En medio del conflicto que mantiene la minera argentina Pachón (Glencore) y Los Pelambre (Antofagasta Minerals S.A.) por la instalación de un botadero de estériles, por parte de la firma chilena, en dependencias correspondientes al proyecto El Pachón, localizado en la frontera entre Chile y la provincia de San Juan, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Sanctis afirmó que a pesar de tratarse de una pugna entre privados "había derechos colectivos como el medioambiental y el territorial" que debían "resguardar como Estado", por tal motivo decidieron hacerse parte del juicio.
A respecto el fiscal explicó que el documento de la firma chilena, elaborado por la consultora canadiense Hatch, "pretende suavizar los taludes del botadero a un determinado ángulo para evitar su desmoronamiento, compactar la superficie superior y poner capas de material chancado" dijo en entrevista con diario La Tercera. "Arriba de esa capa instalará una malla de nailon para evitar la filtración al suelo. Es decir, el cerro quedará cubierto de nailon. Encima de esto proponen dos capas de material chancado y compactado. En el perímetro de la escombrera se instalará una red de drenaje de canal donde se depositarán las aguas que escurran producto de la lluvia y del deshielo, las que serán conducidas según su desnivel hacia Argentina o Chile, con una estación de tratamiento de aguas", agregó.
A juicio de Guillermo de Sanctis, "a priori" un plan de cierre ambiental del botadero le parece "bastante razonable, completo y suficiente". Al ser consultado por los pasos que vienen en el corto plazo, el fiscal detalló que si el Juez, el Ministerio de Minería y la Fiscalía de San Juan aprueban el plan elaborado por Los Pelambres, "los trabajos del cierre ambiental comenzarían antes de fin de año.
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