Plantean que el avasallamiento de áreas mineras, la explotación ilegal de recursos minerales y su comercialización ilegal se penalicen con cuatro a ocho años de cárcel, según expone el anteproyecto de incorporación de estos tres delitos al artículo 232 del Código Penal en vigencia.
El documento, al que tuvo acceso Página Siete, tiene un artículo único que incorpora estos tres tipos de delito en el Código Penal en el título VI, sobre delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, y en el capítulo II sobre delitos contra la industria y el comercio.
En el delito de avasallamiento, el proyecto señala que “el que por cualquier razón ocupare área minera mediante violencia, amenazas, engaño o cualquier otro medio, impidiendo el ejercicio de actividades mineras o despojando derechos al Estado y/o titulares de derechos mineros que se hallan en posesión legal será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años”.
Sobre la explotación ilegal de recursos minerales señala que “el que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con autorización o derecho otorgado en el marco de la normativa vigente será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años”.
En cuanto al delito de comercio ilegal dispone que “el que vendiere recursos minerales producto de avasallamiento de área minera o de explotación ilegal de recursos minerales incurrirá en la pena de privación de libertad de tres a seis años”.
El Ministerio de Minería remitirá en breve a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley que incorporará en el artículo 232 del Código Penal estos tres tipos penales, explicó ayer el director jurídico de ese ministerio, Juan Carlos Carrasco.
“La aplicación de la norma será contra toda persona que cometa cualquiera de los tres delitos. Pueden ser miembros de comunidades, actores mineros y otros operadores”, precisó.
Hizo notar que, una vez aprobada la norma, el afectado podrá presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra cualquier persona que incurra en estos tres delitos y con esto se espera que las áreas avasalladas disminuyan.
Dijo que no sólo el Estado es víctima de estos hechos, sino que también lo es el que sufre las consecuencias de la reducción de impuestos y de regalías mineras de las operadoras del sector.
“Las empresas privadas que son afectadas ya no pueden pagar los impuestos. Entonces, se observó que es un problema serio y que además incrementa la inseguridad jurídica”, añadió.
Los industriales mineros denunciaron que en los últimos años se registraron al menos 200 tomas de concesiones mineras, pero el Gobierno señaló que sólo recibió denuncias de seis. Entre las minas intervenidas están Sayaquira, Himalaya y Laramcota.
No hay comentarios:
Publicar un comentario