Es un problema que lamentablemente data de hace años atrás y que es el producto de confundir, lamentablemente a través de disposiciones oficiales, el buen uso de "tierra y territorio", pero además de "suelo y subsuelo", como si fuera poco de establecer que los "comunarios originarios" otorguen permiso para el uso de la tierra allí donde existen yacimientos petrolíferos y mineros.
La situación se presenta de ese modo, absolutamente conflictivo pero establecido asimismo en la normativa que rige el desarrollo de actividades para todos y cada uno de los bolivianos.
Hace mucho tiempo que el problema rebasó inclusive la paciencia del Primer Mandatario, justamente cuando "originarios" se opusieron a una prospección petrolera obligando a una protesta del Gobernante cuando dijo dio a entender que "si no nos permiten explorar, no hay de dónde sacar recursos" se supone para explotarlos y comercializarlos.
Sin embargo los problemas se han ido sucediendo mayormente en el ámbito de la minería, los avasallamientos son muchos y no han tenido solución, pues están en "etapa de investigación" las arbitrarias abusivas y violentas ocupaciones de la mina Himalaya en jurisdicción de La Paz, hace tres años el caso de la mina Caracoles en 2004, ocupada por cooperativistas o la situación sin arreglo de la ocupación a la mina Laramcota, también en La Paz, el caso de otra mina privada en la jurisdicción de territorio orureño y avasallada por los comunarios de una provincia cochabambina, como otras minas privadas en el espacio minero departamental que afectaron a industriales mineros de Oruro.
Hay otros problemas de avasallamiento indirecto, presionado por las "bases de originarios" en la zona limítrofe entre Oruro y Potosí, donde rige la "ley del más fuerte" y donde no llega la seguridad policial y menos la judicial.
Lo último acontece en otra provincia de La Paz, cuando campesinos de la provincia Inquisivi ocupan violentamente utilizando dinamitas el campamento de la mina Sayaquira que administra la empresa privada Barrosquira desde hace más de 30 años. Los trabajadores asalariados de esa mina tuvieron que abandonar sus viviendas, ponerse a buen recaudo ante la violencia de centenares de campesinos que todavía ocupan la propiedad minera.
Se trata de otro acto absolutamente ilegal, con una demostración abierta de tanta violencia que hasta los pocos guardianes policiales tuvieron que huir para no ser víctimas de los avasalladores que destruyeron viviendas, equipos y según las denuncias se adueñaron de bienes de los mineros en una muestra muy clara del vandalismo que permite una implícita "licencia de avasallamiento", dadas las condiciones vigentes, cuando ninguna otra de las minas ocupadas han sido restituidas a sus administradores legales.
Esta es la situación más negativa que vive el país, en materia de respaldar la minería como el factor más importante para la economía nacional. Está claro que así se disponga de una nueva ley, si la misma no pone coto a estas arbitrariedades el futuro de la minería boliviana está en peligro y con tal situación gran porcentaje de los ingresos para el TGN.
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