Si se trata de inversiones para impulsar la minería nacional es claro que no se puede separar el concepto de seguridad que debe acompañar a cualquier proyecto para su consolidación y su ejecución, consiguientemente es muy necesario que los proyectos que plantean los gobiernos a su turno sean debidamente respaldados para evitar su inviabilidad y gastos onerosos al Estado nacional.
La importancia de cada proyecto corresponde al potencial de un yacimiento determinado y el mineral en cuestión de manera que los cálculos estimados de inversión sean los justos y no queden cortos a la hora de su ejecución.
Pero no es todo, otros elementos que se adjuntan al proceso en sí son los que corresponden a seguridad jurídica, garantías comprometidas y cumplidas, una necesaria estabilidad política y social que elimine factores perturbadores como las incursiones de avasalladores o las continuas pugnas entre mineros sindicalizados y cooperativistas, como se ha visto en algunos casos y en el último tiempo sin soluciones oportunas por parte de las autoridades.
No se trata de mostrar aspectos negativos, pero la realidad es tan clara que obliga a pensar seriamente en que si no se cumplen los acuerdos, como han sido establecidos y respaldados debidamente, muy difícilmente se avanzará en la concreción de los mismos y si eso sucede es que realmente no existen las garantías suficientes y la seriedad exigida para viabilizar los macro proyectos que se convertirán en la seguridad financiera no sólo de regiones sino del país en su conjunto.
No se puede desconocer que en nuestro país, justamente por una serie de hechos generados desde algunos “movimientos sociales”, se ha generado una clara incertidumbre que disminuyó ostensiblemente la inversión – extranjera – directa que cayó en casi un 5 por ciento entre los años 2008 al 2009, hablando de inversiones en general, pero con fuerte incidencia en el caso concreto de la minería que recibió los impactos más duros por falta de seguridad jurídica.
Lo importante es que se materialicen los proyectos en base a una política definida que incluya obligadamente una serie de normas favorables a las inversiones, con detalles particulares de seguridad, pero además de incentivos posiblemente incorporados a los regímenes tributarios que tienen relación con inversiones, utilidades, regalías y su adecuada distribución a favor de los departamentos productores y la cuota parte para el Erario Nacional.
En el momento actual es necesario mostrar la firme decisión de encarar los proyectos más rentables con el suficiente respaldo económico que provenga de inversiones, sean del Estado, de privados y que conformando sociedades mixtas – como quiere el Gobierno – apunten al desarrollo de exploraciones, explotación e industrialización de nuestros recursos naturales, los que como señalábamos líneas más arriba pueden ser las “estrellas” de la minería moderna del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario