No es un hecho reciente el interés de empresas extranjeras privadas y otras muchas estatales de varios países se patentiza en las constantes ofertas que llegan hasta las autoridades del Gobierno, pero especialmente al Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM)y también a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
En corto periodo de gestión minera de alta promoción, especialmente para el desarrollo de megaproyectos, caso particular del litio, las ofertas "llovieron" por lo menos tal fue la apreciación de las autoridades mineras del país. Y es cierto porque hasta el presente y desde los últimos tres años las propuestas no han cesado de llegar y ubicarse en canastillos de los ejecutivos del MMM para su evaluación pertinente y su posible tratamiento.
Las más importantes correspondieron a ofertas asiáticas, entre las cuales parece que estaría una con prioridad de atención, para el caso del litio, aunque por la dimensión del proyecto y derivados posiblemente se diversifique la opción de trabajar con más de una empresa. Las hay de Japón, Corea, China pero también de Francia, Finlandia, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido pero ya en la diversidad de ofertas para la explotación de otros minerales se incluyen también propuestas de España, Venezuela, Brasil, inclusive Chile que apuntan a invertir en el oro, plata, zinc, cobre y antimonio.
El problema es que si bien se adelantan algunas perspectivas, pero aún no se las define, es porque hay una carencia de "reglas claras", las que están en proceso de inclusión y aprobación en la nueva Ley de Minería y que de algún modo solucionarían los vacíos existentes en la actual coyuntura de proponer y esperar adecuación correcta para que su vigencia permita la inversión necesaria y la misma esté plenamente garantizada.
Hay que poner atención a una alternativa oficial y que permite al Estado, aún sin ley minera, suscribir contratos de inversión, por tanto si se trata de una decisión exclusivamente estatal, no es necesario el marco legal que estaría faltando para otro tipo de convenios, por ejemplo entre emprendedores privados. La normativa que está en la CPE ampara al Gobierno para suscribir contratos de inversión.
Por lo visto en el ámbito oficial no hay mucha preocupación por una supuesta "ausencia de capitales", pues algunas ofertas como las dirigidas al caso del litio son justamente las que pueden acomodarse a la regulación estatal.
Sin embargo hay que pensar que otros planes no deberían quedar pendientes de las seguridades que exigen los inversionistas y que de todos modos deben pasar por un examen particular por parte de quienes desean aportar capitales y tecnología, pero que aún no encuentran las seguridades para hacerlo en tanto no se definan las reglas de juego.
El tema especial corresponde a evitar los avasallamientos y garantizar las futuras tareas que consignen empresarios nacionales o extranjeros, que como en Perú o Chile invierten y desarrollan enormes proyectos de alta rentabilidad con beneficios compartidos con el Estado y efecto favorable para comunidades donde se cumplen sus operaciones. De momento la incertidumbre persiste.
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