A raíz de últimos avasallamientos sucedidos en minas ubicadas en jurisdicción de La Paz, caso de la mina Himalaya que permanece ocupada desde hace mucho tiempo y sin solución legal y práctica por parte de las autoridades o el último caso en Sayaquira, provincia Inquisivi, también de La Paz, la situación se torna cada vez más compleja en función de buscar soluciones adecuadas que sin embargo no contradigan la vigencia de una normativa que abre las puertas del avasallamiento a los comunarios de ciertas localidades donde se realizan operaciones mineras… o despierta un marcado interés entre ex trabajadores mineros que en busca de empleo compiten entre cooperativistas mineros para asegurarse ocupación rentable.
Hay necesidad de tranquilizar a los productores mineros, especialmente a los inversionistas que observan con mucha incertidumbre la situación reinante en materia de garantías para los emprendimientos de la minería, desde la chica y por supuesto pasando por la mediana para dejar en suspenso a la más grande que concentrará su fuerza en los megaproyectos del hierro y el litio.
Naturalmente en la posición intermedia está la minería estatal, que quiérase o no es la más favorecida actualmente por los compromisos contraídos a nivel oficial para mejorar por ejemplo los índices de producción en Huanuni o los procesos metalúrgicos en la fundición de Vinto – Oruro, y el añadido de la puesta en marcha – seguramente muy pronto – del complejo de Karachipampa. Se añade un trato también singular por parte del Estado al sector de los cooperativistas mineros, que aprovechan la coyuntura para crear más grupos de actividad minera, pero sin cumplir algunos requisitos que se hacen imprescindibles para los productores privados.
RESPETO A LAS CONCESIONES
Frente a las dudas reinantes, la incomodidad de algunos empresarios mineros, las frecuentes incursiones de comunarios avasalladores de la propiedad privada se hace necesaria conocer la decisión gubernamental que devuelva seguridad a las inversiones y garantías para encarar el crecimiento de la producción minera.
La posición expresada por el titular de la cartera de Minería y Metalurgia del país, José Pimentel, como sucede en el interior de la mina cuando los trabajadores respiran por una "chimenea" una "bocanada" de aire limpio que les permite cargar los pulmones para seguir en la dura tarea cotidiana. Así sienten los productores la afirmación del ministro al asegurar "que el Gobierno hará respetar las concesiones mineras que han sido otorgadas en forma legal" asegurando luego que "su despacho no reconocerá ninguna toma que se realice a los centros mineros, las cuales serán tildadas de explotación ilegal".
Es importante rescatar el resto de la declaración del ministro de Minería y Metalurgia (MMM) José Pimentel cuando señala: "El Gobierno quiere reiterar que las concesiones mineras hoy, con el nombre de licencias transitorias que han sido otorgadas por el Gobierno, las vamos a hacer respetar y no vamos a permitir que haya una superposición y explotación de carácter clandestino. La Constitución Política del Estado establece los derechos preconstituidos de las concesiones hasta su migración a contratos de trabajo", aseguró la principal autoridad de la actividad minera en el país.
Se trata de una aclaración, ojala oportuna, de la autoridad respecto a la situación reinante, especialmente con un reciente avasallamiento a la mina Sayaquira con graves daños a la propiedad privada e inclusive vulnerando los derechos de trabajadores mineros y sus familias que fueron seriamente perjudicados por arbitrarios comunarios. A propósito el caso de Mina Himalaya no ha sido resuelto y el hecho de que actualmente se realice una fiscalización sobre la entrega de minerales que explotan los avasalladores no resuelve el despojo que sufrieron empresarios y mineros asalariados.
¿Cómo hacer respetar las concesiones? He ahí la pregunta del millón, como lo plantearían animadores de la TV, pero sin resolver de manera práctica el fondo del problema que tiene connotaciones especiales en la falta de empleo seguro para el sector de trabajadores agrarios y ganaderos, al no desarrollarse de manera apropiada los planes que se alientan para el sector y que demoran demasiado en cubrir las expectativas de vida de los comunarios, obligados a buscar sobrevivencia haciéndolo por la vía ilegal del uso de la fuerza para incursionar en la minería, abandonando sus tradicionales ocupaciones, tentados además por la acción mediática de los medios que mencionan los beneficios de los precios altos en la venta de minerales.
El asunto del respeto a las concesiones aparece como un simple enunciado si la propia autoridad al referirse a un planteamiento de comunarios próximos a la mina Sayaquira que desean "alquilar tres áreas de trabajo" y que según el ministro Pimentel "es algo irrenunciable para los comunarios" (...) por tanto se vuelve al principio del problema, donde está faltando aclaración específica sobre los "derechos de comunarios" y el respeto legal a las concesiones mineras, a las disposiciones legales y también a los "derechos ciudadanos" que precautelan la propiedad privada.
Parece que es cuestión de aclaración sobre el contenido de la "normativa" que se insertó en la CPE, pero que adolece de una necesaria reglamentación que defina responsabilidades, derechos y obligaciones sobre el uso de la tierra, el suelo y el subsuelo y el derecho de todos los bolivianos a defender el uso apropiado de nuestros recursos naturales, sin caprichosas posiciones que alteren o pongan en riesgo importantes planes de desarrollo colectivo, como el caso de los hidrocarburos o la minería.
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