El reclamo repetitivo de los sectores mineros, de manera generalizada, está dirigido a lograr la aplicación de normativas que hagan expeditivo el uso de recursos financieros para encarar proyectos de futura producción, tras el cumplimiento necesario de planes de prospección y exploración de nuevos yacimientos mineros.
Resulta que hace un año y cuatro meses fue promulgada la Ley 535 de Minería y Metalurgia, acto que tuvo lugar en la Gobernación de Oruro y que parecía el inicio de un periodo activo para reencaminar la minería por una senda menos abrupta y más bien abierta a opciones de inversión, modernización de tecnología y seguridades para ordenar el trabajo de los subsectores, pero ajustando sus necesidades a las posibilidades técnicas de operación con normas específicas.
Mientras no se defina el reglamento de la merituada ley, hay cosas que no se pueden hacer en los niveles internos, por ejemplo de las secretarías de Minería de gobernaciones, ya que no funcionan los planes de prospección y exploración, al no estar autorizado el uso de recursos económicos que debe administrar el Sergeomin.
Varios programas de exploración están pendientes y esa demora conspira contra las buenas intenciones de establecer la comprobación de potencialidad de nuevos yacimientos que a su vez necesitan de cierto tiempo para ser "habilitados" en la etapa de su explotación.
Oruro está quedando a la zaga en materia minera, hace años que no se han habilitado nuevos yacimientos pese a que datos especiales, incluso satelitales, dan cuenta de la existencia de buenos yacimientos mineros a los que hay que acceder, previa preparación de terreno y de la inversión de capitales.
La falta de una escala tributaria minera como complemento urgente a la Ley 535, es otra causa negativa que posterga la posibilidad de que algunas empresas externas se animen a invertir en prospección minera, incluyendo tecnología de punta, experiencia y solvencia en el desarrollo de megaproyectos.
En niveles oficiales se habla de "dar impulso a la minería y metalurgia", pero las condiciones que se presentan, no son las más propicias, pues para el caso estatal se trata de fideicomisos que representan un paliativo frente a la crisis de precios, otro tanto sucede con muchas cooperativas, en menor escala con la minería privada "chica" y no pasa nada con la minería mediana privada, que evidentemente no espera apoyo financiero oficial, pero sí "reglas claras de juego" para mejorar o tentar inversiones externas que impulsen la minería departamental.
La minería necesita que se apropien sus normas reglamentariamente y que desde el Ministerio de Finanzas, se dicte cuanto antes la escala que regirá el sistema tributario del sector, seguir postergando la aplicación de estas regulaciones, es mantener "casi" paralizada la minería nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario