Sucede que todavía no se han resuelto los problemas que ocasionan las “presiones regionales” a la actividad minera, el caso de avasallamientos que en buen número no han sido resueltos, varias minas fueron tomadas y sus trabajadores expulsados, se interrumpieron las tareas de producción y los perjuicios no son reconocidos. Hubo también violencia en algunos casos con dirigentes mineros agredidos y empresarios de la minería que han perdido sus bienes.
Ahora se presenta otra forma de presión que de algún modo afecta a las tareas de la producción minera, como lo acontecido en el Mutún, con la posición de dirigentes cívicos que “torcieron el brazo” a ejecutivos de la empresa que allí opera hasta forzar la renuncia del presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún.
Existieron denuncias sobre nepotismo, aunque de manera sutil pues no se trataba de familiares del ejecutivo sino de “paisanos” collas que fueron contratados sobre la expectativa de los orientales que todavía insisten en ocupar las vacancias que la Jindal tiene en la operación del Mutún. Lo grave es que esos trabajadores de la región no tienen ni el mínimo conocimiento de actividad minera. Los occidentales contratados saben del sacrificio que significa trabajar en minería y su eficiencia se medirá en el transcurso de los trabajos que seguirán adelante.
En el caso de Oruro en particular se reclama una política minera departamental para incentivar las inversiones y acometer nuevos proyectos que permitan la explotación de ricos yacimientos de minerales, caso de oro y plata, estaño y zinc, pero también en el orden estratégico asumir responsabilidad en la riqueza del Salar de Coipasa para la explotación de litio y el uranio, metal estratégico que puede dar muchas satisfacciones.
La verdad es que existen varias presiones sobre la actividad minera, no faltan por ejemplo los “ambientalistas” que de tiempo en tiempo formulan sus críticas al sector productivo más importante de la región y del país, pero sin ofrecer soluciones que de manera alternativa reemplace a las mineras por tanto se trata sólo de posiciones que no hacen otra cosa que justificar los movimientos de Ong’s que obtienen recursos provenientes de entidades internacionales bajo el pretexto de defender el medio ambiente, pero sin tomar en cuenta todas las formas de contaminación, inclusive algunas que nada tienen que ver con la minería y otras que siendo evidentemente mineras están bajo responsabilidad del Estado fuera del alcance de los ambientalistas.
Hay necesidad de exigir un conjunto de medidas específicamente regionales para la zona minera del occidente, entendiendo que la política minera de orden nacional aún no está definida, pese a la urgencia de contar cuanto antes con medidas que incentiven la producción minera en todos los ámbitos de su desarrollo, el sector privado y el dependiente del gobierno con alcance mediano, chico y cooperativizado.
Hay urgencia de mejorar las condiciones de producción en la minería occidental tomando en cuenta todas las potencialidades de la zona. La minería no descarta proyectos e inversiones, sólo la política daña su proceso de consolidación.
Ahora se presenta otra forma de presión que de algún modo afecta a las tareas de la producción minera, como lo acontecido en el Mutún, con la posición de dirigentes cívicos que “torcieron el brazo” a ejecutivos de la empresa que allí opera hasta forzar la renuncia del presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún.
Existieron denuncias sobre nepotismo, aunque de manera sutil pues no se trataba de familiares del ejecutivo sino de “paisanos” collas que fueron contratados sobre la expectativa de los orientales que todavía insisten en ocupar las vacancias que la Jindal tiene en la operación del Mutún. Lo grave es que esos trabajadores de la región no tienen ni el mínimo conocimiento de actividad minera. Los occidentales contratados saben del sacrificio que significa trabajar en minería y su eficiencia se medirá en el transcurso de los trabajos que seguirán adelante.
En el caso de Oruro en particular se reclama una política minera departamental para incentivar las inversiones y acometer nuevos proyectos que permitan la explotación de ricos yacimientos de minerales, caso de oro y plata, estaño y zinc, pero también en el orden estratégico asumir responsabilidad en la riqueza del Salar de Coipasa para la explotación de litio y el uranio, metal estratégico que puede dar muchas satisfacciones.
La verdad es que existen varias presiones sobre la actividad minera, no faltan por ejemplo los “ambientalistas” que de tiempo en tiempo formulan sus críticas al sector productivo más importante de la región y del país, pero sin ofrecer soluciones que de manera alternativa reemplace a las mineras por tanto se trata sólo de posiciones que no hacen otra cosa que justificar los movimientos de Ong’s que obtienen recursos provenientes de entidades internacionales bajo el pretexto de defender el medio ambiente, pero sin tomar en cuenta todas las formas de contaminación, inclusive algunas que nada tienen que ver con la minería y otras que siendo evidentemente mineras están bajo responsabilidad del Estado fuera del alcance de los ambientalistas.
Hay necesidad de exigir un conjunto de medidas específicamente regionales para la zona minera del occidente, entendiendo que la política minera de orden nacional aún no está definida, pese a la urgencia de contar cuanto antes con medidas que incentiven la producción minera en todos los ámbitos de su desarrollo, el sector privado y el dependiente del gobierno con alcance mediano, chico y cooperativizado.
Hay urgencia de mejorar las condiciones de producción en la minería occidental tomando en cuenta todas las potencialidades de la zona. La minería no descarta proyectos e inversiones, sólo la política daña su proceso de consolidación.
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