La nueva Constitución Política del Estado (CPE) da un año de plazo para que las empresas nacionales y extranjeras que tienen concesiones mineras en todo el territorio nacional firmen nuevos contratos con el Estado.
Freddy Beltrán, director de Minería, explicó a este medio que en el marco de la nueva Carta Magna se respetan los derechos preconstituidos, es decir, “a nadie se le va desconocer que tiene propiedad minera bajo régimen de pertenencia o cuadrículas, todos siguen trabajando dentro de sus concesiones”.
“Lo que sí se da es el plazo de un año para que todos empiecen a migrar a contratos firmados con el Estado”, agregó Beltrán.
La octava disposición transitoria de la nueva CPE aprobada el 25 de enero manda que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales... deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración... en ningún caso supone desconocimiento de los derechos adquiridos”.
En el nuevo ordenamiento, en representación del Estado la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) negociará y firmará los nuevos contratos con los concesionarios mineros.
En el régimen vigente, el sistema de concesiones sólo obliga al pago de una patente para tener el derecho de explotación de los recursos naturales y no se firma ningún contrato. “En los hechos esto significaba la apropiación del territorio nacional y ahora esto cambia”, afirmó la autoridad.
Beltrán indicó que hacia el segundo semestre del 2009, la Comibol ya estará lista para empezar las primeras negociaciones con los concesionarios.
Según el Ministerio de Minería, del total de concesiones mineras otorgadas en todo el país, sólo un 20% está en operaciones. “Las restantes son ociosas, están subalquiladas o como garantías”.
El Director de Minería explicó que en el nuevo régimen habrá diversos tipos de contrato: de arrendamiento, joint venture (riesgo compartido) y trabajo conjunto, entre otros. “Todo dependerá de las particularidades de cada una de las concesiones”.
Por ejemplo —dijo— una posibilidad es que a los mineros chicos se les proponga un régimen de arrendamiento. “Sólo es un ejemplo de que el contrato podría establecer el pago de un canon. Actualmente, el sector cooperativo paga 1% sobre el valor bruto de exportación”.
En el caso de la minería mediana, Beltrán señaló que se estudiarán diferentes tipos de contrato “porque en todos los casos las condiciones son diferentes”. Recordó que, por ejemplo, con la empresa Sinchi Huayra se tiene dos modelos de contrato para las minas Bolívar y en Porco. “En Bolívar toda la infraestructura es del Estado. En Porco toda la inversión es privada. Son factores que se tomarán en cuenta”.
El sector cooperativizado de la minería quedó excluido de la disposición “por su carácter productivo y social”, según el artículo transitorio de la CPE.
Beltrán aseguró que lo más importante para el Ministerio de Minería es que “ninguna operación corra riesgo y en ese marco se negociará contrato por contrato de manera adecuada”.
La memoria 2007 del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas da cuenta que hasta el 2007 pagaron patentes 10.507 concesiones (ver infografía).
Cooperativas son la excepción
La Constitución Política del Estado no incluye a las cooperativas en la disposición para migrar contratos y reconoce sus áreas de trabajo. Según el director de Minería, Freddy Beltrán, el sector ya tiene contratos de arrendamiento con el Estado y son entidades sin fines de lucro.
La octava disposición transitoria de la nueva Constitución señala que “el Estado reconoce y respeta los derechos pre constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social”. Según Beltrán, el grueso del sector cooperativo no tiene concesión, ya tiene contratos de arrendamiento con la Corporación Minera de Bolivia. “Es uno de los elementos por los que no han sido incluidos”. Explicó que el otro factor es que el sector cumple una función económico-social, según rezan los principios del cooperativismo. Agregó que se promoverá una reglamentación específica.
Freddy Beltrán, director de Minería, explicó a este medio que en el marco de la nueva Carta Magna se respetan los derechos preconstituidos, es decir, “a nadie se le va desconocer que tiene propiedad minera bajo régimen de pertenencia o cuadrículas, todos siguen trabajando dentro de sus concesiones”.
“Lo que sí se da es el plazo de un año para que todos empiecen a migrar a contratos firmados con el Estado”, agregó Beltrán.
La octava disposición transitoria de la nueva CPE aprobada el 25 de enero manda que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales... deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración... en ningún caso supone desconocimiento de los derechos adquiridos”.
En el nuevo ordenamiento, en representación del Estado la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) negociará y firmará los nuevos contratos con los concesionarios mineros.
En el régimen vigente, el sistema de concesiones sólo obliga al pago de una patente para tener el derecho de explotación de los recursos naturales y no se firma ningún contrato. “En los hechos esto significaba la apropiación del territorio nacional y ahora esto cambia”, afirmó la autoridad.
Beltrán indicó que hacia el segundo semestre del 2009, la Comibol ya estará lista para empezar las primeras negociaciones con los concesionarios.
Según el Ministerio de Minería, del total de concesiones mineras otorgadas en todo el país, sólo un 20% está en operaciones. “Las restantes son ociosas, están subalquiladas o como garantías”.
El Director de Minería explicó que en el nuevo régimen habrá diversos tipos de contrato: de arrendamiento, joint venture (riesgo compartido) y trabajo conjunto, entre otros. “Todo dependerá de las particularidades de cada una de las concesiones”.
Por ejemplo —dijo— una posibilidad es que a los mineros chicos se les proponga un régimen de arrendamiento. “Sólo es un ejemplo de que el contrato podría establecer el pago de un canon. Actualmente, el sector cooperativo paga 1% sobre el valor bruto de exportación”.
En el caso de la minería mediana, Beltrán señaló que se estudiarán diferentes tipos de contrato “porque en todos los casos las condiciones son diferentes”. Recordó que, por ejemplo, con la empresa Sinchi Huayra se tiene dos modelos de contrato para las minas Bolívar y en Porco. “En Bolívar toda la infraestructura es del Estado. En Porco toda la inversión es privada. Son factores que se tomarán en cuenta”.
El sector cooperativizado de la minería quedó excluido de la disposición “por su carácter productivo y social”, según el artículo transitorio de la CPE.
Beltrán aseguró que lo más importante para el Ministerio de Minería es que “ninguna operación corra riesgo y en ese marco se negociará contrato por contrato de manera adecuada”.
La memoria 2007 del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas da cuenta que hasta el 2007 pagaron patentes 10.507 concesiones (ver infografía).
Cooperativas son la excepción
La Constitución Política del Estado no incluye a las cooperativas en la disposición para migrar contratos y reconoce sus áreas de trabajo. Según el director de Minería, Freddy Beltrán, el sector ya tiene contratos de arrendamiento con el Estado y son entidades sin fines de lucro.
La octava disposición transitoria de la nueva Constitución señala que “el Estado reconoce y respeta los derechos pre constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social”. Según Beltrán, el grueso del sector cooperativo no tiene concesión, ya tiene contratos de arrendamiento con la Corporación Minera de Bolivia. “Es uno de los elementos por los que no han sido incluidos”. Explicó que el otro factor es que el sector cumple una función económico-social, según rezan los principios del cooperativismo. Agregó que se promoverá una reglamentación específica.
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