Al cerrarse el año 2008 se han presentado ciertas variantes en la actividad minera del país, por una parte algunas de las cotizaciones de minerales han bajado algunos puntos, caso del estaño y del zinc ambos considerados estratégicos por su producción en los dos distritos más importantes de la minería nacional, Potosí y Oruro, sin embargo al comenzar el 2009, se registraron ciertas variantes ascendentes en los precios externos.
Como emergencia del descenso vertiginoso del zinc varias cooperativas de la Villa Imperial optaron por suspender sus operaciones, aunque no faltó algún arraigado minero que se resistió a dejar sus “parajes” de operación lo mismo que algunas “palliris” que confían aún en un cambio milagroso que pueda darse en cuestión de precios.
Lo cierto es que el país confronta un ciclo regular de precios bajos, situación explicada por algunos entendidos cuando afirman que los buenos tiempos se dan de dos o tres años seguidos y luego se produce la época de las “vacas flacas” que puede prolongarse de cuatro a cinco años, tal parece que estamos en ese proceso si recordamos que los últimos años fueron excelentes en los precios internacionales, sólo que no supimos aprovechar la coyuntura y ahora estamos comenzando ese tiempo de restricciones que puede desbaratar los planes de producción minera si no se adoptan medidas urgentes para enfrentar la crisis y salvar por lo menos esa minería que -todavía- no ha sido liquidada por los vaivenes de la fuerte presión internacional.
FONDO DE COMPENSACION
Parecería que el anuncio inicial del Gobierno, a través del ministro de minería, de crear un fondo de compensación para mineros del zinc que salvaría las fuentes de empleo aunque de ningún modo sus obligaciones económicas, dado que difícilmente un fondo extraordinario podría compensar las verdaderas necesidades de los trabajadores que ganan sacrificadamente su salario para sostener a sus familiares.
La crisis minera asestó otro duro golpe a los mineros chicos que se han visto constreñidos en sus posibilidades de producción y exportación, lo que significa una dramática situación financiera que debería ser compensada con recursos estatales, mejor si son ofertados en sistemas crediticios “blandos”, entendiendo que los productores mineros tendrán que esperar un determinado tiempo para recuperar sus inversiones y poder honrar sus obligaciones
Se habla de un Banco Minero que fue liquidado políticamente y que por el mismo sistema de aprobación partidaria -con mayoría- podría rehabilitarse bajo ciertas garantías para los operadores que con bastante acierto pugnan por un financiamiento que permitiría a su vez mantener fuentes laborales y la posibilidad de acumular minerales para una futura comercialización cuando llegue el tiempo de las “vacas gordas”.
INCERTIDUMBRE JURIDICA
Si hay algo que conspira contra los buenos propósitos de emprendedores mineros es la vigencia de un estado permanente de conflictos que han puesto en alerta a inversionistas al producirse avasallamientos de propiedades mineras por parte de comunarios “originarios” sin que las autoridades llamadas por Ley restituyan los derechos ciudadanos garantizando la actividad minera.
El caso de la empresa Comicen que explotaba la Mina Santa María, ha sido prácticamente “desocupada” de su propiedad y en una actitud estrictamente política los prefectos de Oruro y Cochabamba se arrogan representatividad que no les corresponde, especialmente en el caso de la autoridad del valle que nada tiene que hacer en un problema estrictamente de la jurisdicción orureña.
Como ese caso hay varios que no han sido resueltos, los industriales mineros han sufrido el despojo de sus bienes, equipos, herramientas, minerales y por supuesto propiedad e infraestructura. Un abierto atentado a la propiedad y las leyes en vigencia, sin amparo de autoridades y leyes.
Si se analiza la situación de la minería se establece que hay dos factores que atentan contra su seguridad productiva, uno externo que corresponde a la variable cotización de los precios y el otro interno que es parte del accionar de comunarios que actúan al amparo de ciertas medidas políticas sobre el tema de la propiedad de las tierras, con errónea interpretación sobre el respeto a las concesiones mineras contenidas en otras disposiciones olvidadas o ignoradas maliciosamente, lo que oscurece el horizonte de la actividad minera.
El más simple análisis de la minería boliviana devela algunas situaciones de perjuicio que en los últimos años se han reflejado en una disminución casi total de nuevas inversiones, las que comenzaron hace cinco años atrás y otras de un periodo próximo no hace mucho que iniciaron su fase productiva, pero grandes emprendimientos en este periodo sólo se han registrado en los países vecinos, caso de Chile, Perú y Argentina donde las reglas de juego son otras, empezando por garantizar las operaciones, favorecer con incentivos y priorizar la rentabilidad de la actividad minera en función del interés nacional.
La minería necesita primero que nada, seguridad jurídica y garantías, luego un plan de incentivos financieros y tributarios para rendir como en otras latitudes.
Como emergencia del descenso vertiginoso del zinc varias cooperativas de la Villa Imperial optaron por suspender sus operaciones, aunque no faltó algún arraigado minero que se resistió a dejar sus “parajes” de operación lo mismo que algunas “palliris” que confían aún en un cambio milagroso que pueda darse en cuestión de precios.
Lo cierto es que el país confronta un ciclo regular de precios bajos, situación explicada por algunos entendidos cuando afirman que los buenos tiempos se dan de dos o tres años seguidos y luego se produce la época de las “vacas flacas” que puede prolongarse de cuatro a cinco años, tal parece que estamos en ese proceso si recordamos que los últimos años fueron excelentes en los precios internacionales, sólo que no supimos aprovechar la coyuntura y ahora estamos comenzando ese tiempo de restricciones que puede desbaratar los planes de producción minera si no se adoptan medidas urgentes para enfrentar la crisis y salvar por lo menos esa minería que -todavía- no ha sido liquidada por los vaivenes de la fuerte presión internacional.
FONDO DE COMPENSACION
Parecería que el anuncio inicial del Gobierno, a través del ministro de minería, de crear un fondo de compensación para mineros del zinc que salvaría las fuentes de empleo aunque de ningún modo sus obligaciones económicas, dado que difícilmente un fondo extraordinario podría compensar las verdaderas necesidades de los trabajadores que ganan sacrificadamente su salario para sostener a sus familiares.
La crisis minera asestó otro duro golpe a los mineros chicos que se han visto constreñidos en sus posibilidades de producción y exportación, lo que significa una dramática situación financiera que debería ser compensada con recursos estatales, mejor si son ofertados en sistemas crediticios “blandos”, entendiendo que los productores mineros tendrán que esperar un determinado tiempo para recuperar sus inversiones y poder honrar sus obligaciones
Se habla de un Banco Minero que fue liquidado políticamente y que por el mismo sistema de aprobación partidaria -con mayoría- podría rehabilitarse bajo ciertas garantías para los operadores que con bastante acierto pugnan por un financiamiento que permitiría a su vez mantener fuentes laborales y la posibilidad de acumular minerales para una futura comercialización cuando llegue el tiempo de las “vacas gordas”.
INCERTIDUMBRE JURIDICA
Si hay algo que conspira contra los buenos propósitos de emprendedores mineros es la vigencia de un estado permanente de conflictos que han puesto en alerta a inversionistas al producirse avasallamientos de propiedades mineras por parte de comunarios “originarios” sin que las autoridades llamadas por Ley restituyan los derechos ciudadanos garantizando la actividad minera.
El caso de la empresa Comicen que explotaba la Mina Santa María, ha sido prácticamente “desocupada” de su propiedad y en una actitud estrictamente política los prefectos de Oruro y Cochabamba se arrogan representatividad que no les corresponde, especialmente en el caso de la autoridad del valle que nada tiene que hacer en un problema estrictamente de la jurisdicción orureña.
Como ese caso hay varios que no han sido resueltos, los industriales mineros han sufrido el despojo de sus bienes, equipos, herramientas, minerales y por supuesto propiedad e infraestructura. Un abierto atentado a la propiedad y las leyes en vigencia, sin amparo de autoridades y leyes.
Si se analiza la situación de la minería se establece que hay dos factores que atentan contra su seguridad productiva, uno externo que corresponde a la variable cotización de los precios y el otro interno que es parte del accionar de comunarios que actúan al amparo de ciertas medidas políticas sobre el tema de la propiedad de las tierras, con errónea interpretación sobre el respeto a las concesiones mineras contenidas en otras disposiciones olvidadas o ignoradas maliciosamente, lo que oscurece el horizonte de la actividad minera.
El más simple análisis de la minería boliviana devela algunas situaciones de perjuicio que en los últimos años se han reflejado en una disminución casi total de nuevas inversiones, las que comenzaron hace cinco años atrás y otras de un periodo próximo no hace mucho que iniciaron su fase productiva, pero grandes emprendimientos en este periodo sólo se han registrado en los países vecinos, caso de Chile, Perú y Argentina donde las reglas de juego son otras, empezando por garantizar las operaciones, favorecer con incentivos y priorizar la rentabilidad de la actividad minera en función del interés nacional.
La minería necesita primero que nada, seguridad jurídica y garantías, luego un plan de incentivos financieros y tributarios para rendir como en otras latitudes.
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