Sin dejar atrás, aún, el carácter proletario y de pequeños emprendimientos el cooperativismo minero boliviano se dispone a caminar con botas de siete leguas, convocando al Estado y a la Empresa Privada para integrar una ¿alianza estratégica? que impulse el desarrollo y mejore el nivel de vida no sólo de los trabajadores cooperativistas, sino que beneficie a todos los sectores sociales y productivos de nuestro país.
Plantean acceso a nuevas áreas de concesión para competir en igualdad de condiciones con otros sectores productivos. Actualmente, sólo tiene un 4 por ciento de áreas mineras, las que explota en difíciles condiciones, frente a un 56 por ciento de concesiones al sector privado y un 40 por ciento al estatal administrado por Comibol.
El cooperativismo minero en crecimiento constante y sostenido para dar el gran salto que planifica- potenciamiento económico en base a la apertura de inversiones, calidad organizativa, alta mecanización de punta y protección contra los avasallamientos indígenas- requiere el apoyo de las leyes de Cooperativas y de Minería y sustancialmente que sus pequeños núcleos de producción sean aceptados como sujetos de crédito por la banca nacional.
Actualmente el cooperativismo minero tiene una base social productiva de 120 mil trabajadores y genera empleo indirecto para 300 mil personas; aporta con sumas millonarias a la Caja Nacional y contribuye a las arcas del Estado.
Historia digna de ser contada y que tiene sus orígenes en algunos casos, en la década de los años 60 del Siglo XX. En efecto. En los años 50-60 del pasado Siglo, sobre todo en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, surgieron las primeras cooperativas mineras, asociadas en 1968 y durante el Primer Congreso Nacional de Cooperativas Mineras, en la naciente Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
LA CRISIS DE LOS AÑOS 80
En la década de los años 80 del siglo pasado la producción exportable de Bolivia estaba enfocada en la explotación de minerales. El 24 de octubre de 1985 colapsaron los precios internacionales de estos recursos no renovables, en especial el precio del estaño, generando el desmoronamiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y de toda la minería nacional.
Meses antes, en las postrimerías del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), la situación económica ya era desastrosa con una hiperinflación que llegó a superar el 24 mil por ciento y la carestía de alimentos, los trabajadores del subsuelo en número de 10 mil, en marzo de 1985, marcharon a la ciudad de La Paz con el objeto de presionar al entonces presidente Hernán Siles Suazo para que modifique la política económica.
En agosto de 1986, el nuevo gobierno encabezado por Víctor Paz Estenssoro, lanzó el decreto 21060. Una de sus consecuencias fue la "relocalización" de los trabajadores de las minas nacionalizadas. Alrededor de 30 mil familias mineras quedaron sin fuentes de trabajo, lo que equivalía a dejar cesantes y desmovilizar de inmediato a 90 mil personas, además de suprimir una cadena de empleos indirectos.
Erosionó el sistema productivo de entonces, mientras cundía la desesperación en las familias mineras. La mayor parte de los trabajadores recibió una suma de dinero a guisa de indemnización, pero la crítica situación continuaba desarticulando al hasta entonces poderoso sector minero dependiente del Estado.
Fue la antesala de la caída del proletariado minero que había dejado de ocupar el primer lugar en la cadena de producción y acrecentó la debilidad de sus organizaciones sindicales: Central Obrera Bolivia (COB), y Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB); ambas instituciones que hasta enero del 2013 no pueden recuperar su espacio histórico porque surgieron nuevas fuerzas productivas dedicadas a rubros no mineros de suma importancia en la economía boliviana. Amén de que la orientación del gobierno tiene preferencia por el indigenismo.
LAS COOPERATIVAS: TABLA DE SALVACIÓN
Uno de los teóricos de la época analizando aquella realidad que golpeaba tanto a empresarios privados y empresas mineras nacionalizadas, dijo: "De estas carencias debe emerger el sector social de la propiedad, aquel sector que ahora más que nunca puede crecer y expandirse, incorporando la democracia económica para expandir el sector cooperativo en sus diversas expresiones de organización que consagra la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta misma estructura empresarial debemos expandirla y fortalecerla en el sector minero…"
El asesor legal de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Freddy Ontiveros Cabrera y el asesor económico de esta Institución, Armando Freudenthal Rea, coinciden en que: "El cooperativismo minero se ha desarrollado al calor de la propia iniciativa de los trabajadores, quienes frente a la inoperancia, inmovilidad y desinterés de las autoridades gubernamentales, desarrollaron políticas para crear fuentes de trabajo duraderas y productivas".
El cooperativismo fue en última instancia la tabla de salvación de los mineros bolivianos relocalizados que asumieron aquella idea de organizarse pese a los grandes desafíos, impulsando paralelamente el crecimiento de las cooperativas.
COOPERATIVISTA QUE NO TRABAJA NO COME
Una de las características del cooperativismo minero consiste en que donde trabaja, los cooperativistas no desestructuran absolutamente nada. Son pequeños grupos de trabajadores y más bien son absorbidos por la comunidad; fortalecen a la comunidad porque muchos de ellos son parte de la misma comunidad. No tienen sueldo, sino perciben los excedentes generados por su propio trabajo; no tienen efectos traumáticos entre la cooperativa y el Estado. "Cooperativista que no trabaja, no come en este esquema", dijo Freddy Ontiveros.
Con el nuevo escenario de precios las cooperativas están interesadas en modernizar sus métodos de producción y la compra de insumos en las diferentes cooperativas es un hecho innegable que obedece a la necesidad de que el cooperativismo pueda remozarse y salir de su condición de productor artesanal y convertirse en un actor minero con las mismas condiciones que los sectores privado y Estatal.
DESARROLLO DEL
COOPERATIVISMO
Un cuadro estadístico de Fencomin revela el crecimiento anual de este sector. De tres cooperativas mineras fundadas durante el año 1959 hubo un salto cuantitativo en 1986, con la presencia de 76 cooperativas: Luego un descenso entre los años 1989 al 2006. A partir del año 2007 la línea de crecimiento del cooperativismo minero es ascendente: 46 cooperativas el año 2007; 89 cooperativos el año 2008; 115 el 2009; 129 el año 2009 y 133 hasta octubre del año 2012. El crecimiento importante, se da en tres departamentos: Potosí, Oruro y La Paz
Actualmente, de acuerdo a declaraciones del asesor legal de FENCOMIN, Freddy Ontiveros, existen 1500 cooperativas mineras distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional y 120 mil cooperativistas en plena labor que pagan por regalías anuales alrededor de 43 millones de dólares. El año 2012, el cooperativismo minero aportó 43 millones de dólares, pagados a las diferentes gobernaciones ; por canon de arrendamiento pagaron 4 millones de dólares a Comibol y se calcula -agregó Ontiveros- que por Impuesto al Valor Agregado, el cooperativismo minero contribuyó al erario nacional con 90 millones de bolivianos al año.
Por Impuestos a las Transacciones las cooperativas mineras pagaron 18 millones de bolivianos al año. Los técnicos calculan que cada trabajador cooperativista minero, genera, además dos empleos indirectos o sea que alrededor de 120 mil cooperativistas, generan unos 300 mil empleos indirectos, en aquellos lugares donde se encuentran trabajando, por concepto de comercio, transporte, servicios, etc., añadió el asesor legal de Fencomin.
UN "MISERABLE" 4
POR CIENTO
Un dato muy importante que muestra la vitalidad de las cooperativas está reflejado en el total de las áreas mineras entregadas a los operadores mineros que sólo cuentan con el 4 por ciento; el sector privado, tiene un 56 por ciento y el Estado, el 40 por ciento. "Con este miserable 4 por ciento, las cooperativas generan 120 mil fuentes de empleo".
El cooperativismo minero se desarrolla en condiciones precarias porque el Estado no ayuda ni contribuye a mejorar las condiciones de trabajo. Hay que concluir que el cooperativismo minero, le hace un gran favor al Estado boliviano, al crear fuentes de empleo, cuando es una tarea que le compete exclusivamente, afirmó el representante legal de Fencomin.
EQUIDAD
En la Ley Minera Fencomin exige el reconocimiento del cooperativismo como un actor minero con iguales derechos que los otros actores productivos; que en la Ley Minera, se incorporen normas de equidad en el acceso de los operadores mineros al área minera porque el 56 por ciento de las áreas mineras entregadas, en este momento, está en manos de la Empresa Privada, el 40 por ciento en poder del Estado y un 4 por ciento, en poder del cooperativismo minero. De ese 4 por ciento, un 60 por ciento de las áreas mineras están agotados. Aún en esas condiciones, los trabajadores cooperativistas continúan produciendo en esas áreas deprimidas.
LEYES PARA EL
COOPERATIVISTA
Fencomin también se refiere al conjunto de leyes que deben proteger al cooperativismo minero. En la actualidad, participa activamente en la Ley de Cooperativas y en la Ley Minera. En la Ley de Cooperativas, plantea como condición sine qua non para crecer: respeto irrestricto a su condición de cooperativa porque es un esfuerzo de la propia ciudadanía para generar empleos. Cumple una función pública, porque crea fuentes de trabajo. El cooperativismo, más que cualquier otro actor minero, necesita del apoyo permanente del Estado. Si no existen normas que la diferencien de los sectores Estatal y privado, el cooperativismo corre el riesgo de anquilosarse y autoliquidarse.
Fmbolivia.com.bo. PM.
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