En el caso de la actividad minera privada, consignando los sectores chico y mediano inclusive el de los cooperativistas, se confrontan serios problemas por el factor adverso de avasallamientos impulsados por intereses de los campesinos que prefieren abandonar sus tareas "originarias" de agricultura y/o ganadería para incorporarse a las tareas de la minería.
Este fenómeno si bien se daba de forma eventual hace mucho tiempo atrás y que generaba investigaciones y sanciones a los culpables, en el último tiempo se ha convertido en un aparente "acto de reivindicación social" de comunarios originarios, pero bajo el amparo de disposiciones contenidas en la CPE, aunque no debidamente reglamentadas.
Los dos factores inciden en la situación, lo que puede estar bajo el amparo legal y lo que debería considerarse acciones "fuera de la ley".
Según el titular de la cartera de Minería "se garantiza la inversión privada en el sector minero" pero… paralelamente a esa apreciación hay otra que preocupa cuando la misma autoridad señala que "el Gobierno no utilizará la fuerza policial para recuperar las concesiones avasalladas por comunarios". Aunque además mencione como forma compensatoria la intención de "apelar al diálogo para solucionar los conflictos".
Lo que sucede es que hasta el presente no se conoce de ningún arreglo entre las autoridades de Gobierno y sectores de avasalladores que haya culminado de manera feliz, es decir con la recuperación de bienes, reconocimiento de daños y restablecimiento de garantías para el desarrollo de tareas regulares.
En algo tiene razón la autoridad y es que "hay riesgos en querer retomar un yacimiento, por la reacción de las partes en conflicto", hecho que puede complicarse mucho más si los ánimos exacerbados producen enfrentamientos que como en algunos casos, produjo víctimas inclusive fatales, creando mayor resistencia entre los afectados.
Pero los analistas de la situación reinante son cautelosos al señalar que "si no se asumen medidas enmarcadas en las leyes los actos ilegales pueden crear serios problemas al Gobierno, ahuyentando las inversiones y dando paso a un estado caótico que no le favorece en nada a la minería".
Hay que entender que los hechos ya producidos han dejado una estela de incertidumbre entre los trabajadores mineros y los empresarios al no haberse restablecido condiciones favorables para seguir operando en esas minas en las que han quedado los avasalladores como "amos", los empresarios están confrontando las pérdidas y los trabajadores regulares son ahora desocupados, sin derecho a reclamo, ni mucho menos a pensar en una compensación por los perjuicios causados por el avasallamiento.
Así están las cosas y en este periodo especial que puede denominarse de transición entre la vigencia todavía de un código de minería, en la aplicación de algunas medidas transitorias en lo que a concesiones se refiere, en la implícita tolerancia a las ocupaciones irregulares de la propiedad privada y en la perspectiva de tener en breve una nueva Ley de Minería, corresponde el establecer condiciones apropiadas para que las partes ligadas de manera directa a la actividad minera establezcan sus puntos de vista, hasta conciliar criterios que hagan viable un futuro instrumento que no contradiga principios, que se ajuste a las disposiciones superiores y que sobre todo permita el desarrollo de proyectos para explorar nuevos yacimientos para diseñar su explotación, para recuperar esa riqueza y ponerla en los mercados externos, mejor si fuese en cada caso con valor agregado para fortalecer la economía del país en su conjunto.
De algo hay que estar seguros y es que la minería necesita de condiciones especiales para su desarrollo pleno, empezando por las debidas garantías para la disposición de capitales, incorporación de nueva tecnología y el desarrollo de proyectos que reditúen utilidades para el TGN, para las regiones y por supuesto para los trabajadores. Pero además algo importante es que exista un clima de absoluta tranquilidad, posibilidad segura para que no se alteren los planes generalmente de largo plazo que necesitan las operaciones mineras.
Algo más, es tener suficiente apoyo por parte del Estado para impulsar ciertas iniciativas productivas que necesitan particularmente soportes financieros para su crecimiento y sostenimiento, tal el caso del establecimiento de un Banco de Fomento Minero, que sigue siendo reclamado por el sector minero privado.
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