Perspectivas de la minería en Bolivia

1. GENERALIDADES

Los recursos naturales no renovables de la minería, como cualquier otro factor económico y al margen de cualquier consideración ideológica o política, responde a la ley básica y fundamental de la economía, que en su calidad y condición de recursos escasos, su mayor beneficio dependerá de la mejor y más apropiada asignada asumida.

Consecuentemente hoy por hoy, debido al patente agotamiento gradual y global de estos recursos, sus emplazamientos son cada vez más complejos, de contenidos menores y de mayor diseminación, lo que le da a los yacimientos el carácter masivo, que a su vez plantean para compensar sus fuertes inversiones, escalas mayores de operación asociadas a la alta mecanización, tecnología y administración.

Solamente de esta manera se podrá garantizar una operación rentable que cubra las expectativas económicas del inversor, de los regímenes tributarios de orden nacional y regional, regímenes salariales, industriales y sociales adecuados con el desarrollo humano deseado, además de la imprescindible remediación ambiental.

Generalmente, en emprendimientos en otros países; en el proceso de evaluación, los controles que se disponen permiten detectar oportunamente si se pasa o no a la próxima etapa del proyecto, asumiendo los gastos de riesgo incurridos con fondos especiales disponibles que las empresas prevén de sus excedentes.

De este modo una vez superada la etapa de puesta en operación la empresa estará preparada para superar con solvencia incluso las contingencias que se presentaren como una eventual caída de precios, esto debido a las previsiones tomadas con cálculos de sensibilidad (Caso Matilde).

El efecto multiplicador de estas operaciones es obvio y se extienden a la industria, transporte, comercio y otros rubros.



II. REALIDAD BOLIVIANA

En nuestro país cualquier otra opción, como la estatal, cooperativista o comunitaria, puede asumir la responsabilidad; pero, en definitiva siempre a un costo mayor. La estatal, por ejemplo, no está en condiciones de cubrir inversiones de alto riesgo, porque no dispone de estos recursos y si los tuviera lo realizaría seguramente distrayendo fondos de otras prioritarias responsabilidades, como salud, educación, vinculación caminera y otros rubros; al margen de que por su carácter estratégico y social, con licencias que exceden lo racional (Caso Huanuni), el manejo empresarial se ve desvirtuado en detrimento de un efectivo aporte al desarrollo industrial y económico del país.

Algunas iniciativas alternativas de convenios y de estado a estado no han sido muy efectivos y parece que no lo serán, por falta del principio de competitividad (Caso Litio, Corocoro).

El sector cooperativista de hecho es el que menos efectividad muestra por su naturaleza de organización social, es el que menos compatibiliza con las operaciones minoras, que requieren mínimamente de algo de inversión, planificación y tiempo de preparación.

Si bien, este sector, surgió como una alternativa coyuntural a la desocupación en una crisis de precios de la minería estatal para operar con los remanentes de las reservas mineras, este sector se fue consolidando no por su eficiencia y productividad sino por el incremento de su fuerza laboral que creció sin control, creando con su influencia social un círculo vicioso, que una vez que agotan los parajes asignados solicitan otros, algunas no siempre de carácter marginal (Caso Colquiri), con la consiguiente degradación de la infraestructura de Comibol, del medio ambiente, y lo que es lo peor de los recursos humanos del sector involucrado, con el agravante de que esto sistema encubre una explotación a terceros que pueden ser eventualmente miembros de sus propias familias.

Demás está decir que la gran mayoría de sus miembros se debate en situaciones marginales, especialmente en periodos de precios bajos; sin salarios adecuados, ausencia de normas de seguridad y asistencia social, en resumen en condiciones precarias.

De un análisis conceptual se deduce que el costo que produce esta operación deficitaria lo asumen en definitiva el estado que no percibe los adecuados tributos, el yacimiento y la infraestructura de Comibol, que inhabilitan, el medioambiente que no la remedia y finalmente lo más patético el desarrollo humano con un déficit patente, la situación que de lejos no contribuye al desarrollo industrial-económico del país. Si no se reconduce el sistema a la racionalidad a través de un plan sistemático de readecuación de esta actividad minera, este sector puede perturbar el desarrollo futuro de la minoría nacional creando más problemas sociales que beneficios al país (Caso Colquiri); consecuentemente considerarnos que sería un contrasentido y un deliberado perjuicio asignar reservas calculadas o yacimientos nuevos a este sector (Caso Mallku Khota).