De un tiempo a esta parte las actividades mineras atraviesan por algunos problemas específicamente de tipo financiero, puesto que más allá de los proyectos que están en marcha no se vislumbran otros a mediano plazo, peor aún si se trata de corto tiempo, pues resulta que la falta de garantías, carencia de adecuadas reglas de control, equidad en condiciones de apoyo a los subsectores de la minería ponen en vilo a los pocos inversionistas que están viviendo un proceso de prolongada incertidumbre.
En la gestión se habló de dinamizar la elaboración del anteproyecto de la nueva ley minera y tener ese instrumento a principio de año, empero ha pasado el tiempo y las circunstancias muestran que todavía faltan algunos detalles muy importantes para socializar el documento en borrador, alcanzar consenso entre los directos protagonistas de la actividad minera y aplicar el instrumento, ojalá fuese con verdaderas condiciones de incentivo, fomento y garantías a la actividad minera en todos sus sectores.
Los recursos naturales están diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional, con mayores y bondadosos yacimientos en algunos sectores como el occidente del país, pero igualmente con maravillosas condiciones de riqueza en la zona oriental de nuestra geografía. Hay reservas estratégicas de ciertos minerales entre los dos sectores que actualmente cobijan a los proyectos más importantes de la producción minera.
Lo que realmente falta es un plan general que impulse con adecuado respaldo financiero un amplio proceso de exploración de nuevos yacimientos para luego prospectarlos, definir su potencialidad y encarar decididamente su explotación, aplicando las nuevas condiciones de una minería moderna que preserva el medio ambiente y favorece a los sectores sociales del entorno en que se cumplan las operaciones mineras.
Las condiciones vigentes son las que preocupan a los inversionistas y alteran además los planes de continuidad productiva toda vez que está vigente una norma sin adecuada reglamentación que privilegia condiciones especiales que están utilizando los comunarios de varias regiones, primero para advertir que no pueden efectuarse operaciones de ninguna clase, ni siquiera las de exploración si antes no se cumple con la "consulta a los originarios" y estos la otorguen con las garantías pertinentes.
La consecuencia de una ilógica normativa, más política que práctica, complica a las autoridades de gobierno, especialmente por las consecuencias que acarrean los avasallamientos a propiedades mineras, la confrontación de comunarios con mineros o de estos con cooperativistas, el perjuicio causado a muchas familias de asalariados mineros, que han perdido viviendas y enseres por el atropello respaldado en la "consulta previa" que se ha convertido en "avasallamiento sin consulta".
Varios empresarios privados esperan la acción de la justicia –que no llega– para recuperar maquinaria, herramientas y minerales que usurparon o se apoderaron los avasalladores. Ha transcurrido mucho tiempo y no se han restablecido las condiciones de legalidad y seguridad que debe imperar en el país, preservando la propiedad privada, con garantías plenas y respeto a las leyes y los derechos de las personas para dar continuidad a los procesos de producción que mínimamente necesitan de un ambiente de armonía y coincidencia de propósitos para cumplir objetivos de beneficio común.
INVERSIONES ESTATALES
Las inversiones realizadas por el Estado siempre son posibles dadas las facilidades de plantearlas y correr acelerados trámites para su aprobación y desembolsos cuando funcionan los engranajes adecuados, de ahí que es posible impulsar ese sector minero (el estatal) así sea en los proyectos que se desarrollan, caso de Huanuni, la Fundición de Vinto y ojalá hasta fin de año el complejo de Karachipampa, el elefante blanco que dará sus primeros pasos.
Mención especial merece el proyecto del litio que ha recibido ya un importante soporte financiero para impulsar el funcionamiento de la planta piloto en Uyuni donde se espera alcanzar –más adelante– el proceso de industrialización de las materias primas hasta transformarlas en baterías y pilas de litio.
De acuerdo a la previsión del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) a través de sus viceministerios respectivos se calcula que la inversión en el presente año podría llegar a 347 millones de dólares, que impulsarán las tareas ya señaladas en esa cadena de concentrados y fundición.
También se consignan nuevos proyectos, complementarios por ejemplo a la producción de Huanuni, eso significa la instalación de un nuevo ingenio, la construcción de dos plantas de tratamiento de zinc, una en Oruro y la otra en Potosí, además de apurar la habilitación de otro complejo en Machacamarca.
TRABAJOS DE EXPLORACIÓN
Desde la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) su principal ejecutivo reiteró que se dispondrán aproximadamente 23 millones de bolivianos para encarar los planes de exploración minera en los departamentos de Oruro, Potosí, La Paz y en Santa Cruz donde se espera confirmar nuevos yacimientos mineros para aumentar la producción minera estatal. Algo interesante es señalar que para los fines exploratorios la Comibol adquirió equipos especiales que serán habilitados en las jornadas de exploración.
MINERÍA CHICA
La esperanza es que también se canalicen recursos a través de fondos especiales para favorecer a los mineros chicos, que igualmente están empeñados en localizar nuevos yacimientos o ampliar los que actualmente están explotando.
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