Enfoque: La política minera

Si hay algo que preocupa en materia de “grandes decisiones” por parte del Gobierno para garantizar la economía nacional, es la falta de políticas muy concretas, como el caso de la minería que, por lo menos en toda la gestión del actual sistema no ha logrado estructurar una que impulse, garantice e incentive las inversiones para ampliar la explotación de ricos yacimientos mineros.

Es reconocida nuestra condición de “país minero”, desde los albores de la República, condición innegable dada las grandes utilidades logradas por el Erario Nacional, para afirmar la estructura de la nacionalidad y la vida misma de la Bolivia en avance.

Sin embargo, pese a que somos un país minero por excelencia, carecemos de políticas adecuadas que permitan la explotación de minerales y que además podamos avanzar hacia la transformación de esa materia prima en productos con valor agregado para elevar sustancialmente su precio de exportación.

Las restricciones mayormente se dan en el esquema estatal, precisamente allí donde deberían elaborarse las normas más dinámicas para impulsar el rubro que tiene mayores perspectivas de asegurar la obtención de divisas que a su vez garanticen la solvencia financiera del país… pero sucede todo lo contrario, la minería es la actividad que más problemas confronta por “otras políticas” que sin ser específicas para el rubro, la interfieren, la ponen en riesgo y hasta la limitan a sólo algunas opciones, cuando su extensión puede ser maravillosamente fructífera, pero en condiciones de seguridad e incentivos.

Nadie se puede explicar qué es lo que ocurre en el Poder Ejecutivo, donde se elaboran las estrategias del país en desarrollo y donde se supone que la actividad minera debería ser considerada, junto al gas, como los medios de sustento directo de las fuentes generadoras de recursos económicos y sin embargo, no hay capacidad para establecer una política efectiva de respaldo a ésta prioritaria actividad.

La iniciativa privada ha dado lugar a una importante contribución de capitales para los mayores proyectos mineros del país con enormes volúmenes de exportación y por supuesto de utilidades, contando lo que corresponde al pago de impuestos y regalías para el Estado y las regiones, todo más o menos de orden regular, hasta que otras disposiciones contenidas en la Carta Magna, abren las “compuertas” de una corriente avasalladora que ataca la propiedad privada, la afecta severamente, atenta contra fuentes de empleo, despoja de viviendas a mineros y sus familias en campamentos tradicionales y se quedan ocupando concesiones, lamentablemente, sin explotarlas y sólo cortando el ciclo productivo normal, lo que se traduce como un efecto pernicioso, negativo y altamente perjudicial para la minería en todos sus sectores, mediano, chico y cooperativizado, pues los avasallamientos e intervenciones por parte de los “originarios” que reclaman derechos sobre tierra y territorio, se han apropiado de las concesiones mineras que han podido, sin que el Gobierno resuelva esa grave crisis que pone en riego inversiones y nos muestra como un “país-riesgo” para atraer capitales de impulso a la gran industria minera.

Es tiempo de establecer prioridades en la estrategia gubernamental y por supuesto, la minería debería ser el sector mayormente favorecido con medidas que la protejan, la incentiven y la impulsen hacia metas de alta inversión y por supuesto de mayor rentabilidad.