El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, dijo ayer que ni una sola autoridad que haya firmado contratos mineros lesivos contra el Estado será “protegida”. Recordó que existe una denuncia contra exejecutivos de la Comibol ante la Fiscalía por autorizar esos convenios.
El titular de esa cartera de Estado precisó que la denuncia fue presentada contra quienes estuvieron de presidentes y gerentes en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) entre 1995 y 2005, puesto que tenían bajo su responsabilidad la firma de contratos. Adelantó que las investigaciones se ampliarán hasta después de 2005.
“Si nosotros hacemos alguna actitud que dañe los interese del Estado, tenemos que ser sancionados por las normas, por lo tanto de ninguna manera se va a proteger a ninguna autoridad. Y reitero, ya se ha hecho la representación al Ministerio Público y se tienen que establecer los niveles de responsabilidad”, advirtió Navarro.
El 24 de abril de este año, La Razón informó que la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue siete contratos firmados entre cooperativas mineras y empresas privadas en los que se encontraron algunas irregularidades.
En esa oportunidad, la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, explicó que con la denuncia presentada se busca que se procese a los responsables de esos contratos por los delitos de daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y otras figuras penales.
Arce informó entonces que esas irregularidades fueron detectadas en la auditoría a 42 contratos que iniciaron ambas instancias gubernamentales desde el 8 de abril con el precintando de tres oficinas de la Comibol.
En la conferencia de prensa, Navarro reiteró que esos contratos mineros no solo fueron dañinos, sino que en ese periodo de “neoliberalismo” la actividad minera nunca se desarrolló como debía. “Reitero, los siete (contratos) no son los últimos ni serán los únicos, pero necesitamos establecer los niveles de responsabilidad”.
Del 100% de utilidades que se generaban en las empresas, la Comibol se quedaba con el 2,5% que no fue destinada a desarrollar la actividad minera, sino a “mantener la burocracia en la Comibol”. Por lo tanto, esos recursos fueron para garantizar sus propios ingresos, complementó Navarro. Sin embargo, no supo precisar cuántas autoridades desde 2006 —año en que se inició la gestión de gobierno del presidente Evo Morales— serán investigadas por esos contratos.
Ministerios. Navarro acotó que de 2006 en adelante, incluyendo él, son ocho los que ocuparon el cargo de ministro de Minería y Metalurgia. “Si bien manifesté la investigación hasta el 2005, de ninguna manera será solo hasta ese año”, reiteró la autoridad.
El Procurador aclaró, el 24 de abril, que algunos de los siete contratos tienen cláusulas de solución de controversias para que éstos puedan ser sometidos a los sistemas de arbitraje internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución que depende del Banco Mundial (BM) y que tiene su sede en Washington.
El análisis y la auditoría que identificó la irregularidad a esos siete contratos se basó en la Constitución Política del Estado (CPE) del 2 de febrero de 1967 (vigente hasta antes de 2009), la cual establecía la protección de los recursos naturales y un régimen de naturaleza social de cooperativa, los cuales habrían sido violados, señaló Héctor Arce el día que presentó la denuncia ante el Ministerio Público.
La revisión de los documentos fue también con base en el Código de Minería (aprobado en marzo de 1997) y que estuvo vigente hasta antes del 28 de mayo de este año, día en el que se promulgó la nueva Ley de Minería y Metalurgia en la ciudad de Oruro.
Datos del área de minería
Norma
El día de la promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que los empresarios que no están de acuerdo con las nuevas reglas pueden retirarse.
Denuncia
El 8 de abril de este año se procedió al precintado de tres oficinas de la Comibol tras la “denuncia general” presentada por el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, por “presuntos contratos lesivos al Estado” suscritos entre cooperativistas y algunas empresas privadas.
Pedido
En la posesión del nuevo ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, el 8 de abril, el presidente Evo Morales denunció que hubo “intereses ocultos” en el equipo saliente del extitular de esa cartera, Mario Virreira, por no defender la Constitución Política del Estado respecto a los contratos. Además, le encomendó cuatro tareas inmediatas. La primera era realizar una “auditoría profunda” a los contratos entre cooperativas y privadas.
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