Del entusiasmo de la Ley aprobada a la realidad de la situación minera, hay un trecho que se debe recorrer y sería conveniente hacerlo en el tiempo más corto posible para que no se prolongue un claro perjuicio a la economía boliviana que no está aprovechando el potencial de sus yacimientos mineros que están diseminados a lo largo y ancho del país, con zonas más privilegiadas que otras pero igualmente importantes en la perspectiva minera nacional.
La Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada el 28 de mayo del presente año en la ciudad de Oruro en una concentración de trabajadores mineros, tiene como objetivo imperioso…"diversificar las inversiones y promover la cadena de industrialización minera desde la exploración de nuestros yacimientos".
Suena interesante la exposición general de los objetivos del nuevo instrumento que norme la actividad minera nacional, empero la cruda realidad es que este rubro productivo, considerado el segundo en importancia después del gas, no está en el mismo nivel de tratamiento de este último insumo porque aún no están dadas las condiciones propicias para levantar al sector (minero) y ponerlo en el parangón de los hidrocarburos.
Promulgada la norma oficialmente, "el Estado retoma constitucionalmente la dirección, administración y control sobre los recursos minerales en resguardo de los intereses del pueblo boliviano, como único propietario" (de la riqueza minera).
El hecho es que si bien la nueva ley fue trabajada (redactada) "con sudor de los trabajadores y tiene olor y sabor y escritura de mineros, es el mejor ejemplo de construcción popular". La Ley Minera está enmarcada en la Constitución Política del Estado CPE; promulgada el 2009 y reconoce como actores mineros a tres sectores, el privado, el estatal y el cooperativizado.
En los hechos, como se observa en el último tiempo, uno de esos sectores resulta el mayormente beneficiado con medidas especiales de apoyo para poder encarar su fase productiva. Si bien se han escuchado voces de la minería estatal y del sector privado, reclamando mayor atención y de manera especial la adecuación de una "estratégica política minera", persisten algunas trabas "indirectas" a los procesos de inversión y producción.
En ese contexto sobresalen ejemplos muy concretos, como el caso de los avasallamientos a concesiones privadas, la poca seguridad de inversión, al no garantizarse una operación completa entre los procesos de prospección, exploración y las fases de explotación y exportación del producto, quedan en duda las buenas intenciones todavía teóricas del instrumento legal.
El hecho de que la Ley Minera esté enmarcada a la CPE, obliga a un estudio urgente de un reglamento que haga viable el proceso de la "consulta previa" en función a la dimensión de un determinado proyecto minero, que demuestra en su prospección el beneficio de su futura explotación para favorecer al Estado y las comunidades de su entorno. Lógicamente garantizando ciertas normas, especialmente las que tienen que ver con el respeto al medio ambiente.
Para aplicar esa lógica hay que acudir a los procesos de exploración petrolera y exigir a las autoridades que actúen del mismo modo, priorizando el interés nacional y colectivo, partiendo del derecho propietario de los bolivianos sobre los recursos naturales del país, especialmente los no renovables.
Desde el Gobierno se dispone de importantes presupuestos para exploración de hidrocarburos y especialmente gas. Se han logrado interesantes convenios de acción societaria con grandes empresas petroleras internacionales y se están obteniendo resultados positivos, generando mayor producción de la riqueza hidrocarburífera nacional con alentadores resultados y beneficios colectivos.
Pese a que el vice mandatario del país da la bienvenida y garantiza "respeto y protección" a la inversión extranjera siempre que la misma esté de acuerdo con las normas impositivas y el respeto al medio ambiente y responsabilidad social, los observadores señalan que lo que falta son tres elementos sustanciales para que se cumplan esos propósitos, un reglamento específico de la Ley, la aplicación de una verdadera "Política Estratégica para la Minería Boliviana" y la complementación relativa al sistema tributario, que debe aprobar el ministerio de finanzas, pero cuanto antes mejor, pues las dudas persisten entre los actores de la actividad minera.
Lo que no se puede explicar, pese al tiempo transcurrido con varias personas que pasaron por el despacho del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), no se hubiera trabajado en la elaboración de esa reclamada "política minera" aún sin tener primero la Ley, porque en función a las necesidades del sector minero son muy claras y muy concretas las alternativas para movilizar la "cadena productiva" del sector, es decir estructurar un proyecto de actividades que contemplen los planes de prospección y explotación, la definición del uso de ciertos yacimientos, los procesos de explotación y luego su comercialización sin descuidar la visión inmediata de pasar a la fase de la industrialización de nuestros recursos mineralógicos para que con su valor agregado nos permita recuperar las utilidades reales necesarias para fortalecer la economía nacional.
Ahora hay que recuperar el tiempo perdido y motivar la responsabilidad de las actuales autoridades para completar el proceso de aplicación de la flamante ley, con un adecuado reglamento, con su política definida que contemple iguales o mejores incentivos para el buen uso de nuestros recursos mineros y con un sistema tributario competitivo, de atracción de capitales y en ningún caso para ahuyentar inversiones.
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