El problema que se arrastra desde hace varias gestiones y que pone en duda la verdadera intención oficial de impulsar la minería, ha llevado a que desde varios sectores se insista con mucha vehemencia en la necesidad de facilitar las inversiones, primero para planes de exploración y luego para estructurar proyectos de explotación, bajo normas ambientales y tecnología de punta.
Parecería un asunto muy simple, sin embargo por la complejidad que tiene un prospecto minero, deben hacerse cálculos en función de tiempo y de gastos que deben ser erogados en la medida que avanzan las etapas de cualquier nuevo emprendimiento minero. Un ejemplo de poco tiempo atrás, muestra el proceso de la importante operación de Mina San Cristóbal que demoró 10 años desde que se comenzó con la exploración, hasta que pasó a la práctica de la explotación.
Por eso es importante que las decisiones en materia de minería se asuman en momentos estratégicamente bonancibles, como el actual, con un registro de precios internacionales increíblemente buenos, con muy pequeñas variantes y con posibilidades de un sostenimiento sino prolongado, por lo menos de mediano plazo con beneficios para nuestra minería.
El hecho es que en la actualidad se dan otras alternativas de menor tiempo y mayor optimización de los proyectos, caso del hierro del Mutún, que pese a todo ya va más de tres años en su fase preoperativa, por tanto con poca excelencia en las expectativas de importación de materia prima, que sin embargo se va “juntando” y en cualquier momento estará en algunos de los grandes mercados externos… claro que lo ideal refiere, vender acero producido en Bolivia, a través de una siderúrgica de alta capacidad, tendremos que esperar entre cinco a diez años, para llegar a ese objetivo.
En el caso del litio, las cosas van por una senda parecida, es decir, hay buenas intenciones, inclusive se dispuso de un presupuesto extraordinario de inversión y se asegura que la mayor parte del proyecto será financiado con recursos del propio gobierno, por lo menos hasta la obtención del carbonato de litio, de tal suerte que algún inversionista que “haga méritos” con el gobierno, se adjudique el resto de la operación de industrializar el litio para la fabricación de baterías para diversos usos.
Los macro proyectos mineros bolivianos están en la mira de grandes empresas industriales del mundo y de algunos gobiernos cuya estrategia política se disimula con acuerdos menores, aunque sin dejar descartadas las verdaderas intenciones de invertir en el momento más oportuno, en aquellos planes de orden prioritario para nuestro gobierno, llámense hierro, litio, uranio o en los ya tradicionales de plata, zinc, oro, estaño o cobre. Siempre habrá una posibilidad de abrir opciones para inversiones.
En el momento actual no se puede perder tiempo. La pizarra de los grandes mercados internacionales registra precios excepcionalmente buenos para nuestros planes inmediatos y los de mediano alcance, aunque de manera circunstancial se confronte un vaivén de precios, efecto de las grandes transacciones mundiales que paralelamente son parte de una preocupación generalizada entre los empresarios industriales de la minería privada, sector donde además se espera con alguna inquietud, pero ansiosamente la aprobación de la nueva Ley Minera, que marcará las reglas de juego para impulsar la gran minería nacional.
Lo menos que se espera de esa normativa sectorial, es que la misma tenga un contenido de aplicación general, pero esencialmente equitativa, de tal suerte que los recursos de la gran minería, la mediana, la chica, la cooperativizada y la estatal aprovechen por igual los beneficios para fortalecer cada sector y para impulsarlo hacia mayores emprendimientos, entrando la círculo de los países vecinos donde se otorgan las mayores garantías a las inversiones mineras.
Se necesitan reglas justas para una política minera transparente especialmente en lo que atañe a las seguridades de inversión, a las garantías de operabilidad, sin problemas de avasallamientos o enfrentamientos que pongan en riesgo, vidas, equipos, herramientas y capitales de trabajo. Se menciona ésta preocupación por que sucede que varios casos de intervención en propiedades mineras privadas, no han sido resueltas a la fecha, pese a los graves perjuicios ocasionados a empresarios mineros e inclusive a trabajadores y sus familiares.
Se anticipa que la esperada Ley Minera, estaría lista para su tratamiento el próximo mes de diciembre, se entiende que en el corto tiempo que resta, el proyecto pertinente será socializado en los niveles empresariales y laborales afines al sector, de manera que su consideración en la Asamblea Legislativa sea simplemente una ratificación a las propuestas sectoriales, para encarar de inmediato el objetivo de fortalecer la minería boliviana en su conjunto.
El operativo minero nacional, debe realizarse en tiempo breve, se trata de los intereses nacionales en un periodo particularmente favorable al interés de toda la Nación. La minería representa seguridad en la creación de fuentes de empleo, retorno de inversiones y beneficios a través de impuestos con destino al TGN y de regalías para las regiones. El menor tiempo en consolidar su tratamiento, significará el mayor beneficio para el país en su conjunto.
Agencia URU
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