En un día tan especial como el presente, cuando celebramos 185 años de la Fundación de la República de Bolivia, hay que reiterar los propósitos de lograr las seguridades necesarias para la continuidad de una Nación que gracias a su ingente riqueza de recursos estratégicos puede alcanzar los más altos niveles de competitividad con los vecinos, para exportar en las mejores condiciones sus recursos mineralógicos, ojalá en poco tiempo con “valor agregado” a través de la metalurgia y la siderurgia.
Si retrocedemos en el tiempo los datos de la historia son muy concretos y se relacionan con el auge de la minería durante la Colonia y la próspera industria minera en gran parte de la época republicana confirmando el acierto de que Bolivia fue un país minero desde su creación.
La retrospectiva señala como el bastión mineralizado más grande del que se tenga memoria al portentoso Cerro Rico de Potosí, cuya riqueza argentífera fue calculada en la no exagerada posibilidad de construir un puente de plata entre el Sumac Orko y España.
La actividad minera “tradicional”, ejecutada por los mineros nativos, despertó la codicia de algunos visitantes y a través de estos se despertó la codicia de los extranjeros que llegaron por miles al occidente del país, afincándose en la zona de Oruro en cuya serranía se encontraban filones de plata. Ésta ciudad fue considerada como la segunda del Alto Perú por su población, después de Potosí, permitiendo una extracción de sus riquezas de manera masiva e intensiva, pero generando un importante comercio y un crecimiento inmediato de la comunidad en sí, hasta convertirse en un centro de reunión internacional.
Los datos de la interesante cronología que escribió Don Ramiro Prudencio Lizón, refieren también que la Guerra de la Independencia no sólo despobló el Alto Perú sino que aniquiló casi toda su riqueza minera debido a que las tropas realistas y patriotas, a tiempo de abandonar los distritos de Potosí y Oruro, destrozaban e inundaban las minas para que no sean aprovechadas por las fuerzas invasoras.
El paso del tiempo ubica a nuestra Nación en finales del siglo XIX, cuando comienza un nuevo ciclo económico minero gracias a los redescubrimiento de las vetas de plata en los centros aún poblados por nativos y aventureros que comenzaron a explotar el argento de las profundas bocaminas.
Más datos señalan que fue en el comienzo del siglo XX cuando se produce un “remezón” en la actividad minera para reemplazar la plata después de tres siglos de su extracción sostenida, por el estaño, el nuevo mineral que comenzó a sostener las arcas del Estado e inclusive pagar los gastos a que se obligó Bolivia durante la cruenta guerra del Chaco. Su explotación también se cuenta casi por un siglo, pero con algunos matices, propios de la accidentada historia revolucionaria nacional.
Los políticos se apoyaron en la minería para cumplir sus propósitos de cambio y avanzar con alzamientos armados hacia la toma del poder. Después de la contienda bélica con Paraguay, comenzó otra etapa especial en el país y con la minería como principal sustento de su economía.
Todavía no hay explicación lógica de una reacción negativa hacia la minería poco después de retornar a sus distritos los defensores del Chaco, quizás sea el hecho de que con los recursos de la minería, se sustentó la guerra pero no se armó convenientemente al Ejército nacional. Del manejo de esas cuentas entonces, ni después de habló claramente.
Pero la minería siguió adelante sosteniendo la economía, aunque los políticos que urdieron los cambios revolucionarios justamente en el Chaco, arremetieron contra el sistema productivo, empezando por la nacionalización de las minas y apoyando la medida con la creación de la Comibol, que después de algún tiempo mostraron sus debilidades y una realidad, la que sirvió para comprobar que los gobiernos aprovecharon de los minerales y lo hicieron a través del denominado “elefante blanco” la politizada Comibol… hasta que por esos graves problemas que tienen connotaciones internacionales, se produce en el país la debacle de los precios y casi de inmediato la relocalización de miles de trabajadores mineros que debieron ser reocupados en el sistema, pero fueron obligados a buscar ocupaciones de coyuntura como el contrabando, comercio o el transporte. Así pasó la minería que pese a tales procesos siguió alimentando las arcas del Estado y los tesoros departamentales, como lo hace hasta ahora.
A 185 años de lograr nuestra independencia política, debemos dirigir nuestros ideales hacia la liberación de nuestra economía, sustentada por la explotación minera, pero modernizándola en su proyección de objetivos más precisos de manera que se convierta en el principal sustento del Erario Nacional, con incidencia en el desarrollo sostenible de la Nación y en el crecimiento paulatino de las regiones, allí donde se generen los grandes y nuevos proyectos mineros.
Lo importante es que se aprueben reglas muy claras para respaldar la actividad minera, empezando por la nueva Ley que sea competitiva y de atracción de capitales, no a la inversa, como está sucediendo en el tiempo presente cuando la incertidumbre ahuyenta a los inversionistas. Hay necesidad de implementar un sistema de apoyo financiero para los sectores mineros mediano y chico, de modo que por esa vía se concreten proyectos de envergadura con visión de futuro y no sólo de periodos de inmediatez coyuntural como se opera por ejemplo en la minería cooperativizada, con buena asistencia financiera pero sin proyección futura técnica y tecnológicamente garantizadas. Lo que se requiere son compromisos formales para mejorar las condiciones de la minería en todos los subsectores que la componen, como garantía de la economía boliviana. Una visión en el futuro de la nacionalidad.
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