La semana pasada se oficializó en la Asamblea Departamental, la aprobación de la Ley 100, cuyo objetivo es impulsar la creación del Comité Departamental Interinstitucional de Políticas Mineras. De manera general, la intención es muy importante, considerando la necesidad de activar de manera práctica la actividad de la minería en un centro reconocido por sus condiciones elementalmente mineras y con la imperiosa necesidad de habilitar nuevos yacimientos, sabiendo que existen muy buenas posibilidades para "reactivar" el sector.
Lo cierto es que durante muchos años, no hay nuevos emprendimientos de envergadura para mencionar avances significativos en materia minera. No se han producido inversiones privadas y una de las últimas que atraviesa actualmente con algunas limitaciones, como Inti Raymi, está en proceso de cierre y no se conoce ningún otro prospecto en ese sector. En el caso de la minería estatal, la política actual es de "salvataje" para evitar el colapso de varios centros y especialmente el caso de Huanuni, el distrito que provee la mayor parte de concentrados a la Metalúrgica de Vinto. La minería "chica", del sector privado se debate en una alarmante crisis financiera, no tiene soporte oficial, pero aún mantiene algunas de sus operaciones. Finalmente las cooperativas mineras, están confiadas en recibir un nuevo "sustento" económico del sector estatal para mantener labores en las organizaciones que persisten, mientras varias han cerrado y sus socios retornan a las labores tradicionales en la agropecuaria.
Por esas condiciones resulta interesante la creación de un Comité Departamental que conformado con delegados interinstitucionales, asuman la responsabilidad de promover, proponer, planificar, coordinar y gestionar el desarrollo de políticas mineras ante el nivel central del Estado, se entiende de manera directa en tarea conjunta con el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), cabeza del sector y responsable de apoyar los proyectos de desarrollo minero y metalúrgico, en este caso en el Departamento de Oruro.
Lo que se expresa en la Ley 100 es el hecho de su convocatoria a los actores productivos de la industria minera, tanto privados, del sector estatal, de las cooperativas pero también de la Universidad Técnica de Oruro y de todas las instituciones representativas del distrito, públicas o privadas, personas jurídicas o naturales, empeñadas en aportar su granito de arena para levantar la minería departamental. Si bien el comité estará presidido por el Gobernador, deberá incluir en su conformación a delegados del sector minero y especialmente a destacados profesionales de la materia minera metalúrgica para asesorar en los lineamientos de funcionalidad operativa de un comité impulsor de tareas mineras. Se ha determinado un tiempo de 60 días para trabajar una reglamentación de la Ley Departamental, esperándose que en ese tiempo se faciliten las condiciones para que la normativa sea realmente un instrumento operativo y no quede sólo en la fase enunciativa, como suele suceder con otras determinaciones.
Este proceso de legislar a favor de los planes de desarrollo, es una muestra de lo que significará más adelante encarar un verdadero proceso de autonomía de gestión, cuidando los intereses departamentales.
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