rendimiento, debido a la falta de esa tan requerida y esperada "política minera boliviana" que permita disponer recursos económicos para apoyar los emprendimientos que se consideran estratégicos y por lo mismo deben ser parte de la política minera que contemple además el movimiento garantizado de inversiones nacionales o extranjeras y se dinamice la minería en conjunto, estatal, privada y de las cooperativas.
Las estadísticas que manejan organismos como el INE, el mismo Ministerio de Minería y la Comibol, establecen que el sector mediano privado es el que genera mayores impuestos y regalías, están luego las cooperativas y después el sector estatal, aunque es bueno reconocer como hecho particular el aporte de la minería pequeña, que mantiene fuentes de empleo, que tributa pero que se siente desprotegida y aislada en lo que corresponde a incentivos para encarar su fortalecimiento.
Problemas internos
La minería está atravesando por una serie de problemas "internos", así definidos por sus actuales autoridades, especialmente con los avasallamientos a concesiones mineras legales, creando desconcierto entre actos mineros y permitiendo indirectamente la ilegalidad de comunarios agrarios que trabajan por temporadas en minería, pero afectando derechos de mineros asalariados o como surge una figura reciente, organizando más cooperativas para tomar áreas de explotación minera.
En la minería estatal si bien se disponen algunos fideicomisos para respaldar proyectos mineros, el caso de Huanuni y su ingenio, o la Metalúrgica de Vinto, Karachipampa que todavía no funciona, planes de exploración que demoran mucho más de las previsiones técnicas, Mallku Khota por ejemplo, son muestra de la carencia de esa política que debería extender sus ramas para desarrollar verdaderos proyectos de rentabilidad económica, lo que significa primero, muchas fuentes de empleo y luego beneficios para el Estado y las regiones.
A lo que debe aspirarse es a la definición de la "política minera boliviana" que tenga similar respaldo que el rubro hidrocarburífero y que además los planes sean encomendados a profesionales del sector, contratando a los mejores para garantizar efectividad productiva.
Hay que esperar una adecuada reglamentación, por ejemplo en el acuciante asunto de la "consulta previa", que si bien debe garantizar "limpieza" en las operaciones como sucede con el gas o petróleo, también se deben optimizar las operaciones mineras, que no pueden ser rechazadas si de algún modo no son admitidas algunas expectativas de comunaríos originarios.
La delicada situación pasa por la proyección, estudio, análisis y aprobación entre representantes de los sectores mineros, del complemento a la Ley Minera y que consiste en la política sectorial que establezca condiciones precisas para que se atiendan en el Ejecutivo, de modo que en corto tiempo, la minería, entre en fase de rentabilidad práctica y se amplíen los proyectos hacia la fase inmediata de la industrialización de nuestros commodities mineros.
Qué pasará con la
Comibol
Como dicen en ciertos niveles, es la pregunta del millón… entendiendo que en los pasados días el Gobierno admitió la existencia de un tráfico de influencias en la Corporación Minera de Bolivia,
Comibol.
Para los expertos y entendidos en la materia el hecho no es ninguna novedad, pues antes y en los mejores tiempos de la Comibol posteriormente durante los procesos políticos nacionales, gobiernos de facto, y aún en el tiempo de la democracia reinante, la Comibol sirvió para favorecer intereses particulares, con el manejo irregular de fondos, con el favoritismo de concesiones mineras, con la entrega de equipos y herramientas en condiciones ventajosas y por supuesto con la práctica de un nepotismo indisimulado que favoreció a gente próxima a ejecutivos y directores de la estatal minera.
Lo importante del hecho actual es que se espera el resultado de una auditoria, digamos actualizada, pero que retroceda en el tiempo para establecer el tráfico de influencias y la responsabilidad de ex presidentes y otras altas autoridades de la Comibol en ese hecho ilegal. No hay tiempo establecido para el final de ese trabajo, pero será importante saber al detalle quiénes fueron los que usufructuaron de los cargos jerárquicos en la Comibol.
Más allá de esa investigación, dentro el mismo plan de imponer una política minera nacional, la Comibol debe ser objeto de un reajuste general que comience en la reestructuración de sus deberes y obligaciones como cabeza del sector minero y que tales responsabilidades se encomienden a los mejores profesionales del área, preferentemente sin ninguna ligazón política partidaria, pues en los últimos años esa condición del afecto a siglas oficiales ha sido la causa del retraso en disponer la verdadera reactivación de nuestra minería.
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