Empíricamente, los países como Bolivia, atraviesan problemas económicos que hacen que las soluciones ambientales presenten serias dificultades para ser implementadas. En primer lugar, los bajos niveles de ingreso promedio percibidos y las actuales tasas de desempleo generan una situación donde la valoración de los beneficios por percepción de ingresos y obtención o mantenimiento de un empleo es mucho mayor que la valoración de los perjuicios (monetarios o no) ocasionados por un determinado problema ambiental. En segundo lugar, la situación de la capacidad institucional de los agentes reguladores y del Estado en general juega un rol importante. Esta importancia es mayor en un contexto donde: la política ambiental no fue una prioridad dentro de las políticas de gobiernos anteriores, hoy se trata de cambiar este aspecto pero se vuelve a tropezar con los mismos problemas, los costos de monitoreo e implementación de estándares u otros instrumentos son significativamente elevados, y donde no se cuenta con suficiente personal capacitado, ni con asignaciones de presupuesto para adquisición de equipos y laboratorios sofisticados.
La generalización del conflicto entre contaminación o desempleo ante cualquier intento de solucionar un determinado problema ambiental, es la aseveración comúnmente empleada por las actividades productivas que contaminan en mayor o menor grado (no sólo la minería), en nuestro país. Es un argumento o pretexto utilizado para continuar operando sin restricciones, al margen de la legislación ambiental vigente y de toda responsabilidad con otros agentes económicos.
Ante este panorama, surgen algunas interrogantes generales: ¿Cuál es el verdadero origen del dilema entre contaminación o desempleo para un conjunto de productores inmersos dentro de una economía con tendencia al libre mercado donde se supone que los productores ineficientes deben salir naturalmente del mercado?,¿No será que las fallas de mercados específicos son generadas por los mismos agentes contaminadores que dificultan la introducción de tecnologías limpias?, ¿Qué otros impactos negativos sobre el bienestar social, aparte del costo ambiental, generan las ineficiencias en la misma actividad de la pequeña minería?.
MEDMIN, a lo largo de su existencia como Programa y ahora como Fundación ha pretendido encontrar las directrices hacia una internalización de costos ambientales que sea aplicable en un corto plazo, que tenga una perspectiva dinámica, y que integre los aspectos social, institucional, económico y ecológico.
Y ha desarrollado sus actividades en un sector donde la aplicación de las medidas ambientales se ubican en un escenario donde la postergación y evasión de responsabilidades han marcado las directrices de una política ambiental poco aplicada. Por lo general, ocurre que las autoridades ambientales y los pequeños mineros argumentan que la implementación de medidas de mitigación ambiental técnicamente costosas, económicamente inviables y socialmente no aceptadas, cuentan con una alta probabilidad de sacar del mercado a los productores mineros, de los que además dependen directa e indirectamente otras actividades económicas.
En el caso del trabajo de MEDMIN, en alianza con otras instituciones de investigación como son las universidades y otros programas de apoyo, buscó las soluciones técnicamente factibles para las pequeñas plantas de beneficio de minerales, principalmente auríferos. Su implementación presentó varias restricciones de carácter financiero. La aplicación de las soluciones ambientales implicó el financiamiento de pequeñas inversiones y nuevos costos, los cuales sin embargo, aumentaron los ingresos netos de los mineros. Ante esta situación, una solución ambiental sólo será deseable y factible cuando logre incrementar los índices de rentabilidad de las operaciones de la pequeña minería en cuestión.
Otro hecho importante que se evidenció es que todas las actividades de implementación de medidas ambientales conllevan varios beneficios económicos, principalmente para los individuos que han sido directamente afectados por la contaminación. Dichos beneficios merecen ser valorados para así poder realizar un análisis costo-beneficio de las medidas de mitigación ambiental.
Se intentó analizar económicamente el caso de la contaminación minera. Esto por considerarse importante el tratar de determinar si han sido verdaderamente una solución todas las medidas implementadas en el sector minero aurífero y se pudo comprobar que la reducción del impacto medioambiental mediante la implementación de medidas técnicas adecuadas permite a la economía de los pequeños mineros el ganar y reducir significativamente las posibilidades de un impacto mayor al medio ambiente. En otras palabras, la realización de las medidas permite ajustar en gran medida el desequilibrio entre el beneficio del emisor (las minas y los ingenios) y las pérdidas de los perjudicados por la contaminación. Este acercamiento al óptimo económico hace que no quede mucho por negociar entre emisores y perjudicados, ya que en el óptimo económico la ganancia del uno equivale a la ganancia del otro.
La característica principal del caso de la pequeña minería aurífera, sobre todo del sector primario; es que el costo de reducción de las emisiones contaminantes (mercurio, aguas turbias, colas, aguas ácidas, etc.) es mucho menor que el daño causado por estas emisiones.
Por ello, en cuanto al cálculo de los costos de la minería es preciso tomar en cuenta el estado actual, sin medidas de reducción de emisiones en la mayoría de los casos, como también el hipotético estado en que las emisiones se reducen a un máximo con medidas parecidas a las implementadas en varias operaciones de la pequeña minería. Estas medidas, si bien no resuelven la contaminación en un 100%, son lo suficientemente importantes por la ganancia ambiental.
Ingeniero Metalúrgico
Coordinador Técnico MEDMIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario