El cuadro que se presenta en el rubro de la minería en general, pero de manera especial en el sector que está bajo control gubernamental tiene una directa repercusión en el privado que por falta de soluciones oportunas está atravesando un periodo muy duro con centenares de desocupados, sin posibilidades de que se devuelvan las concesiones avasalladas y con muy poca voluntad política para cambiar la situación que al momento muestra una imagen deteriorada de la seguridad jurídica que garantice inversiones para incentivar los grandes prospectos de la minería nacional.
Avanzando por partes, el caso de las minas ocupadas son más de una decena y dos han rebasado las opciones de diálogo generando enfrentamientos entre trabajadores mineros, cooperativistas y originarios. Mina Himalaya en la jurisdicción paceña, en casi dos años no se avanzó mínimamente en recuperar la propiedad avasallada y retornarla a su legítimo propietario, las pérdidas y perjuicios que son de magnitud y están comprometidos agricultores y cooperativistas que se ufanaron por tomar la mina para trabajarla, echaron a trabajadores regulares y sus familiares y ahora sólo saquean mineral para venderlo ilegalmente. Desde el ministerio del ramo se insinuó que el propietario de la mina solucionaría el problema contratando de manera directa a comunarios de la región. La posición empresarial es lógica, ¿qué se haría con los mineros que ahora batallan por recuperar sus puestos de trabajo y sus salarios devengados? El gobierno no reconoce daños, pero tampoco soluciona el problema.
En la jurisdicción de Oruro, sin contar cartas y espadas, sólo tomar en cuenta el caso de Mina Santa María, igualmente avasallada, trabajadores despojados de sus fuentes de empleo, de sus viviendas y de sus enseres. Injusta posición política que reconoce la acción de comunarios y ex mineros cooperativistas con participación directa de los prefectos de Oruro y Cochabamba, éste último nada tendría que ver en el problema que se produce en jurisdicción orureña a no ser por el apoyo que brinda a comunarios de una localidad valluna que hace límite con otra orureña donde está la propiedad minera afectada.
Hay otros casos de minas avasalladas, equipos y herramientas inutilizados, una apreciable cantidad de concentrados ilegalmente extraídos y vendidos, lo que se tipifica como delito de robo, mientras las autoridades muestran una posición cómplice con los avasalladores vulnerando en ambos casos las leyes vigentes e inclusive la nueva Constitución.
Pero si de otros problemas se trata, el más complicado de los últimos días es el que han planteado ex trabajadores mineros cooperativistas de Huanuni que se trasladaron a la Sede de Gobierno y reclamaron fuentes de empleo aduciendo que son tres años que esperan ubicación en Huanuni u otro centro minero, pero con garantía para trabajar de manera permanente; lamentablemente por consejo de un dirigente cooperativista no fueron parte del contingente de 4.000 trabajadores incorporados a la planilla de la empresa nacionalizada.
Ahora reclaman empleos seguros, así no sea en las minas, esperan que el gobierno haga inversión de los cheques venezolanos en la creación de fábricas productivas, por ejemplo en una de cemento en Oruro afirmó uno de los dirigentes que además anunció otras medidas de presión, hasta la extrema de inmolarse si para este grupo de cooperativistas no surgen soluciones urgentes.
Algo que genera cuestionantes es la revelación del dirigente de este grupo que reconoce la recepción de un monto de dinero, como compensación salarial al desempleo, que debía ser de 1.500 bolivianos mensuales durante tres meses y que no se pagó en tal proporción por descuentos que realizó la Comibol. El destino de ese descuento es desconocido… como seguramente será inexplicable el hecho de disponerse de salarios solidarios para centenares de trabajadores sin trabajo que fueron ayudados en un trimestre, pero van más de dos años que no han podido recuperar sus fuentes de empleo.
Como parte interesante de este proceso se recogen dos hechos concretos, en el caso de los avasallamientos a minas privadas como en el reclamo de fuentes de empleo seguro están los cooperativistas mineros aliados con campesinos para ocupar minas o como grupo social que amenaza con fuerte presión en demanda de sus derechos laborales. En ambos casos está el gobierno a través del ministerio de área o la Comibol para solucionar esos problemas, pero coincidentemente en el par de ejemplos que se observan hay mucha displicencia oficial para componer esta parte irregular que afecta seriamente el futuro de la minería nacional, claramente afectada en su seguridad jurídica, lo que se traduce en el motivo directo para ahuyentar inversiones. (Agencia Uru)
Avanzando por partes, el caso de las minas ocupadas son más de una decena y dos han rebasado las opciones de diálogo generando enfrentamientos entre trabajadores mineros, cooperativistas y originarios. Mina Himalaya en la jurisdicción paceña, en casi dos años no se avanzó mínimamente en recuperar la propiedad avasallada y retornarla a su legítimo propietario, las pérdidas y perjuicios que son de magnitud y están comprometidos agricultores y cooperativistas que se ufanaron por tomar la mina para trabajarla, echaron a trabajadores regulares y sus familiares y ahora sólo saquean mineral para venderlo ilegalmente. Desde el ministerio del ramo se insinuó que el propietario de la mina solucionaría el problema contratando de manera directa a comunarios de la región. La posición empresarial es lógica, ¿qué se haría con los mineros que ahora batallan por recuperar sus puestos de trabajo y sus salarios devengados? El gobierno no reconoce daños, pero tampoco soluciona el problema.
En la jurisdicción de Oruro, sin contar cartas y espadas, sólo tomar en cuenta el caso de Mina Santa María, igualmente avasallada, trabajadores despojados de sus fuentes de empleo, de sus viviendas y de sus enseres. Injusta posición política que reconoce la acción de comunarios y ex mineros cooperativistas con participación directa de los prefectos de Oruro y Cochabamba, éste último nada tendría que ver en el problema que se produce en jurisdicción orureña a no ser por el apoyo que brinda a comunarios de una localidad valluna que hace límite con otra orureña donde está la propiedad minera afectada.
Hay otros casos de minas avasalladas, equipos y herramientas inutilizados, una apreciable cantidad de concentrados ilegalmente extraídos y vendidos, lo que se tipifica como delito de robo, mientras las autoridades muestran una posición cómplice con los avasalladores vulnerando en ambos casos las leyes vigentes e inclusive la nueva Constitución.
Pero si de otros problemas se trata, el más complicado de los últimos días es el que han planteado ex trabajadores mineros cooperativistas de Huanuni que se trasladaron a la Sede de Gobierno y reclamaron fuentes de empleo aduciendo que son tres años que esperan ubicación en Huanuni u otro centro minero, pero con garantía para trabajar de manera permanente; lamentablemente por consejo de un dirigente cooperativista no fueron parte del contingente de 4.000 trabajadores incorporados a la planilla de la empresa nacionalizada.
Ahora reclaman empleos seguros, así no sea en las minas, esperan que el gobierno haga inversión de los cheques venezolanos en la creación de fábricas productivas, por ejemplo en una de cemento en Oruro afirmó uno de los dirigentes que además anunció otras medidas de presión, hasta la extrema de inmolarse si para este grupo de cooperativistas no surgen soluciones urgentes.
Algo que genera cuestionantes es la revelación del dirigente de este grupo que reconoce la recepción de un monto de dinero, como compensación salarial al desempleo, que debía ser de 1.500 bolivianos mensuales durante tres meses y que no se pagó en tal proporción por descuentos que realizó la Comibol. El destino de ese descuento es desconocido… como seguramente será inexplicable el hecho de disponerse de salarios solidarios para centenares de trabajadores sin trabajo que fueron ayudados en un trimestre, pero van más de dos años que no han podido recuperar sus fuentes de empleo.
Como parte interesante de este proceso se recogen dos hechos concretos, en el caso de los avasallamientos a minas privadas como en el reclamo de fuentes de empleo seguro están los cooperativistas mineros aliados con campesinos para ocupar minas o como grupo social que amenaza con fuerte presión en demanda de sus derechos laborales. En ambos casos está el gobierno a través del ministerio de área o la Comibol para solucionar esos problemas, pero coincidentemente en el par de ejemplos que se observan hay mucha displicencia oficial para componer esta parte irregular que afecta seriamente el futuro de la minería nacional, claramente afectada en su seguridad jurídica, lo que se traduce en el motivo directo para ahuyentar inversiones. (Agencia Uru)
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