Alrededor de 50 trabajadores mineros de la empresa Himalaya reanudaron ayer sus movilizaciones de protesta en demanda de que el Gobierno solucione su situación. Ellos piden que se suscriba un convenio de riesgo compartido entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la minera privada en cuestión.
En la mina Himalaya se explota yacimientos de wólfram y estaño. Este centro está ubicado en el cantón Cohoni de la provincia Murillo del departamento de La Paz, en el sector Illimani. Colinda con Sud Yungas y se encuentra a 160 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Los problemas más recurrentes que afecta a la minería chica y mediana en el país son ocasionados por los avasallamientos a las concesiones privadas por parte de los campesinos o pueblos originarios que se atribuyen para sí la propiedad del subsuelo.
Ese es el caso que se suscitó en los últimos meses del 2007, cuando alrededor de 150 mineros asalariados de la empresa minera Himalaya fueron desalojados por la fuerza por parte de campesinos de la región.
A más de un año de este conflicto, ninguna instancia oficial ni privada puso una solución definitiva al problema por lo que gran parte de sus trabajadores aún se encuentran sin una fuente de trabajo.
Es así, que alrededor de 50 trabajadores de la empresa reanudaron ayer sus movilizaciones de protesta al frente del edificio Palacio de Comunicaciones, en plena avenida Mariscal Santa Cruz de la ciudad de La Paz, donde se encuentran las oficinas del Ministerio de Minería y Metalurgia.
En ese marco, el secretario de conflictos del sindicato de Himalaya, Asencio Choquehuanca Flores, señaló que no se cumplió a cabalidad el compromiso que suscribió el Poder Ejecutivo mediante los ministerios de Minería, Trabajo y de Gobierno.
Por ejemplo, los trabajadores denuncian que la empresa minera Himalaya les suspendió la cancelación de sus sueldos que ascendían a 1.200 bolivianos. “Sin ese sustento con qué vamos a sobrevivir”.
Ese convenio que se firmó en marzo del 2008 sirvió de poco ya que según el representante, hasta la fecha no pudieron retomar sus fuentes de trabajo en la mina.
El relato de Choquehuanca señala que a la fecha los campesinos junto a cooperativistas mineros se encuentran explotando la mina de estaño y wolfram a pesar de la baja en las cotizaciones de los precios de los minerales.
“El interés de los campesinos de la región es el de crear una cooperativa, pero nosotros no estamos de acuerdo”, afirma el representante a tiempo de citar el pedido de los mineros de que se constituya un acuerdo de riesgo compartido entre la empresa minera privada y Comibol para que así ellos puedan retomar sus fuentes de trabajo.
“Nosotros como trabajadores queremos que se reactive la empresa porque hemos cumplido con todos nuestros aportes a las AFP para nuestra jubilación, o podemos acceder a viviendas mediante un plan social”, manifestó.
En caso de que las exigencias de este grupo de trabajadores no sean atendidas por el Poder Ejecutivo, éstos advierten con radicalizar sus medidas de presión convocando a sus esposas e hijos.
PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
Desde hace dos gestiones, el actual Gobierno no encuentra una fórmula exacta para frenar los avasallamientos de parte de los campesinos e indígenas a empresas mineras privadas bajo el argumento de que son únicos propietarios de la tierra, y por lo tanto, sólo ellos tienen derecho a sus riquezas.
El Gobierno reconoce que las tomas de los campesinos e indígenas son totalmente ilegales y que sus argumentos que se basan en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas son mal interpretadas.
“Los derechos de los pueblos indígenas son absolutamente legítimos y es una resolución de a ONU, pero eso no significa que ellos puedan entrar a otras propiedades. Eso no les da derecho de expropiación. No se está entendiendo bien”.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 15 establece que los que tengan recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse. Esto significa que los pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras”, reza el artículo 16.
En la mina Himalaya se explota yacimientos de wólfram y estaño. Este centro está ubicado en el cantón Cohoni de la provincia Murillo del departamento de La Paz, en el sector Illimani. Colinda con Sud Yungas y se encuentra a 160 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Los problemas más recurrentes que afecta a la minería chica y mediana en el país son ocasionados por los avasallamientos a las concesiones privadas por parte de los campesinos o pueblos originarios que se atribuyen para sí la propiedad del subsuelo.
Ese es el caso que se suscitó en los últimos meses del 2007, cuando alrededor de 150 mineros asalariados de la empresa minera Himalaya fueron desalojados por la fuerza por parte de campesinos de la región.
A más de un año de este conflicto, ninguna instancia oficial ni privada puso una solución definitiva al problema por lo que gran parte de sus trabajadores aún se encuentran sin una fuente de trabajo.
Es así, que alrededor de 50 trabajadores de la empresa reanudaron ayer sus movilizaciones de protesta al frente del edificio Palacio de Comunicaciones, en plena avenida Mariscal Santa Cruz de la ciudad de La Paz, donde se encuentran las oficinas del Ministerio de Minería y Metalurgia.
En ese marco, el secretario de conflictos del sindicato de Himalaya, Asencio Choquehuanca Flores, señaló que no se cumplió a cabalidad el compromiso que suscribió el Poder Ejecutivo mediante los ministerios de Minería, Trabajo y de Gobierno.
Por ejemplo, los trabajadores denuncian que la empresa minera Himalaya les suspendió la cancelación de sus sueldos que ascendían a 1.200 bolivianos. “Sin ese sustento con qué vamos a sobrevivir”.
Ese convenio que se firmó en marzo del 2008 sirvió de poco ya que según el representante, hasta la fecha no pudieron retomar sus fuentes de trabajo en la mina.
El relato de Choquehuanca señala que a la fecha los campesinos junto a cooperativistas mineros se encuentran explotando la mina de estaño y wolfram a pesar de la baja en las cotizaciones de los precios de los minerales.
“El interés de los campesinos de la región es el de crear una cooperativa, pero nosotros no estamos de acuerdo”, afirma el representante a tiempo de citar el pedido de los mineros de que se constituya un acuerdo de riesgo compartido entre la empresa minera privada y Comibol para que así ellos puedan retomar sus fuentes de trabajo.
“Nosotros como trabajadores queremos que se reactive la empresa porque hemos cumplido con todos nuestros aportes a las AFP para nuestra jubilación, o podemos acceder a viviendas mediante un plan social”, manifestó.
En caso de que las exigencias de este grupo de trabajadores no sean atendidas por el Poder Ejecutivo, éstos advierten con radicalizar sus medidas de presión convocando a sus esposas e hijos.
PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
Desde hace dos gestiones, el actual Gobierno no encuentra una fórmula exacta para frenar los avasallamientos de parte de los campesinos e indígenas a empresas mineras privadas bajo el argumento de que son únicos propietarios de la tierra, y por lo tanto, sólo ellos tienen derecho a sus riquezas.
El Gobierno reconoce que las tomas de los campesinos e indígenas son totalmente ilegales y que sus argumentos que se basan en resoluciones de la Organización de Naciones Unidas son mal interpretadas.
“Los derechos de los pueblos indígenas son absolutamente legítimos y es una resolución de a ONU, pero eso no significa que ellos puedan entrar a otras propiedades. Eso no les da derecho de expropiación. No se está entendiendo bien”.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 15 establece que los que tengan recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse. Esto significa que los pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras”, reza el artículo 16.
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