La Prensa y agencias.- Campesinos del rancho Chuquiña en el departamento de Oruro, tomaron la mina Kori Kollo de la empresa Inti Raymi para demandar el repago de tierras vendidas a la compañía, compensaciones por daños ambientales, uso de tierras ancestrales y puestos de trabajo.
La ocupación y despojo ocurrió el martes a las 22.40 en instalaciones de la compañía, ubicada a 50 kilómetros al noroeste de esa ciudad.
En los dos últimos años se reportaron al menos siete tomas, entre ellas la de la mina Himalaya, avasallada desde hace 22 meses.
Inti Raymi, en un comunicado, informó que por razones de seguridad se vio obligada a interrumpir sus operaciones y evacuar a sus empleados y trabajadores para evitar cualquier acto que perjudicara una solución pacífica del conflicto.
Sin embargo, advirtió que existe el inminente peligro de que los interventores se enfrenten con los obreros o comunarios de las poblaciones de La Joya e Iroco.
Inti Raymi informó que ha interpuesto los recursos de ley ante las autoridades competentes para que conozcan y resuelvan el conflicto, adoptando las medidas preventivas necesarias. Esto con el objetivo de evitar actos que pongan en riesgo la seguridad de las personas, de los bienes y el medio ambiente.
El jefe de Seguridad de Inti Raymi, Franz Ríos, informó a la agencia ABI que los campesinos “piden cifras exorbitantes como ‘repago’ por las tierras que vendieron a la empresa hace muchos años”.
El conflicto se generó luego de una reunión que duró más de dos horas entre los ejecutivos de la compañía minera y delegados de los habitantes de Villa Chuquiña.
El centro minero privado tiene cerca de cien trabajadores, quienes explotan principalmente oro y doré, una mezcla de oro, plata y cobre.
La agencia Efe complementó que los campesinos demandan “compensaciones económicas por un supuesto daño ambiental y el uso de tierras ancestrales, así como puestos de trabajo estables para los lugareños”. Según Efe, el Comando Departamental de la Policía avisó del envío de efectivos para controlar la situación.
El secretario general de la Prefectura de Oruro, Tomás López, informó a La Prensa que se esperará una solicitud expresa para intervenir y hacer respetar la propiedad privada.
La ocupación y despojo ocurrió el martes a las 22.40 en instalaciones de la compañía, ubicada a 50 kilómetros al noroeste de esa ciudad.
En los dos últimos años se reportaron al menos siete tomas, entre ellas la de la mina Himalaya, avasallada desde hace 22 meses.
Inti Raymi, en un comunicado, informó que por razones de seguridad se vio obligada a interrumpir sus operaciones y evacuar a sus empleados y trabajadores para evitar cualquier acto que perjudicara una solución pacífica del conflicto.
Sin embargo, advirtió que existe el inminente peligro de que los interventores se enfrenten con los obreros o comunarios de las poblaciones de La Joya e Iroco.
Inti Raymi informó que ha interpuesto los recursos de ley ante las autoridades competentes para que conozcan y resuelvan el conflicto, adoptando las medidas preventivas necesarias. Esto con el objetivo de evitar actos que pongan en riesgo la seguridad de las personas, de los bienes y el medio ambiente.
El jefe de Seguridad de Inti Raymi, Franz Ríos, informó a la agencia ABI que los campesinos “piden cifras exorbitantes como ‘repago’ por las tierras que vendieron a la empresa hace muchos años”.
El conflicto se generó luego de una reunión que duró más de dos horas entre los ejecutivos de la compañía minera y delegados de los habitantes de Villa Chuquiña.
El centro minero privado tiene cerca de cien trabajadores, quienes explotan principalmente oro y doré, una mezcla de oro, plata y cobre.
La agencia Efe complementó que los campesinos demandan “compensaciones económicas por un supuesto daño ambiental y el uso de tierras ancestrales, así como puestos de trabajo estables para los lugareños”. Según Efe, el Comando Departamental de la Policía avisó del envío de efectivos para controlar la situación.
El secretario general de la Prefectura de Oruro, Tomás López, informó a La Prensa que se esperará una solicitud expresa para intervenir y hacer respetar la propiedad privada.
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